La abogada Yuri Martínez Ochoa, informó a Ser Región que los avances de las investigaciones sobre la masacre de Huamanga ocurrida el 15 de diciembre del 2022, tienen un avance gradual, a pesar de que los procesos hayan sido trasladado a la ciudad de Lima para ser investigados por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).
“Hasta la fecha se han recabado muchos elementos probatorios, las visualizaciones de video, las declaraciones tanto de denunciados como de testigos viene acreditando estas responsabilidades de las altas esferas del poder”, declaró.
Explicó, además, que existen dos investigaciones frente a los hechos, uno que se sigue en la ciudad de Lima y otras que se siguen en cada región. En relación a Ayacucho, mencionó, que se tiene la carpeta fiscal N°67-2022, la cual ya tiene un avance en la toma de declaraciones de investigados y agraviados, asimismo, informó que se recogieron las pruebas balísticas y documentaciones; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables directos.
“Se ha tenido bastante dificultad en la recabación de documentos por cuanto el Ejército no ha entregado en su oportunidad mucha documentación bajo el tema de secreto, de que son informes de inteligencia y planes de operaciones, sin embargo, se está en camino de ello. Yo creo que pronto se va a tener la identificación de los responsables directos como mediatos”, precisó Martínez.
A su vez, también mencionó que la muerte de las 10 víctimas de la represión en Ayacucho y otras 39 a nivel nacional significaron “parte de una política estatal desde las altas esferas del poder” que “no ha sido un tema aislado, sino un patrón de ejecuciones extrajudiciales con la finalidad de aplacar las protestas” y estas “cuentan con autores mediatos que viene desde la presidenta de la república, sus ministros, jefes de cada región, ya sea militares o policías”, expuso.
Asimismo, dijo que las declaraciones públicas hechas por la mandataria Dina Boluarte son acontecimientos de gran relevancia dentro de las investigaciones, ya que presentan una serie de contradicciones.
“Me parece que en sus declaraciones públicas le ganan algunos granos de sinceridad. En el proceso puede decir que ella no tiene conocimiento y que ella pidió la defensa de los derechos humanos; sin embargo, sus otras declaraciones y, sobre todo, sus acciones son instrumentos públicos que la contradicen. Ahí están las pruebas para poder recabarlas y armarlas y hacer un caso un poco más sólido”, puntualizó Yuri Martínez, abogada por los derechos humanos de Ayacucho.
Finalmente, Martínez refiere que dentro de las pruebas contundentes se encuentran los videos que revelan graves violaciones a los derechos humanos, significando el atentado contra la vida de la población civil desarmada, ya que algunas víctimas murieron sin haber participado de las protestas, tal es el caso de Edgar Prado Arango de 51 años, quien recibió un disparo mientras auxiliaba a uno de los heridos.
Fuente: Noticias Ser. Pe
