CIDH realizará audiencia pública para abordar situación del Ministerio Público de Perú

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) realizará una audiencia pública para abordar la situación actual del Ministerio Público del Perú y su impacto en los derechos humanos, el próximo viernes 1 de marzo.

Esta audiencia fue pedida por el Instituto de Defensa legal (IDL Perú), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), a inicios de diciembre del 2023.

La solicitud se hizo durante la gestión de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, quien fue suspendida del cargo luego de ser acusada de liderar una organización criminal en la Fiscalía.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encarga de velar por los derechos humanos de los ciudadanos del continente – crédito EFE/Lenin Ocampo

Según IDL, durante este evento, la Comisión IDH recibirá información relevante sobre el Ministerio Público por parte de una delegación del Estado peruano, así como de las organizaciones solicitantes, las cuales han asegurado que presentarán información que revelaría influencias y presiones externas sobre la Fiscalía para que no funcione de forma independiente.

Además, dijeron que aportarían datos actualizados sobre amenazas, riesgos y presiones a la independencia de fiscales, sobre todo los que tienen a su cargo casos importantes como de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, también participará de esta sesión. De acuerdo a la Resolución Defensorial N.º 005-2024/DP, el bogado estará fuera del país desde este 28 de febrero hasta el 2 de marzo del 2024.

La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, también señala que Gutiérrez fue invitado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, para participar del evento que se desarrollará en Washington D. C., Estados Unidos.

Josué Gutierrez fue cuestionado al asumir el cargo de defensor del pueblo, designado por el Congreso – crédito Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Además, se establece que los gastos de los viáticos serán financiados a través de una donación de la Unión Europea, bajo los siguientes detalles:

• Viáticos internacionales: US$ 1.320, lo que equivale a S/ 5.280 aproximadamente.
• Pasajes Internacionales: US$ 1.705, lo que equivale a S/ 6.820 aproximadamente.

Mientras el defensor se encuentre en Estados Unidos, su despacho ha sido encargado a la abogada Rina Karen Rodríguez Luján, primera adjunta de la Defensoría.

La exfiscal de la nación, Patricia Benavides, fue suspendida del cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a que se encuentra acusada por la misma Fiscalía de liderar una organización criminal. Ante su salida, Juan Carlos Villena asumió de forma interina el liderazgo de la institución.

Debido a esta situación, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, está impulsando una propuesta legislativa para que se declare en estado de emergencia al Ministerio Público, y así, destituir a todos los fiscales supremos titulares. Villena ha rechazado esta iniciativa.

Juan Carlos Villena reemplazó a Patricia Benavides como fiscal de la nación – crédito Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / Fiscalía

La medida no discrimina y exige la salida inmediata de estos funcionarios debido a una supuesta pérdida de garantías de su permanencia por problemas de conducta y aptitud profesional.

Villena alertó, además, sobre las peligrosas implicaciones de esta propuesta, ya que tendría el potencial de alterar el orden constitucional y democrático del país. Por ejemplo, indicó, como sucedió con las prácticas autoritarias de los años 90.

Paralelamente, la controversia se ha ampliado con el testimonio del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, que ha implicado a varios altos funcionarios, instituciones y personalidades públicas en diversas irregularidades. En respuesta, Villena ha defendido la independencia del Ministerio Público, rechazando cualquier acusación de conducta indebida y repudiando las insinuaciones de coacción o colusión.

Montoya y otros miembros de Renovación Popular, han defendido la propuesta, argumentando que busca restaurar la confianza en el sistema judicial, socavada recientemente por las declaraciones comprometedoras de Villanueva sobre la administración de justicia. Este proyecto, según sus proponentes, no tiene el fin de retrasar investigaciones, sino de clarificar y fortalecer la credibilidad del sistema ante la ciudadanía.