Plan en marcha. La Subcomisión de Acusaciones vota hoy el informe de la denuncia por traición a la patria contra el presidente. Los aliados del fujimorismo son mayoría, pero aún no cantan victoria porque la izquierda y el oficialismo tienen diez votos. Necesitan de APP, Somos Perú e Integridad y Desarrollo.
Al cierre de esta nota, había 11 votos a favor del informe final que recomienda inhabilitar cinco años de la función pública al presidente Pedro Castillo. El ponente de este caso, Diego Bazán, de Avanza País, lo acusa de haber cometido el delito de traición a la patria y haber violado la Constitución al declarar en CNN sobre la posibilidad de una salida al mar para Bolivia.
Cinco congresistas de Fuerza Popular, dos de Acción Popular, dos de Avanza País y dos de Renovación Popular votarían, según las fuentes consultadas por La República, para dar luz verde al expediente de Bazán. Mientras que en la izquierda y el oficialismo hay 10 votos, de Perú Libre, Cambio Democrático, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y Acción Popular.
La mayoría de congresistas y fuentes consultadas han preferido declarar de manera anónima, debido a que hacer pública su postura antes de la votación significa adelantar opinión y poner en riesgo el proceso.
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Trascendió que Luis Aragón, de Acción Popular, iba a votar a favor. Aragón, si bien no pertenece al grupo de “Los Niños”, tampoco comulga con la facción de María del Carmen Alva, como sí lo hacen sus correligionarios de AP que integran la Subcomisión, Wilson Soto y José Arriola, quienes sí apoyan el dictamen de Bazán. En una entrevista a Exitosa, Aragón dijo que no está de acuerdo con la denuncia. Pero esa afirmación fue antes de que se sumara oficialmente a la Subcomisión.
Votos que pueden definir
Los votos determinantes esta vez serán de Hitler Saavedra, de Somos Perú; Susel Paredes, de Integridad y Desarrollo; y Lady Camones y Rosío Torres, de Alianza para el Progreso.
En caso de Saavedra, es uno de los congresistas de Somos Perú que ha firmado la moción de vacancia presidencial, pero eso no significa que apoye inhabilitar al jefe del Estado mediante el juicio político.
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Del mismo, Susel Paredes se ha mostrado a favor de vacar a Castillo, pero, al cierre de esta nota, no precisó cómo votará en el expediente de Bazán.
La otra incógnita es APP. La presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, no ha adelantado opinión. Sin embargo, recordemos que los audios con César Acuña de hace dos meses destaparon que está a favor de destituir al presidente.
En una entrevista con La República, Camones manifestó, además, que evaluará sumarse a la moción de Málaga luego de presentar el informe de calificación de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Castillo, por organización criminal.
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Camones, asimismo, calcula que la inhabilitación del presidente será votada antes de que termine la legislatura. Es decir, antes de que acabe este año.
Su colega Rosío Torres, en tanto, es sindicada por la Fiscalía de ser una de las congresistas captadas por este Gobierno. A eso se suma que su permanencia es incierta en la Subcomisión de Acusaciones.
Los procesados
Según la información remitida por la Corte Suprema al Congreso, Torres tiene un proceso pendiente por lavado de activos. La congresista respondió a este diario que ese caso fue archivado en 2017 y que no se retirará de la Subcomisión.
El artículo 20 del reglamento del Parlamento señala que los parlamentarios procesados no pueden integrar la SAC y tampoco la Comisión de Ética.
El presidente del Congreso, José Williams, le envió, por eso, una carta al vocero de APP, Alejandro Soto, advirtiéndole que si su bancada no retira a Torres, será la Comisión Permanente quien lo haga. APP, hasta el momento, no ha respondido a Williams.
Mientras tanto, el voto de Torres, más aún si es a favor del informe de Bazán, podría complicar el proceso.
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El abogado Jorge Zúñiga Escalante, quien fue asesor de la Comisión de Constitución, asegura que si los parlamentarios con pendientes judiciales votan en el caso Castillo, existe el riesgo de que la defensa del presidente presente un amparo y alegue que el proceso está viciado.
Pero el caso de Torres no es el único. Si bien las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular ya cambiaron a Waldemar Cerrón y Martha Moyano por sus procesos aún sin resolver con la justicia, las bancadas de Podemos Perú y Avanza País aún no lo hacen.
Podemos notificó a la Subcomisión para hacer el cambio de Óscar Zea, por Heydi Juárez. El problema es que Juárez no integra la Comisión Permanente. Mientras no sea acreditada no podrá sumarse a la comisión. Sea Zea o Juárez quien vote, ambos están a favor del Gobierno.
En Avanza País, la legisladora Norma Yarrow también alega que su proceso fue archivado. Con Torres y Yarrow deberá ser la Corte Suprema la que confirme si las congresistas están limpias en su sistema. Pero si votan este viernes, la Subcomisión se expone a los contragolpes de los abogados del presidente.
El marcador, por ahora, se encuentra 11 legisladores a favor y 10 en contra. En un eventual empate, es Camones quien tiene el voto dirimente. La inclinación de la balanza depende de cómo voten APP, Somos Perú e Integridad y Desarrollo.
De aprobarse en la SAC, la Comisión Permanente vuelve a votar el caso. De recibir la venia de esta instancia, será el Pleno quien tenga la última palabra. Ahí el presidente deberá ir con su abogado a defenderse. La inhabilitación requiere de 66 votos, restando a los miembros de la Permanente. Hasta ahora, los congresistas que firmaron la moción de vacancia de Málaga son 66. Una coincidencia que evidencia que la oposición cuenta con los números a su favor.
La actuación del congreso es vigilada por la OEA
Enfoque. Pedro Grández, constitucionalista
Me parece el peor de los muchos casos que se le imputa al presidente. Y con la mirada de la Organización de Estados Americanos (OEA) es escandaloso. Uno puede decir que tiene la intención de traición a la patria, pero no puede ser un delito. Como delito supone un acto, no una opinión, no con suposiciones.
Ahí hay un problema. Para la jurisprudencia, este tipo de denuncias son limitativas de derechos, requieren de un juez competente y de una condena penal firme, dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La inhabilitación de un funcionario, en este caso, en el que uno está ejerciendo el derecho convencional, a veces olvida que el presidente llegó al cargo por sufragio universal y que está ejerciendo el derecho a sufragio pasivo y el derecho al sufragio activo porque los ciudadanos han votado por el presidente.
Suspensión para que la fiscalía investigue el caso
Enfoque. Ernesto Álvarez, abogado constitucionalista, USMP
Estoy a favor de una suspensión. La acusación por traición a la patria es riesgosa porque podría no resistir estándares mínimos de verosimilitud. La suspensión es posible, pero hay que aprobar el procedimiento primero. Hay que concebirla desde el artículo 114.1 de la Constitución como una medida política de urgencia y gravedad extremas, similar a la vacancia, sin acusación constitucional. Solo se puede acusar al presidente constitucionalmente por las excepciones del 117.
El Pleno puede suspender a Pedro Castillo por el caso de traición a la patria sin que se apruebe el informe que recomienda acusarlo, que está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sería por un plazo máximo solo para la etapa de investigación preparatoria, culminada esa la fiscal de la Nación debe informar al Pleno qué decidirá: si el presidente sigue o no.
