Bindada. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió 11 denuncias cuando ella fue ministra y 16 en su periodo presidencial. Por las muertes en las protestas hay 8 en su contra, por el Rolexgate 2 y una por ausentarse en el cargo tras su cirugía. Su inmunidad y aliados parlamentarios le permiten salir airosa, por ahora.
Entre su periodo de ministra de Inclusión Social y como presidenta de la República, 27 denuncias constitucionales en contra de Dina Boluarte fueron presentadas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC).
De ese número, 11 fueron interpuestas antes de que asuma la Presidencia.
La primera fue el 17 de agosto del 2021, formulada por el excandidato al Tribunal Constitucional Gonzalo Ortiz de Zevallos, por la presunta incapacidad moral permanente de Pedro Castillo y Dina Boluarte, quienes entonces compartían una misma fórmula presidencial.
La segunda la presentó la abogada Beatriz Mejía contra el gabinete ministerial, entonces integrado por Boluarte, por haber declarado estado de emergencia sanitario en el país.
Ambas imputaciones fueron enviadas al archivo en el Congreso.
La tercera es del congresista Juan Burgos contra la mandataria por no haber renunciado al Reniec antes de postular en 2021. Este expediente está pendiente de calificación en la SAC.
La cuarta y quinta son de Eduardo Lazarte, representante de la Asociación Civil por la Integridad, y la congresista de Avanza País Patricia Chirinos contra Castillo, Boluarte y otros ministros por la inmovilización obligatoria decretada el 5 de abril del 2022 ante las protestas en Lima.
El caso fue declarado procedente recién en febrero de este año, pero aún no es aprobada la acusación en la SAC.
La sexta fue porque el gabinete de Castillo había promovido una reforma para una Asamblea Constituyente. Este juicio político no prosperó y quedó encarpetado.
También hubo otras tres denuncias constitucionales, presentadas por los congresistas de Renovación Popular, Javier Padilla, y de Avanza País, Patricia Chirinos, y el ciudadano César Candela, debido a que la mandataria firmó documentos del Club Apurímac siendo ministra de Inclusión Social.
Sin embargo, todas terminaron en el archivo. El caso Club Apurímac fue encarpetado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dos días antes que Boluarte asuma la presidencia en 2022.
La penúltima fue una denuncia del ciudadano Javier Padilla, en la que están involucradas diversas autoridades del Ejecutivo y Congreso, por la no devolución de un edificio en la avenida Tacna, en Lima. Tampoco prosperó.
La última denuncia constitucional fue obra de la congresista Chirinos en noviembre del 2022 debido a que el gabinete de Aníbal Torres había interpretado que el Congreso les había rechazado una cuestión de confianza. Por ende, si el Legislativo rechazaba otra, el expresidente Castillo hubiera podido disolver esta institución. Esta acusación fue declarada procedente en la SAC, pero hasta la fecha no tiene informe final.
De acusarla a blindarla
Entre la fecha en que Chirinos promovió esa acusación y en la primera semana de diciembre del 2022 hubo un giro en el Congreso. Ante la posible vacancia de Castillo, el nombre de Boluarte resonó no solamente como un reemplazo sino como una aliada de la coalición que domina el Parlamento para quedarse hasta el 2026.
Luego del fallido intento de golpe de Estado de Castillo, Boluarte asume la Presidencia y establece un régimen que es una mesa de partes del Congreso y juega en pared con esta coalición. Ninguna denuncia constitucional en su calidad de mandataria ha sido declarada procedente.
La primera acusación contra Boluarte en el cargo de jefa de Estado fue interpuesta el 3 de enero del 2023 por los congresistas de la bancada de Cambio Democrático debido a la represión desplegada por este régimen contra las protestas en las regiones. El expediente, sin embargo, fue enviado al archivo.
Otras cuatro denuncias constitucionales fueron presentadas contra Boluarte y sus ministros entre enero y febrero del año pasado argumentando la presunta violación de derechos humanos, las decisiones tomadas por las fuerzas de seguridad, los estados de emergencia y las muertes de los manifestantes.
En noviembre del año pasado, cuando había salido a la luz las declaraciones de Jaime Villanueva, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Boluarte por las presuntas violaciones de derechos humanos en diciembre del 2022.
Esta imputación, al igual que las promovidas por legisladores de izquierda, también involucra a ministros de Estado, pero luego de más de seis meses la Subcomisión de Acusaciones aún no las califica.
El 19 de julio del 2023, el congresista no agrupado Jaime Quito presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y su entonces primer ministro Alberto Otárola por usurpación y aceptación indebida del cargo, y por ordenar la represión de las protestas en diciembre del 2022 y enero del 2023.
Y el 2 de mayo de este año, la ciudadana Irma Cavo presentó una nueva denuncia constitucional por las muertes en las protestas.
Ninguna ha sido calificada por la Subcomisión.
Presuntos casos de corrupción
El periodo de Boluarte no solo gira sobre las presuntas violaciones de derechos humanos. El parlamentario de Perú Bicentenario Elías Varas, envió su denuncia constitucional el 2 de abril de este año contra Boluarte por el caso Rolexgate.
Se trata de una investigación con bastantes indicios y que involucra también al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
La indagación preliminar del Ministerio Público terminó y por eso el 27 de mayo el fiscal de la Nación, Juan Villena, presentó una denuncia constitucional por el caso Rolexgate. Es una carpeta fiscal con múltiples en contra de la mandataria Boluarte.
La última acusación que pesa contra la jefa de Estado fue interpuesta por la congresista de Cambio Democrático Ruth Luque, el 28 de mayo, debido a que la mandataria se ausentó 12 días luego de someterse a una cirugía en el rostro.
Salvo la de enero, que fue archivada de manera veloz, ninguna de las denuncias constitucionales que pesan contra Boluarte por la represión, las muertes y presuntas violaciones de derechos humanos en las protestas contra su régimen, tienen informe de calificación aprobado.
Lo mismo sucede con otras imputaciones como en el caso Rolexgate y la referida a su presunto abandono del cargo luego de su cirugía.
La elaboración del informe de calificación es responsabilidad del equipo técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Es cierto que los presidentes no pueden ser acusados mientras ejercen el cargo. La Constitución solo contempla que sea por traición a la patria, disolución del Congreso, no convocar a elecciones o impedir el funcionamiento del sistema electoral.
Sin embargo, las denuncias referidas a la represión en las protestas no solo involucran a la mandataria, sino también a sus ministros de Estado, contra quienes sí puede proceder un antejuicio o juicio político.
Pero el Congreso avanza a paso lento.
Otros casos sí avanzan, pese a controversia
El 11 de mayo del 2023 el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya presentó una denuncia constitucional contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a que en 2020 decidieron que la magistrada Inés Tello podía continuar en el cargo, pese a tener más de 75 años.
A diferencia de las denuncias contra Boluarte y sus ministros, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales logró que en menos de un año esta denuncia constitucional tenga un informe final listo para acusarlos.
El 8 de marzo, el Pleno del Congreso votó a favor de inhabilitar a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez.
En el periodo 2021 – 2022 la SAC estuvo presidida por la congresista Rosio Torres, investigada por presunto recorte de sueldo. En los dos últimos años su colega Lady Camones fue la presidenta. Ambas son de Alianza Para el Progreso (APP).
Las 27 denuncias constitucionales contra Dina Boluarte
