Está a la vista, destruirán el equipo anticorrupción: José Domingo Pérez; “Patricia Benavides autorizó desplazamiento del fiscal que suspendió a Rafael Vela”

La suspensión del coordinador del Equipo Especial Lava Jato y especializado en Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, realizada el último viernes, ha lanzado las alertas respecto a la independencia fiscal en el Ministerio Público. La decisión final de la Autoridad Nacional de Control (ANC) ha generado que miembros de la institución, como José Domingo Pérez, señalaran una serie de cuestionamientos respecto a la forma en la que se ha actuado en el caso de Vela Barba.

En una entrevista para RPP, Domingo Pérez no dudó en pronunciarse sobre la decisión de la ANC, que se encuentra comandada por el cuestionado Antonio Fernández Jerí, y la resolución que dispone la suspensión de 8 meses y 15 días en contra de Rafael Vela. En sus declaraciones, ni las medidas cautelares emitidas por la CIDH ni la constante vigilancia del proceso evitaron que la institución removiera a Vela de su cargo, en una disposición de la que la misma fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaba al tanto.

Patricia Benavides estaba al tanto, y dejó que pasara

Según el fiscal José Domingo Pérez, su persona había “enviado varios informes a la señora fiscal de la Nación, señalando que somos víctimas de una campaña de desacreditación, deslegitimación, campañas en las cuales, a través de medias verdades o falsedades, se quiere descalificar la labor que realizamos”.

Patricia Benavides oficializó la remoción de Rafael Vela Barba del Equipo Especial Lava Jato. Su reemplazo es criticado por falta de idoneidad. Composición Infobae.

“Si usted me dice si la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene un conocimiento, respecto a lo que está sucediendo, sí tiene un conocimiento; porque la sanción que le ponen a Rafael Vela, la de los 8 meses, fue impuesta por un fiscal que no tenía ni un día en el cargo, y todo ese desplazamiento de un fiscal hacia esta ANC fue con autorización de la señora fiscal de la Nación”, denunció José Domingo Pérez.

Para el fiscal del equipo Lava Jato, ahora nadie se encuentra a salvo de un proceso sancionatorio por temas mínimos. Según lo detallado ante el periodista Fernando Vivas, en la actualidad él se estaría sometiendo a un total de 10 procesos sancionatorios por hablar ante la prensa. “Contando el que seguramente me va a querer iniciar después de esta entrevista, yo creo que vamos ya por la decena de procesos”, aseveró.

Incluso, anunció que las medidas sancionatorias podían abarcas motivos tan irrisorios como el detallado de un correo. “Los más avanzados son aquellos en los cuales se me ha comprendido con el fiscal Rafael Vela ante su propia instancia de la jefatura Nacional de Control, por declarar ante la prensa. Tengo un proceso incluso por no haber consignado mi correo electrónico institucional. A ese nivel hemos llegado”, cuestionó el fiscal.

Patricia Benavides responde a las acusaciones de José Domingo Pérez | Composición Infobae (Clara Giraldo)

Este escenario ha sido calificado por Domingo Pérez como “la crónica de un abuso anunciado, o una destitución encubierta”, pues para él, lo dictado contra Vela, es “una sanción desproporcionada de 8 meses que prácticamente nos está retirando de nuestra función”.

Pide a la JNJ que tome acciones ante los abusos de Fernández Jerí

Ante la inacción por parte de Patricia Benavides, José Domingo Pérez ha solicitado de manera pública a la Junta Nacional de Justicia que tome cartas en el asunto, a fin de evitar que el titular de la ANC, Antonio Fernández Jerí, siga con los procesos que pesan contra su persona y otros fiscales como Marita Barreto.

“Yo invoco a la Junta Nacional de Justicia, está dentro de su atribución, que pueda dictar alguna medida de abstención en el cargo a Antonio Fernández Jerí. Ante usted le dijo que cometió unas irregularidades que no son propias de la función. A usted le dijo que ha ido al Congreso de la República a gestionar con congresistas de la República”, aseveró el fiscal, quien no dudó en cuestionar la legitimidad del titular de la ANC.