En una decisión que ha dejado más preguntas que respuestas, el Pleno del Congreso peruano rechazó admitir la moción de censura contra el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, quien ha sido cuestionado por su presunta inacción frente a escándalos que han puesto en entredicho la moralidad y transparencia de la institución. Con 64 votos en contra y solo 17 a favor, la mayoría oficialista, conformada por Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y otros aliados, ha enviado un mensaje claro: la estabilidad política prima sobre la rendición de cuentas.
Salhuana, quien asumió la presidencia del Congreso en julio de 2024, ha sido señalado por no tomar medidas efectivas frente a la presunta red de prostitución y contrataciones irregulares que habrían operado en el Palacio Legislativo. Estos hechos, que han sido calificados como una “grave crisis moral” por sus detractores, no fueron suficientes para convencer a la mayoría de los congresistas de la necesidad de un cambio en la Mesa Directiva.
Durante el debate, el congresista Alejandro Soto (APP) defendió a Salhuana argumentando que un informe de la comisión ad hoc del Parlamento no encontró pruebas contundentes de la existencia de una red de prostitución. “No hubo ninguna red de prostitución ni contrataciones irregulares; por lo tanto, ese argumento no puede servir de sustento para que haya una moción de censura”, afirmó. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por quienes consideran que el informe no aborda de manera exhaustiva las denuncias y que, en todo caso, la responsabilidad política de Salhuana va más allá de la existencia o no de pruebas concretas.
El rechazo a la moción de censura no solo refleja la fortaleza de la alianza oficialista, sino también la polarización y los intereses partidarios que dominan el Congreso. Mientras algunos celebran la decisión como un triunfo de la estabilidad institucional, otros la ven como un síntoma de la complicidad y la falta de voluntad para enfrentar los problemas de fondo que aquejan a la democracia peruana.
¿Democracia o complicidad?
La pregunta que queda flotando en el aire es si esta decisión fortalece o debilita la democracia peruana. Por un lado, se argumenta que la continuidad de Salhuana evita una crisis política mayor en un contexto ya de por sí complejo. Por otro, se critica que el Congreso haya priorizado los intereses partidarios sobre la transparencia y la ética pública, dos pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.
El caso de Salhuana no es aislado. Es un reflejo de una cultura política en la que las lealtades partidarias y las alianzas coyunturales suelen pesar más que la rendición de cuentas y el interés público. Si bien es cierto que no se ha probado la existencia de una red de prostitución, la percepción de impunidad y la falta de acciones contundentes para investigar y sancionar los presuntos actos de corrupción erosionan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Un mensaje preocupante
El rechazo a la moción de censura envía un mensaje preocupante a la ciudadanía: que los escándalos de corrupción y las crisis morales no son suficientes para que los representantes políticos asuman responsabilidades. En un país como el Perú, donde la desconfianza en las instituciones es alta y la democracia sigue siendo frágil, decisiones como esta solo contribuyen a profundizar el desencanto y la apatía ciudadana.
La democracia no se trata solo de votar cada cierto tiempo, sino de garantizar que quienes ocupan cargos públicos rindan cuentas y actúen con transparencia. En ese sentido, el Congreso peruano tiene una deuda pendiente con la ciudadanía. La pregunta es: ¿está dispuesto a saldarla, o seguirá priorizando los intereses partidarios sobre el bien común?
Por ahora, Eduardo Salhuana seguirá al frente del Congreso, pero la sombra de la desconfianza y la duda sobre su liderazgo moral y político seguirá presente. Y mientras tanto, la democracia peruana seguirá esperando una respuesta clara y contundente a sus demandas de transparencia y justicia.
