Según el informe, la entidad no halló pruebas que sustenten la existencia de una presunta red de prostitución en el Parlamento, pese a las indagaciones en curso de la Comisión de Fiscalización.
Tras el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora Oficina Legal y Constitucional del Congreso (OLCC), ocurrido en diciembre mientras se transportaba en un taxi rumbo a su casa, desencadenó una serie de investigaciones y cuestionamientos que apuntaron a las cabezas de las oficinas más importantes del Parlamento, desde la presidencia del Legislativo, la oficialía mayor, y hasta la oficina de Recursos Humanos.
Una excolaboradora de la OLCC, bajo anonimato, denunció ante un medio local que Jorge Torres Saravia, entonces jefe de dicha oficina, habría dirigido una presunta red de prostitución en el Parlamento, encubriendo a ciertas mujeres como secretarias. Tras estas acusaciones, la Fiscalía abrió una investigación preliminar, mientras que también se inició una revisión de las contrataciones realizadas por Saravia en la OLCC, donde trabajaba Andrea Vidal.
Informe de Contraloría sobre contrataciones de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.
Conclusiones finales de la Contraloría sobre presunta red de prostitución
Sin embargo, el informe final de la Contraloría señala que no se habría encontrado pruebas que sustenten la existencia de esta presunta red. Esto, a pesar de que la Comisión de Fiscalización continúa recopilando información y citando a los implicados, entre ellos Jorge Torres Saravia, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, y la jefa de Recursos Humanos, Haidy Figueroa.
No obstante, la información recopilada por la Comisión de Fiscalización, presidida por Juan Burgos, no ha sido considerada en el informe. En su lugar, la Contraloría solo confirma que Jorge Torres Saravia, Isabel Cajo y Myreilla Walters habrían presentado documentos falsificados para acceder a sus contrataciones en el Parlamento. “Se ha verificado que el Congreso de la República contrató, a través del Departamento de Recursos Humanos, ante el requerimiento de la Oficina Legal y Constitucional y con aprobación de la Oficialía Mayor”, precisa el documento.
Informe de Contraloría sobre documentos de Jorge Torres Saravia e Isabel Cajo.
Informe señala documentos falsos para contratación de Torres Saravia e Isabel Cajo
Según el informe de la Contraloría, Jorge Torres Saravia presentó un certificado de trabajo presuntamente falso emitido por la empresa CATEQUIL SRL para acreditar su experiencia laboral y ser designado jefe de la Oficina Legal y Constitucional (OLCC) del Congreso. La entidad verificó que el documento no era auténtico tras la manifestación del exgerente general de la empresa, Francisco Roldán Arteaga, quien negó haberlo emitido. A pesar de ello, la Contraloría determinó que no era posible sustentar un servicio de control posterior, ya que Torres Saravia no ostentaba la condición de funcionario público cuando se cometió la irregularidad.
En el caso de Isabel Cajo Salvador, la Contraloría verificó que presentó documentos falsos para acreditar su experiencia y acceder al puesto de Técnico del área de administración de bienes de la OLCC. Entre los documentos fraudulentos figuraban una constancia de trabajo y un certificado de prácticas emitidos por la empresa E&H Constructora Inmobiliaria, los cuales fueron desmentidos por el gerente general de la compañía, Santiago Elescano Hernández. Al igual que en el caso de Torres Saravia, la Contraloría determinó que no correspondía la ejecución de un servicio de control posterior, ya que Cajo Salvador tampoco era servidora pública al momento de la irregularidad.
Por su parte, Myreilla Walters Solano también presentó documentación fraudulenta para su contratación en el Congreso. Según el informe, entregó una constancia de estudios complementarios emitida por la Universidad César Vallejo, la cual fue declarada falsa por la Secretaría General de dicha casa de estudios. Walters Solano utilizó este documento para postular al puesto de Técnico del Área de Asesoría Jurídica de la OLCC. No obstante, la Contraloría concluyó que su caso no ameritaba un control posterior, ya que, al momento de cometer la falta, no ostentaba la condición de servidora pública.
Fuente: La República
