Esta semana, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó por mayoría una propuesta que permitiría que los jefes de los organismos electorales autónomos puedan ser acusados constitucionalmente por el Parlamento. ¿Qué implica esta decisión y qué efectos podría generar para nuestra democracia?
Especialistas analizan dictamen que propone que jefes de la ONPE, Reniec y JNE puedan ser pasibles de acusación constitucional
Con 16 votos a favor, 4 en contra y cinco abstenciones, la Comisión de Constitución, presidida por la parlamentaria Martha Moyano, aprobó una propuesta de ley que busca que los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Procesos Electorales (Reniec) puedan ser acusados constitucionalmente por el Congreso de la República.
El texto propone la modificación del artículo 99 de la Constitución, por lo que su posible aprobación permitiría inhabilitar a las autoridades del Sistema Electoral; es decir, a los miembros del pleno del JNE y a los jefes de la ONPE y Reniec, quienes se han opuesto a la propuesta tras advertir que pone en riesgo de autonomía de dichas instituciones.
Este escenario permitiría que el Poder Legislativo pueda someter a estas autoridades a un juicio político con consecuencias no menores, sostiene el abogado constitucionalista Erick Urbina.
“Esta media lo que hará es que estos titulares del sistema electoral se les pueda juzgar en el fuero político y, en caso alguno de estos integrantes del Jurado Nacional, ONPE o Reniec comentan algún delito de función, tendrán primero que ser sometidos a un antejuicio político en el Parlamento, por lo cual podrían ser destituidos del cargo o hasta inhabilitados por 10 años”, sostuvo.
¿La iniciativa pone en riesgo la independencia de los entes electorales?
Actualmente, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, los organismos electorales son autónomos y tienen como fin asegurar que los peruanos expresen su voluntad a través de sus votos en elecciones.
El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución podría afectar la independencia de estas instituciones, afirma Ana Neyra, abogada y exmiembro de la Comisión Política de Alto Nivel para la Reforma Política.
“El peligro es que el Congreso aplique las sanciones del juicio político solo porque discrepa de la interpretación que hace el Jurado, la ONPE o Reniec en un caso. O que pueda querer usarlo frente a decisiones a favor de sus partidos como una presión frente a los entes electorales o como una suerte de castigo porque no resolvieron a favor de ellos”, precisa.
Los ejemplos que podrían surgir son varios. Neyra menciona uno: “Imaginemos que la ONPE le impone una sanción por financiamiento político a un partido o que el Jurado Nacional de Elecciones inscribe o niega una inscripción a una candidatura o a un partido político, y esta decisión no le gusta a una bancada. [Sus integrantes] pueden promover y conseguir votos para suspender, destituir o inhabilitar a quienes dirigen los entes electorales”, precisó.
¿Cómo impactaría la medida en la democracia peruana?
En el caso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el dictamen no solo contempla el proceso de acusación constitucional a su presidente, sino a los cinco magistrados que conforman su pleno. Con este panorama, el organismo quedaría a merced del juicio político por el Congreso de la República, lo que pone en riesgo la democracia del país, sostiene el abogado especialista en derecho electoral, Roy Mendoza.
“Esta medida supone el sometimiento de los altos funcionarios del sistema electoral, desproveerlos su independencia aquellos que deben garantizar la transparencia de los resultados electorales sobre todo los miembros del JNE, quienes resuelven en última y definitiva instancia las controversias electorales. No se puede legislar desde el revanchismo y buscando hacer prevalecer consignas políticas en desmedro de nuestro sistema democrático”, comentó.
El proyecto continuará su camino hacia el pleno del Congreso, donde necesita ser aprobado, por lo menos, en dos legislaturas consecutivas con 87 votos como mínimo al ser una reforma constitucional.
Fuente: RPP
