El politólogo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Paolo Sosa, afirmó este lunes que la corrupción es un problema endémico del Perú y explicó que este problema ocasiona costos al Estado en términos económicos y en oportunidades.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Paolo Sosa explicó que la corrupción que afecta al Estado, ocasiona la politización de la justicia y causa un impacto negativo de la democracia.

“No es un descubrimiento el tema de la corrupción en sí mismo, lamentablemente es un problema endémico, es un problema digamos que se arrastra de gobierno a gobierno con distintos esquemas, con distintas magnitudes, pero que está presente y por lo tanto ha tenido un impacto importante en la calidad de la democracia peruana”, dijo.

Paolo Sosa sostuvo que en primer lugar la corrupción afecta directamente al Estado con costos importantes al Estado en términos económicos y en oportunidades “de construir, de desarrollar planes y proyectos”.

“En segundo lugar, la corrupción contribuye especialmente cuando no hay partidos políticos fuertes a la politización de la justicia. A usar la lucha anticorrupción como un arma política para desprestigiar al adversario y entonces esto percude a las instituciones democráticas e instituciones de justicia y hace que la justicia sea vista como manoseada desde la perspectiva del ciudadano”, expresó

Y en tercer lugar, Paolo Sosa afirmó que la corrupción tiene un impacto en cómo los ciudadanos percibimos el funcionamiento de la democracia.

“Hay una serie de estudios no solo en Perú y en América Latina, sino a nivel global que muestran cómo la prevalencia de la corrupción y especialmente la politización de casos de corrupción impactan de manera directa en la forma cómo los ciudadanos perciben, valoran y apoyan el régimen democrático y entonces, están en algunos casos, como el peruano, más abiertos a la posibilidad de soluciones autoritarias”, expresó.

Caso Castillo

En referencia al caso del expresidente Pedro Castillo y presuntos vínculos con la corrupción, Paolo Sosa consideró que el ‘fenómeno Castillo’ es mayoritariamente simbólico como una “alternativa de cambio en la segunda vuelta”.

“Hay un impacto de oportunidad perdida, un gobierno que podría haber aprovechado un contexto de una situación económica desfavorable para quizás avanzar una serie de reformas de segunda generación, una serie de reformas que podrían llevar adelante o satisfacer algunas de las demandas de la población al sur del Perú, en sectores más vulnerables. Sin embargo, eso se pierde, en gran medida me parece por la incapacidad y por el cortoplacismo que enmarca el gobierno de Castillo”, dijo.

Pablo Sosa aseguró que “la oposición hizo de Pedro Castillo una víctima antes incluso de ser presidente” al tratar de negarle a la población su voto y opción política con un supuesto fraude en las elecciones.

“El rol de la oposición jugó como atenuante de todo esto. Entonces, hoy en día en estos sectores, que deberían ser los más defraudados escándalos de corrupción y deficiencias del gobierno de Castillo, pesa más la imagen del presidente defenestrado por una oposición radical, por una oposición irresponsable que estas falencias”, manifestó.

El politólogo explicó que el “pecado capital de la oposición” de tratar de no reconocer la legitimidad del triunfo electoral de Pedro Castillo enmarca finalmente en la legitimidad que, consideró, ahora mantiene el expresidente, pese a su intento de golpe.

“Tratar de negar a la población su voto y opción política es clave. Es una población especialmente en los andes, que es donde estuvo el foco de estas acusaciones de supuestamente fraude en mesa, es una población que ejerce el voto desde los años 80 recién. Perú es uno de los últimos países en reconocer el voto universal directo (…) estos sectores son muy sensibles de ejercer su ciudadanía. Ejercieron el derecho al voto durante el periodo de violencia política a pesar que su vida dependía de ello”, explicó.

Caso Congreso-Ejecutivo

De otro lado, Paolo Sosa recordó que el Perú viene de un periodo marcado por confrontación entre poderes del Estado, donde el Congreso ha tenido un protagonismo en función de su contra posición con el Ejecutivo.

En ese sentido, argumentó que los parlamentarios buscan sobrevivir hasta el 2026 como una “última oportunidad” para avanzar sus intereses políticos y personales ante las negociaciones de la conformación de la nueva Mesa Directiva del Congreso.