Lo que el país está observando es el estallido social más grande de las dos últimas décadas. Son cerca de dos meses en los que, en 18 regiones, se han movilizado miles de pobladores de diversa condición social: comuneros, nativos, mineros informales, agricultores, comerciantes, transportistas, todos ellos protestando contra el gobierno, el Congreso y la clase política. Ya se ha producido un saldo doloroso de 60 víctimas y centenares de heridos a causa del tenaz enfrentamiento, sin considerar las incontables pérdidas económicas de las empresas grandes y pequeñas en diversas regiones del país. Todo esto no tiene precedentes inmediatos.
¿Cómo entender este movimiento social? ¿Qué explica que tantas poblaciones se hayan plegado a esta protesta? ¿Cómo es posible que durante más de un mes pobladores de diversas regiones se hayan desplazados primero a sus capitales y luego hayan organizado delegaciones para viajar a Lima a sostener su protesta?
Tomando como fecha de inicio el 7 de diciembre, día del fallido autogolpe de Pedro Castillo, hasta el 30 de enero, se puede percibir cómo la intensidad del conflicto ha tenido su pico más alto en la semana del 15 al 21 de diciembre; luego se reanudó con la misma intensidad el 4 de enero, y desde esa fecha la intensidad de la conflictividad se ha mantenido por encima de la línea de 4.0, como podemos apreciar en el siguiente gráfico(1).
Factores que explican la intensidad del conflicto
1. El carácter político del conflicto y la confluencia de diversos movimientos
Hacen mal el gobierno, las bancadas de las derechas y los medios de prensa de considerar las movilizaciones populares de los últimos dos meses como “políticas”, entendiendo que así descalifican a los promotores y a los movilizados que protestan contra el gobierno y el Congreso. Lo que no entienden (o no quieren reconocer) es que precisamente el carácter político de esta lucha lo que ha permitido unificar diversos actores, gremios de casi todas las regiones del Perú, incluyendo Lima, la ciudad capital. Lo que sostiene la movilización es su objetivo político en el cual convergen numerosas fuerzas sociales: renuncia de Dina Boluaerte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones.
La poca comprensión que ha tenido el Ejecutivo respecto del estallido social no le permitió, desde el principio, diseñar una respuesta adecuada para afrontar la crisis política que esta confrontación ha generado. Pensaron que la gente se movilizaba por obras o proyectos sociales. Peor aún, creyeron que el problema eran las demandas insatisfechas, la falta de bonos u otras formas de ayuda social, y echaron andar lo de siempre: feria de promesas de inversiones rápidas, más plata para programas sociales, nuevos proyectos, cuando en verdad el centro del reclamo era obligar al Ejecutivo y al Legislativo a dialogar con ellos, con los lideres regionales las reformas políticas que diera salida a la crisis política.
La lectura que hizo el gobierno de Dina Boluarte y la mayoría de las bancadas del Congreso era que con la vacancia de Castillo se acababa el debate sobre el pedido de Asamblea Constituyente o de un referéndum para reformar la Constitución. Craso error. Con la caida de Castillo (por su incompetencia, incapacidad y descrédito por los graves indicios de corrupción) estas demandas pasaron a ser asumidas por las regiones, tanto por las autoridades políticas regionales como por la propia población del sur andino, básicamente.
La tozudez de las bancadas de la derecha de afirmar que el monopolio de las reformas políticas le corresponde al Legislativo, y la desvinculación de ellos respecto de sus electores, hizo inevitable la ruptura de las representaciones parlamentarias con las poblaciones regionales. Conforme fue incrementando su descrédito, fue aumentando la voluntad de la población de exigir el cierre del Congreso, y la exigencia de que las reformas a la Constitución salgan de una Asamblea Constituyente.
Por otro lado, la incapacidad del gobierno de no entender que esa demanda política, que había crecido en popularidad, debía ser abordada en una nueva relación del Ejecutivo con la población, los llevó a criminalizar la protesta con un doloroso saldo de víctimas, sin precedentes en nuestra historia política. Mientras esta incomprensión persista, el conflicto se extenderá por mucho tiempo, con el riesgo de convertir ingobernable gran parte del territorio nacional.
2. Los nuevos liderazgos y las nuevas representatividades presentes en el conflicto
Lo que más ha sorprendido y generado sospechas de los medios de prensa y del gobierno, ha sido la numerosos participación de delegados de las regiones en las movilizaciones y enfrentamientos contra el gobierno. Como no han querido entender ni menos analizar el sentido de la protesta, han apelado al recurso fácil de acusarlos de ser casi “mercenarios”, financiados con dinero del narcotráfico, el oro ilegal o desde el extranjero. Están a la caza de quienes distribuyen los donativos, quienes organizan el abastecimiento, quiénes los alojan, para detenerlos y encarcelarlos por apoyo al terrorismo.
