El exprocurador habla sobre los procesos disciplinarios que están llevando los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez en el Ministerio Público. Maldonado advierte que hay una persecusión hacia ambos.
El exprocurador Antonio Maldonado se pronuncia sobre los asuntos de los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes vienen enfrentando procesos disciplinarios en el propio Ministerio Público a través de su organismo de control. Advierte que con Patricia Benavides el MP ha perdido independencia.
—Los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, enfrentan procesos disciplinarios en el Ministerio Público. ¿Es una persecución?
—Hay desde el inicio de la gestión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, un comportamiento institucional, de la autoridad disciplinaria interna, que remite a una persecución en contra de los fiscales. Son investigaciones sin fundamento objetivo ni razonable ni legal, especialmente cuando se contrastan los estándares en directrices básicas de las funciones de los fiscales, adoptadas por la Asamblea General de la ONU en 1990. Se trata de investigaciones sin fundamento objetivo razonable alguno y que pueden ser interpretadas como una persecución institucional y un abuso de poder.
—En el caso de Vela se cuestiona que haya criticado públicamente una decisión judicial. ¿Hay sustento?
—Desde la instauración de los nuevos ordenamientos procesales modernos, que contienen el proceso acusatorio, el cual puede variar entre países, los principios básicos de actuación de los fiscales son los básicos en cualquier democracia
—¿Cuáles son?—Transparencia, rendición de cuentas a las víctimas, debida diligencia, respeto al debido proceso, a la objetividad de los hechos y al juicio justo. En ese marco, los fiscales ejercen la función penal pública, la que debe hacerse con rigor, energía, con pasión. Recordemos que el Ministerio Público (MP) defiende a la sociedad. Los casos del fiscal Vela y Pérez son de alta corrupción política, de delincuencia del poder, que afectan a toda la sociedad peruana.
—Es decir, ¿los fiscales que ven estos casos graves tienen el deber de informarle a la sociedad cómo avanzan?
—Así es, correcto. Están en la obligación de explicar. Porque del otro lado tienes a procesados o investigados con un alto acceso a los medios de prensa y a estudios de abogados poderosísimos, que nunca tuvieron limitaciones ni de sus propios estudios, menos de sus clientes y de los colegios de abogados a los que están adscritos. No hay ningún abogado sancionado por mala práctica o por abuso en el ejercicio de la abogacía. Pueden usar estrategias, incluso, contrarias a los principios procesales penales.
—¿Entre ellas?
—Demorar los procesos lo que más puedan, alargarlos indebidamente e invocar la prescripción. De hecho, la causa de la demora de los procesos no está en los fiscales del caso Lava Jato, sino en los abogados y en el Poder Judicial (PJ). Antes en el PJ se organizó un subsistema especial de justicia con jueces anticorrupción creado por Susana Castañeda, pero eso ya no existe. Ya no hay más jueces dedicados a grandes casos de corrupción. Estos son vistos por otros jueces que tienen sus propias cargas procesales y que tienen que hacer malabares para cumplir con todo. Lo que le quiero decir es que los fiscales del caso Lava Jato no están acompañados por una institucionalidad que vaya de acuerdo con la alta demanda de la sociedad, que espera resultados.
