Tras la publicación del proyecto de protocolo para periodistas en el contexto de conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo se pronunció cuestionando que este no garantiza la seguridad de los comunicadores.

A través de sus redes sociales, la Defensoría advirtió que “el proyecto de protocolo de seguridad de periodistas en su versión actual no asegura una labor periodística libre de violencia ni garantiza el goce efectivo de las libertades de expresión e información”.

En ese sentido, recordó que en enero pasado, enviaron al Ejecutivo sus observaciones a la propuesta de protocolo de seguridad de periodistas, pero lamentaron que estas “no han sido acogidas dada su importanciapara materializar el deber del Estado de proteger a las/los periodistas sin distinción alguna”.

“Consideramos que dicho protocolo debe prever acciones inmediatas que la autoridad a cargo de un operativo debe disponer, ya sea para proteger a periodistas de riesgos inminentes de violencia o frente a agresiones de los miembros de las fuerzas del orden”, señaló.
“Deben implementarse medidas para atención de heridas/os, identificar factores de riesgo para prevención de violencia contra periodistas e incluir propuestas concretas sobre agresiones a mujeres de prensa, así como mecanismos para contactar a autoridades a cargo de operativos”, agregó.

El 1 de marzo, a través de la Resolución Ministerial N.° 0277-2023-IN, el Poder Ejecutivo dispuso la publicació del proyecto de “Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”. Con ello, el gobierno de Dina Boluarte pretende regular la cobertura periodística en protestas sociales.

Anteriormente, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se mostró en desacuerdo con reglamentar la cobertura periodística de las manifestaciones sociales y resaltó que “cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas”.