El abogado Omar Cairo indicó que si el Poder Legislativo pide apoyo al Ejecutivo y ambos no cumplen con la orden judicial, entonces “el Perú se convertiría en un Gobierno de facto”.
El último martes 7 de diciembre, el Congreso de la República decidió continuar con la sesión plenaria programada para este miércoles 8 de noviembre con el fin de abordar el caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pese a que el Poder Judicial ordenó al Parlamento suspender de manera provisional el proceso.
En diálogo con La República, el abogado constitucionalista Omar Cairo se pronunció al respecto y sostuvo que las acciones que efectúe el Poder Legislativo “en desobediencia” del mandato del Poder Judicial “no tiene valor jurídico”. En esa línea, refirió que si el Parlamento decide remover a los miembros de la JNJ, esta decisión no será válida; por lo tanto, ellos podrán continuar realizando sus actividades sin ningún inconveniente.
“Las consecuencia inmediata es que todo lo que haga en desobediencia de ese mandato no tiene valor jurídico; de tal manera que si mañana se reúnen, discuten, debaten, votan y destituyen a varios o a todos los miembros de la Junta. Esa destitución no tiene ningún valor jurídico y, por lo tanto, los miembros de la Junta podrán seguir realizando su trabajo”, declaró.
“Eso genera un problema muy grave porque es probable que ante esa situación el Congreso pida apoyo al Ejecutivo para llevar a la práctica la remoción y si el Ejecutivo le presta el apoyo a la fuerza pública para desalojar a los magistrados, el Ejecutivo cometería un error gravísimo, se cometería en cómplice del Congreso”, añadió.
Asimismo, indicó que si el Poder Legislativo y Ejecutivo no cumplen con las decisiones del Poder Judicial, “el Perú estaría dejando de ser un Estado constitucional”. “Se habrá convertido en un Gobierno de facto”, agregó.
Alejandro Soto sobre medida cautelar del PJ a favor de la JNJ
Cabe señalar que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, emitió un comunicado en el que informa que el Legislativo rechaza la decisión de la Tercera Sala Constitucional de otorgar la medida cautelar a favor de la JNJ y ordenar al Parlamento suspender las acciones en contra de los magistrados.
“Frente a la decisión adoptada por los jueces superiores de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, de conceder una medida cautelar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a fin de paralizar la evaluación parlamentaria de los magistrados, el Congreso de la República rechaza esta decisión y responsabiliza a la referida sala de todos los actos que pueden suscitarse durante las investigaciones que sobre aquellos recaen en la actualidad o pueden recaer en el futuro”, manifestó Soto.
