Con nombre propio. Mientras el hermano de Boluarte fue detenido y luego de dar otro zarpazo contra la JNJ, el Congreso aprobó un ley que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos. La norma beneficiará a agrupaciones como Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos y Renovación Popular.
El Congreso de la República aprobó ayer una ley que dejaría impunes a sus partidos políticos con investigaciones fiscales. Y otra vez, las agrupaciones de Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón jugaron en pared para sacar a flote esta norma, que, según abogados penalistas consultados, es con nombre propio.
Mientras Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, era detenido por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop) y luego de dar luz verde a una ley que rellena la Junta Nacional de Justicia (JNJ), habilitando como magistrados suplentes a los candidatos perdedores, el Pleno aprobó con 88 votos un dictamen que modifica el Código Penal y la ley que regula la responsabilidad administrativa de personas jurídicas.
La norma dispone que los partidos políticos no tendrán responsabilidad penal cuando el Ministerio Público investigue los presuntos delitos cometidos por sus dirigentes o militantes. Como lo señala el dictamen del fujicerronismo, “la responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito”.
Además, el juez no podrá aplicar medidas como la clausura de los locales de manera temporal o definitiva, tampoco podrá aprobar la disolución y menos suspender las actividades de la agrupación en el marco de una investigación fiscal.
El autor de esta propuesta de ley es el congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón y una de las promotoras del dictamen fue la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, de Fuerza Popular.
De los 88 congresistas que votaron a favor de esta ley, 46 pertenecen a las organizaciones políticas con indagaciones pendientes: Fuerza Popular (21), Perú Libre (11), Podemos Perú (10) y Renovación Popular (9).
Casos en curso
El fiscal José Domingo Pérez amplió el 9 de agosto del 2023 una pesquisa contra Fuerza Popular por presunto lavado de activos en las elecciones del 2021.
El partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, también es investigado por el financiamiento de su campaña electoral. La tesis fiscal apunta a que los fondos vinieron de la presunta organización criminal ‘Lo
La agrupación del legislador José Luna Gálvez, Podemos Perú, afronta una investigación por su presunta inscripción irregular ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con documentos y firmas falsas.
El partido Renovación Popular, del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue incluido en abril de este año como sujeto activo en una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de activos en el caso Odebrecht.
Ley con nombre propio
Esta contrarreforma fujicerronista fue exonerada de segunda votación. Es inminente que el Ejecutivo procederá como mesa de partes del Congreso y promulgará la ley.
El abogado penalista Andy Carrión explicó que esta ley tendrá efecto inmediato en las investigaciones en curso. “En caso de Fuerza Popular, Perú Libre y el Partido Nacionalista, tendrían que ser excluidos. Pero también hay otra consecuencia. ¿Qué pasará con las otras imputaciones? La Fiscalía decía que los partidos servían como instrumentos. Si quitas a la persona jurídica, debilitas el caso. Ya no tendrías el instrumento por el que se han servido los involucrados”, advirtió Carrión.
El abogado penalista Francisco Valdez, por su parte, considera que si detrás de las votaciones hay una intención directa de excluir a los partidos de procesos en curso, “la Fiscalía podría investigar esos hechos”. “Si esos votos están motivados o dirigidos a encubrir delitos, se pone un escenario complicado y podría abrirse denuncias por corrupción”, manifestó.
Valdez recuerda dos casos en los que los congresistas son investigados por direccionar sus votos: Los Niños y el caso Jaime Villanueva.
El dictamen del fujicerronismo
