En las últimas semanas, un nuevo escándalo ha sacudido los cimientos del sistema judicial peruano. Los audios de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, quien ocupaba el cargo de fiscal superior de lavado de activos, han revelado una trama delictiva de corrupción en la que figuran importantes nombres vinculados a la política y la justicia. Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, personajes recurrentes en los titulares sobre investigaciones de lavado de dinero, aparecen nuevamente involucrados en un entramado que incluye la venta de exámenes para ascensos en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), así como maniobras para archivar investigaciones de alto perfil.
Lo que estos audios dejan en evidencia no solo es una red de corrupción profundamente enraizada en el aparato de justicia, sino también el alcance del poder que algunos personajes parecen tener dentro de las instituciones públicas. En las grabaciones, Peralta es captada en reuniones privadas donde se planifican favores ilegales. En una conversación particularmente alarmante, la fiscal superior sugiere a una fiscal provisional que “ayude” a Keiko Fujimori y al excongresista Joaquín Ramírez, a cambio de un impulso en su ascenso dentro de la fiscalía. Esto plantea una inquietante pregunta: ¿qué clase de influencia posee Keiko Fujimori para poder intervenir en el destino profesional de fiscales?
El escándalo toma una dimensión aún más oscura cuando se revelan detalles del allanamiento a la oficina de Elizabeth Peralta, realizado como parte de la investigación en curso por el caso Andrés Hurtado, también conocido como “Chibolín”. Durante este allanamiento, las autoridades encontraron un USB que contenía varios audios comprometedores. En ellos se mencionan negociaciones sobre la venta de exámenes para ascensos en el CNM, una institución que ya ha sido desmantelada por estar infestada de corrupción bajo la dirección de figuras como Pedro Chávarry, César Hinostroza y Walter Ríos, todos ellos relacionados con la organización criminal conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Uno de los audios, identificado con el archivo 20161002_230225, expone una conversación en la que un interlocutor confiesa haber vendido un examen de ascenso a fiscales superiores. “Mira, te voy a decir la verdad. Yo le vendo el examen a una tal Judith y parece que ella le vende al pata”, se escucha en la grabación. Este es solo uno de los varios ejemplos que evidencian cómo los procesos de selección para altos cargos judiciales estaban corrompidos por la venta de exámenes.
Otro audio revela un intento de manipulación directa de la justicia: en él, se escucha a Elizabeth Peralta discutiendo con un hombre sobre cómo archivar de manera expedita la investigación de lavado de activos contra Joaquín Ramírez. En este diálogo, Peralta asegura que hablará con la fiscal provisional Tania Liñán, quien tenía el caso de Ramírez en sus manos, para que lo archive rápidamente. Además, Peralta se compromete a pedirle a Liñán que ayude también a Keiko Fujimori, añadiendo que Fujimori correspondería la ayuda impulsando el ascenso de la fiscal.
Estos audios han sido transcritos por el personal de la fiscalía y ahora forman parte del pedido de prisión preventiva contra Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado y Augusto Javier Miu Lei, un empresario vinculado al caso. El material revelado no solo confirma la existencia de una red de corrupción dentro del sistema judicial, sino que también pone en evidencia cómo personajes influyentes pueden intervenir para evitar sanciones y asegurar ascensos.
Este nuevo capítulo en la historia de corrupción que asola a las instituciones peruanas plantea graves preguntas sobre la integridad del sistema judicial. Mientras los Cuellos Blancos siguen presentes en las sombras, el público observa con desconcierto cómo la corrupción parece mantenerse invulnerable ante las medidas que se han tomado en los últimos años para limpiar la casa. ¿Cuántas más de estas redes quedan por descubrir? ¿Hasta dónde llegará el poder de ciertos grupos para influir en las decisiones de la justicia?
El caso recién comienza a destaparse, pero el daño a la confianza en el sistema judicial ya es inmenso. Las consecuencias de estas revelaciones aún están por verse, y la ciudadanía espera respuestas contundentes.
Fuente: La Reforma
