La vicepresidenta de la República y ministra de Estado, Dina Boluarte, apeló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar suspender la acusación constitucional en su contra que promueve el Congreso, el cual busca inhabilitarla en el ejercicio de toda función pública por 10 años.
Por ello, el Congreso de la República tiene un plazo de 10 días para presentar el informe final de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta.
¿Por qué el Congreso va tras ella?
La medida que promueve el Parlamento se debe a que Boluarte seguía ejerciendo como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra de Estado y vicepresidenta de la República.
Según la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, existe una presunta infracción del artículo 126 de la Carta Magna. De esta manera, precisa que “los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.
Defensa de Boluarte
Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, informó que el 23 de junio se presentó en Washington una denuncia y una solicitud cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“En petición acusamos afectación de los derechos a la defensa, debido proceso y de legalidad. Demostramos orientación indebida de informe de Contraloría y adelanto de opinión de congresistas que han anunciado que votarán la inhabilitación política por 10 años”, dijo el abogado al diario La República.
Otárola señaló que en la solicitud se ha pedido a la CIDIH que se respete el derecho del pueblo a elegir a sus representantes por cinco años y no por el plazo que recorta arbitrariamente el Congreso.
“La CIDH es un órgano independiente de jurisdicción supranacional y sus decisiones vinculantes. Si concede cautelar, la actuación del Congreso tendrá que adecuarse a estándares internacionales, sin olvidar que en el Perú debe regir el Estado constitucional y democrático de Derecho”, sostuvo.
Dina Boluarte en la mira
El viernes 1 de julio, con 22 votos a favor y cero abstenciones, la Comisión Permanente de la República otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta, Dina Boluarte.
De esta manera, dicha comisión ratifica en no variar la procedencia de la denuncia contra Boluarte por probable infracción constitucional.
En el informe parcial de la SAC señala que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, detalla.
Fuente: Pata Amarilla
