El otro plan. La denuncia constitucional contra el presidente del JNE por presunta negociación incompatible ha avanzado de manera exprés en el Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside María Acuña (APP), ha recibido el informe de determinación de hechos que elaboró el fujimorista Héctor Ventura con miras a acusar al magistrado Salas Arenas.
Diego Quispe Sánchez
El viernes 18 de octubre, antes que sea rechazada la demanda competencial del Congreso, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), dio cuenta del ingreso del informe de determinación de hechos sobre una denuncia constitucional que pesa contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por presunta negociación incompatible.
Se trata de un documento elaborado por el delegado de este caso, el parlamentario de Fuerza Popular (FP), Héctor Ventura. El magistrado Salas Arenas le solicitó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que el fujimorista se inhiba debido a que en diversas oportunidades ha tenido comentarios en contra de la permanencia del titular del JNE, pero no aceptan su pedido.
El fujimorista Ventura está próximo a presentar su informe final para acusar a la máxima autoridad electoral del país.
FUERZA POPULAR. Fujimorista Héctor Ventura es el delegado
Después del documento de determinación de hechos, viene la etapa de audiencia. El magistrado Salas Arenas será citado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se defienda. Luego el fujimorista Ventura presentará el informe final que será votado en la comisión.
De recibir luz verde, el dictamen será visto en la Comisión Permanente y, por último, en el Pleno.
El reglamento del Congreso le da 15 días hábiles al congresista delegado para presentar su informe final. El caso está en manos del fujimorista Ventura desde el 23 de setiembre. Los plazos apuntan a que la acusación estaría lista antes que el presidente del JNE acabe su mandato el 21 de noviembre.
Acusación exprés
A comparación de otros procesos de antejuicio político, que suelen demorar años por la lentitud del Congreso, el caso de Salas Arenas ha avanzado de manera exprés.
El 25 de marzo el exfiscal de la Nación, Juan Villena, presentó la denuncia constitucional contra el magistrado por presunta negociación incompatible, el 19 de abril fue admitida a trámite y el 4 de julio la Comisión Permanente fijo el plazo para investigarlo.
En agosto no fue abordada la investigación debido a que el Congreso estaba en el periodo de distribución de comisiones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cambió de presidenta. Acuña reemplazó a su colega de APP, Lady Camones, e instaló la comisión el 10 de setiembre. Dos semanas después eligió al fujimorista Ventura como ponente contra Salas Arenas.
APP. María Acuña, presidenta de la Subcomisión
La denuncia constitucional del exfiscal de la Nación toma en cuenta la versión del exjuez Walter Ríos, vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ríos dijo haberse sentido presionado por Salas Arenas en una recomendación laboral de un exasesor para la Corte del Callao. La controversia llegó a ser vista en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en 2021. El presidente del JNE manifestó en sus descargos que solo se trató de una sugerencia y que la acción de Ríos Montalvo busca cuestionar su actuación como juez supremo.
Salas Arenas presidió la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que amplió a 36 meses la prisión preventiva contra Ríos Montalvo en agosto del 2018.
La JNJ archivó el expediente contra Salas Arenas y lo ratificó como juez supremo. En el Congreso, sin embargo, no toman en cuenta esta parte de la historia.
Cuando Salas Arenas acabe su mandato, la Corte Suprema deberá elegir a su reemplazo. El presidente del JNE no tiene intenciones de continuar un periodo más, según fuentes de La República. Eso no entienden en los Pasos Perdidos.
Su sucesor asumirá las riendas del máximo tribunal electoral, pero es incierto si será así cuando se desarrollen las elecciones generales.
Un proyecto de ley del fujimorismo pretende modificar la Constitución para que el magistrado de la Corte Suprema no sea, de manera automática, el presidente del JNE. La propuesta es que sea elegido por el pleno del tribunal electoral.
Así, el titular del JNE podría ser el representante del Ministerio Público, del Colegio de Abogados o de las universidades. La propuesta está en la Comisión de Constitución.
Otra delegada y la evasión del artículo 99
El presidente del JNE también afronta una denuncia constitucional que interpuso la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, por presunta colusión. Amuruz cuestiona la contratación del politólogo Fernando Tuesta en el JNE.
La semana pasada la SAC eligió de delegada a la parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP), Nelcy Heidinguer, en reemplazo de su colega de Renovación Popular, Diego Bazán.
Las autoridades electorales no están contempladas en el artículo 99 de la Constitución como pasibles de acusación constitucional. Pero el Congreso insiste.
Fuente: La República
