Solo en el 2024, el Despacho Presidencial ha desembolsado ese monto para pagar a los abogados de la mandataria y de otros expresidentes investigados.
Solo en lo que va del 2024, el Despacho Presidencial ha desembolsado S/ 771,000 para defender a Dina Boluarte y otros ex altos funcionarios investigados, en su mayoría por casos de corrupción.
Juan Carlos Portugal, el abogado que reemplazará a Mateo Castañeda en la defensa de la presidenta, también fue contratado para representar a Luis Nava, quien está siendo investigado por lavado de activos en el caso Odebrecht.
Portugal recibirá S/ 200 000 por defender al ex secretario general de la Presidencia en el segundo gobierno de Alan García.
Sin embargo, Nava no es el único funcionario con un alto cargo en el Gobierno, que esté siendo procesado por corrupción y que, gracias a la Ley Servir, puede pedir que el Estado peruano pague los gastos de su defensa.
Según la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), además de Luis Nava, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, investigados por el caso Odebrecht, también costean a sus abogados gracias al Despacho Presidencial.
La presidenta Dina Boluarte tampoco es ajena a este beneficio, ya que el SEACE indica que es el Estado quien está asumiendo los gastos de la defensa en la investigación que se le sigue por genocidio. Según la información, Joseph Campos fue contratado por S/180,000 para realizar esta función.
Ley Servir: ¿Por qué la defensa de los expresidentes la paga el Estado?
La Ley N.° 30057, Ley Servir, promulgada en julio de 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala, tiene como finalidad que “las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil”
Uno de los artículos de esta norma establece que quienes trabajaron en entidades públicas pueden contar con defensa y asesoría legal pagadas por el Estado en caso de que sean investigados por algún encargo que realizaron mientras ejercieron el cargo.
“Las entidades públicas deben otorgar la defensa y asesoría, a la que se refiere el literal l) del artículo 35 de la presente Ley, a los servidores civiles que ejerzan o hayan ejercido funciones y resuelto actos administrativos o actos de administración interna bajo criterios de gestión en su oportunidad”, señala la norma.
Cabe señalar que Toledo y Humala no son los únicos que se acogieron a este beneficio, Pedro Pablo Kuczynski y el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva también pidieron que el Estado pagara su defensa.
El caso Odebrecht sigue costando al Estado peruano
El 1 de abril se aprobó pagar S/ 291 000 por la contratación del abogado Edinson Huamán Chacón quien será el encargado de brindar asesoría legal al expresidente Ollanta Humala en el marco de la investigación por el mega caso de corrupción Odebrecht.
Ese mismo día, la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial acordó contratar a José Su Rivadeneyra por el monto de S/ 100 000 para que defienda a Alejandro Toledo, quien ahora se encuentra en prisión y también es investigado por haber recibido dinero de la constructora brasilera.
Sin embargo, hay que señalar que el Estado no está en la obligación de costear la defensa de un expresidente investigado, así lo indicó Raúl Saco, abogado especialista en derecho laboral.
Sobre el caso de Alejandro Toledo, Saco manifestó que el Estado pudo negarle la solicitud o no costear uno tan alto.
“La ley lo permite, pero no es obligación del Estado asignarle una defensa con un costo alto; es decir, si el Gobierno puede asignar una defensa con un menor costo o simplemente desestimar el pedido de Alejandro Toledo en caso no sustente cómo pagar el monto asignado por su condición de investigado” comentó.
Fuente: La República
