La sesión está programada para las 9am., y se ha citado a los magistrados del pleno de la JNJ para que ejerzan su derecho a la defensa ante el informe en su contra aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
El pleno de la JNJ ha rechazado el informe final en su contra alegando que es una vulneración flagrante al Pacto de San José
La Comisión Permanente del Congreso sesionará este lunes, desde las 9am., según dispuso el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes.
En esta sesión, entre otros puntos de agenda, se debatirá y votará el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años a los magistrados del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Debido a ello, el pasado 20 de febrero, la Oficialía Mayor del Congreso cursó oficio al titular de la JNJ, Antonio Humberto de la Haza, y a los otros magistrados para que ejerzan su derecho a la defensa en dicha sesión. En ese sentido, según indica dicho oficio, se les concederá a ellos el uso de la palabra o a su abogado de elección, según consideren conveniente.
Cabe resaltar que un día antes de cursarse el oficio al titular de la JNJ, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, solicitó al presidente del Congreso que se agende en la Comisión Permanente, “a la brevedad posible”, el informe final del SAC.
El pedido se realizó a través de un oficio en el que se indicaba que se debe “priorizar” el tema por ser “de alto interés nacional”.
“Solicitarle se sirva disponer se agende en la Comisión Permanente (…), a la brevedad posible, el informe final de la denuncia constitucional 373 que fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el viernes 16 de febrero del 2024″, señala el documento.
“En esta medida, tratándose de un tema de alto interés nacional, consideramos debe priorizarse en la agenda de la Comisión Permanente del Congreso”, añade.
Vale resaltar que el parlamentario Montoya fue el autor de la denuncia constitucional 373 contra la JNJ, que fue la base del referido informe final que sustentó el congresista Esdras Medina ante la SAC.
Informe aprobado por mayoría
El informe final de la SAC que se abordará hoy en la Comisión Permanente fue aprobado el pasado 16 de febrero por 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
Vale mencionar que los votos a favor fueron de Fuerza Popular (5), Renovación Popular (2), Perú Libre (2), APP (2), Avanza País (2), Unidad y Diálogo Parlamentario (1); mientras que los votos en contra fueron de Cambio Democrático-Juntos por el Perú (2), Podemos (1), Perú Bicentenario (1). Las abstenciones fueron de Elizabeth Medina y Álex Paredes del Bloque Magisterial.
Dicho informe fue sustentado por el congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) a partir de la denuncia constitucional presentada por Jorge Montoya contra los magistrados de la JNJ, referida principalmente al límite de edad para ejercer el cargo de miembro del pleno de la JNJ que, según ese razonamiento, habría trasgredido Luz Tello de Ñecco.
Al respecto, tras recoger los descargos de los magistrados, el informe de Esdras Medina indica que “estos no contribuyen a desvirtuar las imputaciones”, ya que utilizarían “argumentos repetitivos que carecen de todo sustento fáctico”, lo que resultaría en una “construcción jurídica artificiosa que pretende justificar la dación de un acto administrativo contrario a la Constitución y al orden legal vigente”.
En ese sentido, resalta que los integrantes de la Comisión Especial que seleccionó a los miembros de la JNJ se pronunciaron sobre el límite de edad para ocupar el cargo “de manera inequívoca e inobjetable (…) como una condición de entrada o acceso, y como una condición de permanencia”, lo cual implicaría que “si un miembro de la JNJ se encuentra fuera de los rangos etarios señalados constitucionalmente pierde dicha condición”.
Por ello, el informe acusa a la JNJ “de reducir el ámbito semántico normativo del texto constitucional”, para generar “un favorecimiento para uno de sus miembros”.
Asimismo, señala que respecto al procedimiento administrativo por el cual la JNJ resolvió que el límite de edad era “para acceder a ser miembro de la JNJ” no se originó a pedido de la interesada, Luz Tello, sino “a iniciativa de (…) Aldo Alejandro Vasquez Rios en su calidad de presidente de la JNJ, siendo que en el mejor de los casos dicha iniciativa debió dar origen a un procedimiento administrativo de vacancia”.
“Así tenemos que esta resolución no se origina en un procedimiento administrativo que garantiza la Constitución bajo las normas del debido procedimiento, sino que aparece como un acto oficioso del presidente de la JNJ y sus miembros integrantes que la suscriben y en cuya responsabilidad es solidariamente compartida”, indica el texto.
Cabe señalar que el informe recoge también los testimonios de José Luis Lecaros, Ernesto Blume y Walter Gutiérrez en su calidad de exmiembros de la comisión que eligió a los actuales magistrados de la JNJ. Citando dichas declaraciones, Medina Minaya recomienda “se inicie el procedimiento respectivo en relación a los aforados según las informaciones advertidas en la audiencia”.
JNJ rechazó el informe aprobado en la SAC
El mismo día de la aprobación de informe, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pronunció rechazando la acusación constitucional aprobada, e indicó que dicha acción “se trata de una nueva escalada de un sector en el Congreso” que busca afectar su autonomía “e impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales”.
Además, la junta reiteró lo que planteó previamente en la recusación que presentó contra el congresista Esdras Medina, autor del informe final, para que se aparte del proceso por haber adelantado opinión.
“El informe votado hoy, propuesto por el congresista Esdras Medina, está viciado, dada su ausencia de imparcialidad, pues el 18 de octubre de 2023 votó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos proponiendo al Pleno la remoción inmediata de los siete miembros de la JNJ, por la misma causa en la que ha intervenido como delegado, entre otras”, señaló.
“Asimismo, el 4 de diciembre último presentó una moción en la que, una vez más, pidió la remoción de los miembros de la JNJ, por abrir procedimiento disciplinario a la fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas”, agregó.
Dada esa situación, la entidad de justicia consideró que la SAC violó de manera flagrante el Pacto de San José.
“De esta forma se viola de modo flagrante el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece un principio universal, según el cual quien instruye o juzga en cualquier tipo de proceso no puede tener una postura ya tomada sobre la materia”, indicaron en el comunicado.
“El informe aprobado, además, vulnera el derecho de los miembros de la JNJ a la debida motivación, dado que no responde a ninguno de los casi veinte argumentos fácticos y jurídicos sustentados por la JNJ en su defensa”, remarcaron.
Finalmente, la entidad aseveró que “seguirá defendiendo su autonomía y su rol constitucional”, y que “confía en que en las siguientes instancias del proceso prevalezca el derecho y la justicia”.
