El miembro del Gabinete Ministerial deberá responder por el operativo realizado en la UNMSM, la emboscada terrorista en el Vraem, entre otros.
Con setenta votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones, el Congreso de la República aprobó interpelar al ministro del Interior (Mininter), Vicente Romero, el último viernes tres de marzo.
La bancada de Renovación Popular, a través de su vocero Jorge Montoya, presentó dicha iniciativa para que el titular del Mininter responda por tres hechos ocurridos durante su gestión.
En el marco de las pasadas protestas y manifestaciones sociales, Romero será consultado por el operativo realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), suscitado el pasado 21 de enero; el asesinato de un policía en Puno, que fue calcinado al interior de su vehículo; y la emboscada terrorista en el Vraem donde se asesinaron a siete agentes policiales.
“Desde que asumió el cargo, el ministro Romero Fernández no ha cumplido a cabalidad su función principal de proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales”, se lee en la moción presentada.
Además, se le acusa de no mantener e incumplir el reestablecimiento del orden democrático, el orden público y la seguridad interna de la ciudadanía.
“Lo que venimos apreciando en su gestión, en adición a gestiones anteriores, es una falta de efectividad en el planeamiento táctico-estratégico, pasividad incomprensible en la toma de decisiones e inoperancia en las zonas convulsionadas, ello pese a encontrarnos en Estado de emergencia y al evidente despliegue de ‘actos terroristas’”, se añade.
La moción de Renovación Popular, que también cuenta con el apoyo con legisladores de Fuerza Popular, Acción Popular, Somos Perú, Avanza País y Podemos Perú, alberga un pliego interpelatorio de 36 preguntas.
Entre las interrogantes se encuentran consultas por los beneficios que recibe (o recibirán, eventualmente) la familia del policía José Luis Soncco Quispe, el efectivo asesinado a manos de delicuentes en Puno.
También se le pide detallar si fue informado “por sus asesores jurídicos o es conciente” que enviar “a las fuerzas policiales desarmados, con la instrucción de no defenderse frente a los ataques letales de los violentistas y las turbas (…) constituye un delito de omisión de funciones”.
“El ministro del Interior ha debido requerir información sobre dichas actividades y ejercer lo que, por mandato legal está obligado, es decir, actos que no lesionen la seguridad ciudadana ni que propicien zozobra en la población”, se puntualiza.
Fuente: infobae