Desde el punto de vista del análisis del movimiento social, lo que podemos observar es que este gran despliegue de fuerzas en el territorio nacional y la sostenibilidad del conflicto por más de dos meses solo es posible si es que cuenta con el respaldo de las comunidades y organizaciones sociales de las que proceden. Asimismo, la persistencia de las poblaciones movilizadas en campamentos ocasionales, el desplazamiento a pie por carreteras y calles en pleno verano y la terca apuesta por expresar sus sentimientos y esperanzas de cambio solo es posible si es hay una gran voluntad de lucha y una gran capacidad organizativa. Y eso solo se consigue por un lado porque se sienten delegados de sus organizaciones de base y porque tienen objetivos políticos muy claros.
Ni el gobierno, ni las bancadas de la derecha ni la gran prensa entienden el país que habitan, por ello cuando vieron las primeras manifestaciones de las poblaciones aymaras inmediatamente las acusaron de ser manipuladas por Evo Morales, y hablaron de la infiltración de los “ponchos rojos”, de las balas dum dum, del separatismo aymara…
No obstante, lo que vimos es un proceso político sumamente interesante que es vital para entender el surgimiento de nuevas formas de lucha política y de organización social en las comunidades andinas del Perú. En las comunidades campesinas y en las parcialidades del sur andino, particularmente en la zona Aymara, se conoce que la autoridad política es el Teniente Gobernador, funcionario local que es elegido por el pueblo cada año. En las zonas aymaras, el teniente gobernador ha tomado el rol de los Jilakatas, legendarias autoridades que asumían roles políticos y religiosos como la organización de la fiesta patronal(2). Lo interesante de este proceso de cambio es que son los tenientes gobernadores o los jilakatas los que asumen una función política de contrapeso del poder político de los prefectos y del gobernador regional. Hoy es prácticamente imposible que un gobernador regional de Puno tome decisiones sobre una provincia sin hacer una consulta a los tenientes gobernadores respecto de las acciones que piensa realizar(3). Y cuando se trata de decisiones políticas, de movilización de comuneros en defensa de sus derechos o de lucha por sus reivindicaciones, son los tenientes gobernadores y los presidentes de las comunidades los que deciden el sostenimiento de sus representantes o comisionados.
Eso es lo que lo que hemos visto en estos días de intensa lucha, tanto en Puno como en Cusco, Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica: la presencia de delegaciones representando a sus regiones, provincias, comunidades o nacionalidad (como los Chopcas de Huancavelica), quienes vienen con el respaldo económico y solidario de su comunidad o parcialidad, y también de sus asociaciones de residentes de las ciudades particularmente en Lima. No es la primera vez que esto sucede, en las primeras décadas del siglo XX, el Perú se vio sacudido por las rebeliones indígenas en el sur andino. Los articuladores de las movilizaciones eran los denominados “mensajeros andinos”(4) que desempañaron una intensa actividad para visibilizar sus luchas.
Esto explica por qué la movilización en Lima, Cusco, Puno, Arequipa se ha mantenido con una intensidad no vista antes. La lectura que se hace de estas movilizaciones en las ciudades de las regiones y en Lima, también caen una lectura equivocada de alguna prensa y el propio gobierno. No son vándalos, no son terroristas, son representantes de pueblos que han irrumpido en la escena política oficial, para poner en agenda sus demandas, que son, inevitablemente políticas. Podemos decir, sin temor a equivocarme, que son los nuevos actores políticos que deben ser considerados como tales en los debates sobre el destino del país.
3. Un nuevo movimiento social que plantea cambios políticos y nuevos consensos
Quienes esperan que las delegaciones de las regiones se cansen de movilizarse por las ciudades y se retiren sin lograr nada, están profundamente equivocados. Quienes creen que el conflicto puede pasar y que luego de unas semanas, apagada la tensión y la violencia, todo volverá a la normalidad, están muy confundidos con los acontecimientos que están observado.
Es muy normal que en los análisis de los conflictos sociales se confundan los momentos del estallido social con el periodo subsecuente que da inicio a un movimiento social de larga y profunda trascendencia.
Los procesos sociales no son expresión de un día, un mes o un año. Eso lo sabemos por nuestra propia historia. Las diferentes rebeliones indígenas que se produjeron en los andes y la amazonia peruana desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, concluyó con el reconocimiento en la Constitución de 1920 de las comunidades indígenas y del carácter inalienable de sus territorios. El proceso de la reforma agraria se inició con las tomas de tierras a finales de la década del cincuenta y concluyó, precisamente en Puno en 1989, con la reestructuración democrática de las empresas asociativas y de las haciendas. Igual característica tuvo la intensa lucha de los pueblos contra el Estado centralista que estalló a finales de la dictadura militar de Morales Bermúdez, y llevó al reconocimiento en la Constitución de 1979 del proceso de regionalización y la creación de los gobiernos regionales que integraban uno o más departamentos.
