Los ataques al juez supremo César San Martín Castro buscan restar legitimidad a la próxima definición que debe realizar la Corte Suprema sobre qué delito configuran los aportes irregulares o ilícitos de dinero sucio a las campañas de los partidos políticos.

Una definición que está pendiente desde el 2017, cuando el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato decidió atribuir delito de lavado de activos a los aportes que la constructora Odebrecht realizó a los partidos, en las elecciones de los años 2006 y 2011.

Los abogados defensores rechazaron esa calificación; sin embargo, la Fiscalía logró posponer ese debate para la etapa del juicio público. Hoy, esa discusión ya no se puede posponer. La época de los juicios públicos ha comenzado.

Precedente. Caso Ollanta Humala también definirá lineamientos para el caso Keiko Fujimori en lo que respecta a investigaciones en su contra por lavado de activos. Foto: composición/difusión

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Así ante un recurso de casación presentado por los abogados del expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia y el Partido Nacionalista Peruano, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había programado una audiencia, este 2 de noviembre, para debatir este tema, con participación de la Fiscalía, la Procuraduría y los abogados defensores.

No obstante, el Poder Judicial informó que el último viernes 28 de octubre se le comunicó a las partes que se reprogramaría el análisis de la casación, pero no dijeron para cuándo. ¿El motivo? Una “licencia del magistrado”, aunque todavía no se sabe de quién se trata.

Dicho tribunal es presidido por César San Martín e integrado por los jueces supremos Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carbajal Chávez.

Al ataque

El Equipo Especial, que encabeza el fiscal superior Rafael Vela Barba y la procuradora ad hoc Silva Carrión, se opone a que San Martín vea este tema. Otro juez podría resolver igual, pero el prestigio de San Martín le da más peso a su definición. Además, lo que resuelva sobre Humala también favorece a Keiko Fujimori.

San Martín es garantía de una decisión independiente. Justo por eso a la Fiscalía y la Procuraduría les preocupa que la Corte Suprema resuelva que los aportes irregulares de campaña no se pueden juzgar como delito de lavado de activos.

Así, el 25 de octubre último, Vela Barba criticó que César San Martín no se aparte de intervenir en un proceso que involucra a los Humala-Heredia como lo había hecho antes, dado que su nombre aparecía en las agendas de Nadine.

En agosto, la procuradora Silva Carrión recusó a San Martín, pero la Corte Suprema rechazó al recurso y ratificó al magistrado. El 2017 y 2018 luego que se difundieran las agendas, San Martín se apartó para dejar en claro que no tenía ningún interés particular este caso. Pero cinco años después considera que ya no hay motivo alguno.

Audio

La Fiscalía y la Procuraduría no están conformes. Dado que mencionar las agendas ya no sirve, el fin de semana se difundió un supuesto “audio inédito” de una conversación que tienen Nadine Heredia y Ollanta Humala en mayo del 2011.

En el audio, que dura un par de segundos, Nadine le recuerda a Humala que le han programado una reunión con San Martín.

El 2011, el presidente del Poder Judicial era San Martín, quien luego de la primera vuelta electoral invitó a los dos candidatos, Humala y Keiko Fujimori, a una reunión en Palacio de Justicia para tratar temas de la agenda judicial.

Humala aceptó de inmediato. La reunión se realizó el 6 de mayo del 2011. Es la reunión a la que se refiere Nadine. Keiko Fujimori, que aún tenía fresca la sentencia a su padre, demoró en responder y recién se reunió con César San Martín el 23 de mayo.

Eso no es todo. El 2017, la defensa de Humala difundió este mismo audio para denunciar una indebida interceptación telefónica en la campaña electoral del 2011. El audio no es nuevo y no revela nada ilícito.

Objetivo

¿Qué se busca? La Fiscalía ya no puede evitar la intervención de San Martín en la casación. Lo que ahora buscaría es poner sombras sobre la decisión que tome la Corte Suprema.

En caso de un fallo contra sus interés, que archivaría todos los casos por lavado de activos a campañas políticas, los fiscales podrían pedir a los jueces de menor instancia que se aparten de esa “jurisprudencia sombría” y que mantengan abiertos los juicios por lavado de activos. Su último recurso, antes de cerrar la puerta.

Las presiones a los jueces están proscritas por la ley

A través de un comunicado público, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia recordó que en estado constitucional, están proscritas toda clase de intervenciones, presiones y superposiciones, internas y externas, por lo que corresponde que cualquier cuestionamiento se haga valer al interior de los procesos.

Además, señala que los presuntos actos de intimidación y divulgación, denunciados por la Corte Suprema en los procesos que realiza la Junta Nacional de Justicia (JNJ), demuestra que la ratificación “constituye un mecanismo que afecta gravemente la estabilidad e inamovilidad de los jueces en el ejercicio de sus labor y garantía de independencia”.

Por lo cual, piden a la JNJ cumpla con adecuar sus procedimientos y normatividad a lo resuelto por la Corte IDH para no generar inestabilidad y que se afecte el debido proceso.

Fuente: La República