El jurista y exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores responde sobre la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional contra la presidenta, Dina Boluarte.
Un grupo de peruanos presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia en contra de la presidenta, Dina Boluarte, por las muertes de peruanos que salieron a protestar en contra del Gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Entre ellos se encuentra el jurista, Diego García Sayán. “Hay una obligación moral de que la impunidad no se imponga”, señala.
Eso es algo que se ha repetido por otras personas que defienden al Gobierno, a la acción gubernamental y a la impunidad. Después de todo el tiempo que ha pasado (desde las muertes durante las protestas) no ha habido investigaciones serias y las pocas que se hicieron se trasladaron a Lima, haciendo difícil la comparecencia de testigos y víctimas. No hay responsabilidades por las muertes de las peruanas y los peruanos que han sido visiblemente realizadas por agentes del Estado. Cómo y por qué eso es lo que tiene que investigarse, ese es el tema de fondo. Para eso existe la Corte Penal Internacional, en cuya creación el Perú participó de manera activa. Su objetivo no es sustituir a los tribunales nacionales, pero hay que tener en cuenta que hay crímenes y delitos de lesa humanidad que pueden y tienen que ser perseguidos cuando los tribunales nacionales no han sido capaces o no han querido intervenir en ese tipo de casos. Hay el derecho de acudir a la Corte y hay una obligación moral y jurídica de que la impunidad no se imponga.
De acuerdo. Pero sobre mi pregunta, ¿es verdad que solamente los Estados parte pueden presentar una denuncia ante la CPI?
He escuchado ese argumento de los defensores -no es una calificación peyorativa sino una mera descripción técnica- de quién nos gobierna. El pacto corrupto, las estructuras corruptas que manejan el Gobierno plantean que solamente los Estados pueden presentar ese tipo de denuncias y eso no es exacto. Por ejemplo, cuando a alguien le roban su casa, ¿dónde presenta la denuncia? ¿En la Corte Suprema, va donde un juez? No.
Va a la comisaría.
Va a la Policía o a la Fiscalía. La Corte es una estructura que cuenta con un cuerpo de magistrados, administrativos y que tiene un fiscal muy poderoso, un británico de larga carrera…
Karim A. Khan.
En efecto, que ha estado muy activo en los últimos meses y ha ido a Gaza varias veces para ver qué está pasando ahí y analizar qué cosas puede hacer la CPI. Entonces, la denuncia no ha llegado a la sala que dictamina las causas ni que establece los procesos, sino que ha llegado a la Corte para que el fiscal examine esa información y la denuncia formal no la presente ni el Consejo de Seguridad o un Estado sino el propio fiscal Khan. El proceso que se ha seguido es correcto. Quienes defienden al pacto corrupto, aunque no sean parte de él, están equivocados, yo espero que de buena fe porque lo que están haciendo es proteger la impunidad.
También se ha argumentado que no se puede recurrir a la CPI en tanto no se haya agotado la jurisdicción interna. Acá hay investigaciones que se están llevando a cabo sobre las muertes en las protestas, aunque con una notoria demora. ¿Qué haya procesos abiertos a nivel interno no podría ser un obstáculo para la denuncia de ustedes?
No, en absoluto. Lo primero es que no han pasado tres semanas. Ha transcurrido un tiempo groseramente exagerado. Ha habido una serie de movidas extrañas en el Ministerio Público que no condujeron a una investigación con resultados. Todo en un contexto que no es cualquiera, como debo recordarle. Hay una serie de acciones que se han venido gestando desde el Gobierno y particularmente desde el Congreso para interferir en la independencia judicial y arrasar con la Junta Nacional de Justicia. Ahora está el proyecto para que el Legislativo, en violación de la independencia de poderes, evalúe a jueces y fiscales.
¿Se refiere al proyecto para crear una comisión ordinaria que los fiscalice?
Imagínese: una pandilla investigada o condenada por la justicia, ¿va a fiscalizar? La justicia peruana está bajo ataque. Recordemos que el Ministerio Público estuvo encabezado por la señora Patricia Benavides que, con su inacción, ha sido de alguna manera cómplice de corrupción y atropellos y violaciones a los derechos humanos. De manera que el requisito de agotamiento de los recursos internos no solo está recontra cumplido, sino que no resulta ser técnicamente exigible cuando las condiciones son adversas. La justicia no ha operado en todo este tiempo y hay una permanente amenaza desde el Congreso, con un Gobierno absolutamente indolente.
No se ha especificado a quiénes incluye la demanda. Se entiende que además de Boluarte, esta alcanza a ministros. ¿Se puede saber a quiénes?
Eso lo tiene que determinar la investigación, pero naturalmente los ministros que estaban en ese entonces en funciones y muchos de los cuales fueron explícitos y públicos en comprometerse con las acciones que estaba adoptando el Gobierno en esos días y semanas: el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y el de Defensa. Si unidades policiales y militares operaron en todas esas zonas sin conocimiento de los ministros respectivos, sería una tremenda violación de las leyes orgánicas y de cómo se estructura la acción represiva del Estado en defensa de la seguridad pública. Un escenario es que en la investigación se logre demostrar que se dieron órdenes explícitas de actuar con cautela, de no disparar al cuerpo, de prevenir antes que reprimir y que fueron incumplidas por el personal que ejecutó las operaciones. El otro escenario es que simplemente dijeron “pongan orden público y vean cómo hacen”. Si eso fue lo que se le ordenó a un personal equipado con armas de guerra, sería gravísimo. No hay en el curso de los hechos en América del Sur en los últimos dos años ninguna situación en donde tantas personas inocentes participando en un acto de protesta social hayan sido atacadas de esa manera, muertas de esa forma. No nos honra de ninguna forma que el Perú haya batido un récord en ese sentido.