El proceso que se inicia ahora es semejante. Aunque, seamos justos, la actual crisis política no la ha generado la explosión de los movimientos sociales de las regiones. Tampoco el fallido golpe de Castillo y su vacancia por el Congreso. Esta crisis política tiene una larga data; su causa mediata lo podemos encontrar en los entrampamientos y vacíos que tiene la Constitución fujimorista, fuente de todas las inestabilidades políticas de las dos últimas décadas. La Constitución de 1993, manejada por la bancada fujimorista es la madre de todas las crisis, incluyendo la actual. Han sido las sucesivas bancadas de Fuerza Popular y aquellas de otros partidos de derecha, las que establecieron una relación tóxica entre el Ejecutivo y el Legislativo, frente a los cuales su propia Constitución no tiene vías de solución. Peor aún, cuando el fujimorismo usó su mayoría para reformar su propia Constitución no lo hizo con el objetivo de abrir la participación democrática de los pueblos originarios y de las regiones, sino para cerrarla . Pues bien, eso mismo está ahora en el centro del conflicto actual, es la nueva expresión de la lucha los pueblos de las regiones contra el centralismo. Esta crisis, por tanto, no lo resuelve este Congreso ni este gobierno; tampoco existen mecanismos institucionales en el marco de la Constitución actual para resolver la esencia de estas demandas.
Aunque el gobierno intentó llamar al diálogo, no pudo ni siquiera acercarse a los movilizados, ya que los había terruqueado a todos. ¿Dónde están sus líderes, dónde sus organizaciones? Se pregunta el gobierno y los medios de derecha. Craso error. No hay líderes, hay autoridades llámese jilakatas en las comunidades aymaras, tenientes gobernadores, presidentes comunales en las zonas andinas y costeñas. No hay organizaciones partidarias, ni gremiales; hay pueblos organizados, hay comunidades, alcaldes distritales, gobernadores. Esos son los actores políticos institucionales con los cuales se debe dialogar.
Es obvio que el diálogo que se debe plantear no es regresar a la situación anterior que es la que precisamente generó el conflicto. Se trata de establecer una nueva relación de igualdad y de equivalencia entre el poder central y las regiones. Recordemos de pasada, que Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, no solo disolvió el Congreso, disolvió también el proceso de regionalización que se había iniciado unos años antes. Pues bien, eso es lo que está nuevamente en el centro del conflicto, y por esa ruta hay que buscar las soluciones a esta larga y compleja crisis.
¿Qué quedará de esta intensa lucha de los pueblos andinos y de las regiones? Sin duda un tiempo nuevo signado por la insurgencia popular y nuevas esperanzas de que se construyan relaciones de poder equilibradas entre el centralismo y las regiones, con nuevos actores políticos y nuevos liderazgos.
(1) Hemos construido un indicador de conflictividad en el que se registran los siguientes indicadores: movilizaciones producidas en las regiones; acciones de toma de aeropuertos; bloqueos de vías y número de víctimas producidos en los enfrentamientos, en donde cada uno de estos indicadores se le asigna un valor en una escala de 0 a 8.
(2) “En la cultura aimara, la noción de autoridad tiene connotaciones rituales y religiosas bastante más arraigadas que entre las tradiciones occidentales; ello explica que, además de ser una autoridad que representa a la comunidad dentro de la estructura de la Gobernación que es parte del Ministerio del Interior, el teniente gobernador tiene la función de propiciar los ritos anuales en agradecimiento a la pachamama, así como también de organizar algunas celebraciones importantes en la comunidad. En ese sentido, también tendría una función dual”. Ministerio de Cultura: “Aimaras. Comunidades rurales en Puno”. Primera edición, Lima, noviembre 2014.
(3) El Gobierno Regional de Puno, el 27 de diciembre de 2022, ha constituido el “Consejo de Autoridades Originarias de Mallkus, Jilaqatas y Mamat’allas de la Región Puno, por mandato del “III Congreso de Autoridades Originarias de Mallkus y Jilaqatas de la Región Puno”l . El rol que cumplen estas autoridades tradicionales ya está integrada en la normativa tanto del MINCUL como del GR Puno: “Los tenientes gobernadores ocupan el puesto más alto de sus centros poblados o comunidades y son llamados awki (padre, viejo, anciano) en el caso de varones y tayka (madre, vieja, anciana) en el caso de mujeres. Cabe precisar que estas figuras de autoridad tradicional también eran conocidas a nivel local como mallku jilacatas en el caso de los varones y mama tallas en el caso de las mujeres.”
(4) Para conocer la participación de los mensajeros andinos, recomiendo leer el libro: JOSE LUIS RÉNIQUE: “LA NACIÓN RADICAL. De la utopía indigenista a la tragedia senderista”. La Siniestra ensayos. Lima, junio 2022. 498 páginas.
