Tras la intervención policial contra ciudadanos de Andahuaylas (Apurímac) que se dirigen hacia Lima para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo se pronunció aclarando que este tipo de prácticas están fuera del marco legal.

“Recordamos a las autoridades públicas que deben garantizar el libre tránsito a nivel nacional. Prácticas que tengan por objetivo obstaculizar o limitar el desplazamiento de personas hacia la ciudad de Lima se encuentran fuera del marco legal“, señaló la Defensoría del Puablo a través de un comunicado.

La institución hizo referencia a la intervención policial en Ica, donde la Policía realizó control de identidad a un grupo de ciudadanos que venían desde Andahuaylas con dirección hacia la capital.

“En diligencia se detuvieron a 4 personas atribuyéndoles el delito de peligro común, debido a que se habrían desplazado en vehículos sin SOAT ni Certificado de Revisión Técnica Vigente. Asimismo, a uno de ellos se le atribuye haber falsificado la placa de rodaje del vehículo”, señaló.
“Verificamos que las personas detenidas cuentan con abogado defensor. Solicitamos que Ministerio Público actúe con celeridad y determine la situación legal de estos detenidos. Nos mantenemos atentos a diligencias y en coordinación con autoridades policiales y defensa legal”, agregó la Defensoría.

Para este 19 de enero, la mayor central sindical del país, la CGTP, y otras organizaciones sociales han convocado a un paro nacional para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de la Mesa Directiva del Congreso.

Las protestas en diversas regiones del país se iniciaron en diciembre del 2022 tras la caída del expresidente Pedro Castillo, quien fue vacado por el Congreso por un intento de golpe de Estado.

Entre las demandas políticas de los ciudadanos, está el adelanto de elecciones generales para este 2023, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y referéndum para una Asamblea Constituyente.

Hasta el cierre de esta nota, hay 42 civiles muertos en protestas, 7 civiles fallecidos por hechos vinculados al bloqueo de carreteras y 1 policía asesinado.

De acuerdo al Ministerio Público, los 17 civiles que fallecieron el último 9 de enero en la región Puno en medio de protestas sociales fueron víctimas de proyectiles de armas de fuego.

Cabe resaltar que en otros países como Brasil o Francia, se han llevado a cabo masivas protestas, pero el resultado ha sido detenciones, pero no muertes.