El plan b. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pidió los descargos de los magistrados. El informe final estaría listo a mediados de este mes. El objetivo es removerlos e inhabilitarlos.
Un sector del Congreso mantiene con firmeza su objetivo de golpear institucionalmente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Luego de fracasar en su intento de remover a sus integrantes en diciembre, ahora avanza el plan B, que es el proceso abierto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el mismo que puede culminar con la destitución e inhabilitación de los magistrados.
En medio de la distracción ciudadana por las actividades de fin de año, la SAC ha cursado documentos a los miembros de la JNJ para que envíen sus descargos por escrito, en el proceso abierto por la acusación número 373, que presentó el legislador Jorge Montoya.
Esta acusación tiene como fecha de origen el 10 de mayo del 2023. En dicha ocasión, Montoya presentó la denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ Henry Ávila Herrera, Antonio De la Haza, Guillermo Thomberry, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez Ríos y María Zavala.
A todos ellos les atribuía hasta seis supuestos delitos, entre ellos, abuso de autoridad, usurpación de funciones, nombramiento ilegal e incluso cohecho activo y pasivo.
El hecho concreto que dio lugar a esta denuncia es la resolución 224-2020 que expidieron los miembros de la JNJ, el pasado 23 de octubre del 2020.
En esta resolución, los magistrados establecieron un criterio de interpretación del artículo 156 de la Constitución, con relación a la edad para integrar la JNJ.
Operador. Esdras Medina, encargado de elaborar el informe. Foto: difusión
Dicho artículo señala que para ser miembro de la JNJ se requiere ser “menor de 75 años”. Los magistrados precisaron que dicho requisito es solo para el acceso al cargo, razón por la cual Inés Tello ahora se mantiene en el puesto, no obstante haber superado dicha edad.
La Subcomisión ya ha aprobado el informe de calificación de la denuncia de Jorge Montoya, pero únicamente por supuesta infracción a la Constitución, dejando de lado los ilícitos penales que había postulado el citado parlamentario.
El caso ahora está en manos del legislador evangélico Esdras Medina Minaya, quien debe elaborar el informe final
Descargos por escrito
Fuentes informaron a La República que el ponente envió un pliego de interrogantes a los miembros de la JNJ, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez e Inés Tello. De hecho, según trascendió, no eran exactamente preguntas lo que formuló el citado parlamentario, sino más bien opiniones y valoraciones personales sobre el tema.
Las respuestas ya fueron remitidas al Parlamento, pues se había fijado como plazo el 27 de diciembre para hacerlo.
Así las cosas, lo que viene ahora es la redacción del informe final por parte del legislador Esdras Medina.
Fuentes del Congreso informaron a esta redacción que ya hay una fecha tentativa planteada en la Subcomisión que preside Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), para someter a debate y votación el informe final: el 16 de enero.
Amenaza vigente
Esdras Medina debe plantear en su informe final la propuesta de sanción contra los miembros de la JNJ. De hecho, en la denuncia de mayo, el legislador Jorge Montoya ha planteado las sanciones más drásticas de destitución e inhabilitación por el periodo de diez años.
El informe debe ser votado en la SAC para pasar luego a la Comisión Permanente. El último paso es la votación en el Pleno y hay un detalle importante: en este caso no se requiere llegar a la alta valla de los 87 votos. Será suficiente una mayoría simple, tal como ocurrió con Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada con solo 71 votos.
En buena cuenta, se mantiene sólida la amenaza institucional contra la JNJ que investiga a Patricia Benavides; una fiscal que, a la luz de lo revelado con el caso Valkiria V, ha estado jugando en pared con este Congreso.
Congreso investigará a la JNJ. Foto: composición La República
Declaran nula la cautelar de Benavides
La Tercera Sala Constitucional de Lima emitió una resolución que declara nula la segunda medida cautelar que otorgó la jueza Jacqueline Tarrillo a favor de la suspendida fiscal Patricia Benavides.
De este modo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) nuevamente podrá retomar las anteriores investigaciones que abrió contra Benavides, como es el caso de las dudosas tesis, las llamadas que registra con el empresario Antonio Camayo (Cuellos Blancos) y la condecoración que recibió del investigado Rafael López Aliaga.
La Tercera Sala Constitucional, sin embargo, ha devuelto el caso a la jueza Tarrillo, quien podría volver a otorgar la medida cautelar a favor de Benavides.