En el pronunciamiento que difundieron para informar sobre la presentación de la demanda se refieren a la posibilidad de que se dicten medidas cautelares. ¿Cuáles?
Cierto, y eso es algo que queda en manos de la Corte que, hay que recordar, no es una mesa de partes, no es un juzgado de familia que ve divorcios. Es un tribunal penal que dispone órdenes de captura. Hay altos personajes de la política internacional con orden de captura dispuesta, como Putin. Por ejemplo, se mencionó a esa orden de captura entre las explicaciones de por qué Putin no viajó hace unos siete u ocho meses a una cumbre en Sudáfrica. De manera que esto no es irrelevante. Para esto se hizo la CPI, para actuar frente a atrocidades teniendo en cuenta la historia. El Tribunal de Nuremberg no solamente juzgó y sancionó a los ejecutores…
Del holocausto.
Sino que también investigó y sancionó a quienes habían sido parte del aparato político e institucional del nazismo, entre ellos jueces y abogados que fueron juzgados sin haber asesinado a nadie, pero que fueron parte de la estructura de poder.
En un artículo reciente escribe que hay una luz verde para la tala ilegal, el narcotráfico, la extracción ilegal de oro y otras actividades. ¿El pacto corrupto -como usted lo llama- defiende los intereses de las organizaciones criminales?
Sin duda. La redefinición que se ha hecho de organización criminal, poniendo fuera una serie de figuras delictivas gravísimas, es una confesión de parte…
¿Con relevo de pruebas?
Entonces, estamos en algo evidente y grosero. Denuncian que no capturan a Vladimir Cerrón. Bueno, ¿cómo lo van a capturar si son parte de la misma estructura? Han dado una norma para facilitarse las cosas. Creo que no se ha visto algo parecido en el Perú ni siquiera en los peores momentos de Montesinos y Fujimori, que era una protección mucho más focalizada en ellos mismos y en su estructura de poder. Es un momento muy delicado y el mundo va a tener que empezar a mirarnos con atención. ¿Qué pasó en Guatemala con su pacto corrupto? Había organizaciones no gubernamentales muy activas –algo que en el Perú se ha ido eso atenuando en comparación a cómo fue el enfrentamiento con la autocracia de Fujimori– que hacían un seguimiento de hechos concretos y de los responsables y lograron que, a más de 600 personas, entre empresarios y políticos, se les retirara la visa para ingresar a los Estados Unidos.
¿Falta una mayor organización opositora en el Perú?
Se sabe que le han quitado la visa a Estados Unidos al señor César Acuña, que no es una pieza irrelevante en la actual estructura de poder, por su función como gobernador y el peso que tiene en el manejo del Congreso corrupto. Ese es un pasito que viene de antes. La falta de partidos políticos democráticos fuertes, por ejemplo, hace que todavía las cosas se estén dando de manera muy tibia frente a lo que podría ser una actividad mucho más organizada y precisa.
A mí jamás se me ocurriría defender a este Gobierno ni a este Congreso, de ninguna manera, ¿pero no hay como una hipérbole al sugerir, por ejemplo, que estamos peor que en la época de Fujimori y Montesinos, como usted ha dicho antes? Incluso suele hacerse la comparación con Venezuela y Nicaragua y aunque es verdad que hay cosas en las que nos parecemos –las posiciones frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo–, a veces siento que esos argumentos no siempre ayudan a aclarar nuestra situación. ¿Qué me dice?
Es que hay que combinar una serie de factores. Primero, las estructuras de poder que hoy toman decisiones son mucho más amplias que Fujimori Montesinos y el Servicio de Inteligencia Nacional manejando todas las teclas. Aquí hay operadores de peso en el Congreso que están que están siendo de fundamental importancia. Y en segundo lugar hay algo que debo reconocer: yo estuve contra la dictadura de Fujimori de manera persistente…
Lo recuerdo.
Pero sí puedo conceder que en algunas áreas hubo unos avances en materia de inversión, crecimiento económico, construcción de escuelas. Ahora tenemos la paradoja absolutamente fascinante de ser un país que tiene los mejores precios en muchos años para los principales productos mineros de exportación y aumenta la pobreza, aumenta el déficit fiscal y aumenta la ineficiencia en la ejecución de la obra pública por los gobiernos regionales y por el Gobierno nacional. Contamos con el récord surrealista de ser el país que más demora en construir su tren subterráneo. Estamos hablando de una ineficiencia grosera que ha permitido aumentar la inseguridad ciudadana, por ejemplo. Acá estamos frente a una crisis que no proviene desde la naturaleza, no es una crisis que es producto del error de algún ministro de Economía y Finanzas. Lo que se ve en el Perú es una especie de amalgama de corrupción que conduce los destinos del país para beneficio de unas pocas personas y la impunidad de los criminales.
Fuente: La República
