Declaración. José Williams Zapata, Martha Moyano, Alejandro Muñante y Silvia Monteza firmaron, como representantes de la Mesa Directiva del Congreso, la disposición del bono de S/9.900 para cada trabajador. Aquello suma un monto de S/35.640.000, si se cuentan los más de 3.600 laborantes activos de la organización y servicio parlamentario. El primero de ellos contó haberse negado, así que su firma figuró “con reserva”. Uno de sus pasados perfiles de confianza, José Cevasco, lo apoyó.
Además, el exoficial mayor del Parlamento aseguró ser conocedor de que “ha habido presiones de diversas bancadas hacia la Mesa Directiva para la aprobación de ese bono”, sin precisar nombres.
En diálogo con Radio Programas del Perú, pudo “dar fe de que José Williams siempre estuvo en contra de ese bono”. Contó que la iniciativa se formuló desde antes, sin precisar fechas, pero cuando ofició en el poder del Estado, desaprobado por 9 de cada 10 peruanos, el monto oscilaba por 1 UIT (4.950 soles).
Cevasco renunció el pasado 2 de marzo de 2023. Dos meses después, la propuesta subió a 2 UIT (S/9.900). Para el exfuncionario, hubo una demanda legítima de los sindicatos de trabajadores del Congreso. “La estructura salarial del Parlamento no ha sido lo suficientemente actualizada respecto a las funciones que tiene un trabajador. Tenemos, por ejemplo, personas que ingresaron al servicio como auxiliares o técnicos y a lo largo de estos 20 años ya son magíster o doctores, pero siguen con la denominación de técnico”, dijo.
Sobre la terminología de “firmar con reserva”, Cevasco coindició con Williams. “Es un término muy usado cuando algún congresista firma un documento por presiones o razones políticas, pero no está de acuerdo”, aclaró.
Defensa pública
Este medio de comunicación desmintió al exoficial mayor del Congreso. En su última conferencia de prensa como trabajador del Parlamento, Cevasco señaló que Williams no cometió ningún error en los gastos millonarios denunciados por la prensa, ya que “la delegación de facultades al director general de Administración ocurre desde el 2006”. Esto no es cierto: una resolución del 12 de octubre de 2022, firmada con la rúbrica del general en situación de retiro, supone que sí estuvo enterado.
El presidente del Poder Legislativo delegó facultades al oficial mayor, director general de Administración, jefe del Departamento de Logística y procurador público para “decidir y resolver dentro de las limitaciones establecidas en la normatividad de contratación pública”.
