Escribe Mercedes Aráoz | “No nos quejemos de los congresistas de hoy, si aplaudimos entonces a Vizcarra que avaló una norma que dificulta la fiscalización”.
“No nos quejemos de los congresistas de hoy, si aplaudimos entonces a Vizcarra que avaló una norma que dificulta la fiscalización”.
En las últimas semanas hemos sido testigos de un festival de denuncias y escándalos mediáticos alrededor de los gastos del Congreso. En todo el mundo los congresos son instituciones que atraen o canalizan el desprestigio de toda la clase política. Tienen poca aceptación y mala prensa. Pero nuestro Congreso ha hecho méritos propios para sumar más desprestigio ganándose a pulso el 6% de aprobación que tiene ahora. Esto lo saben los periodistas, que hurgan en cualquier gasto o gesto que sea poco empático con la crisis del país o la carencia de una buena parte de compatriotas. Diríamos que algunas denuncias son casos sobredimensionados por los amantes del uso político de la institución más repudiada de nuestra débil democracia.
Otras, se refieren a gastos necesarios para un cabal mantenimiento y operación del Legislativo, pero muy mal explicados por sus propios funcionarios. Y en el medio las desafortunadas y displicentes respuestas de varios congresistas, bastante desconectados de la percepción pública sobre su trabajo. No hay duda, la rendición de cuentas a los ciudadanos sobre el uso y resultados de los recursos públicos es muy relevante para la gestión de cualquier autoridad, en especial para las electas. Sin embargo, creo que debe ser informada con veracidad, sin amarillismos, con mayor análisis de fondo.
En general, los congresistas no están informados de los gastos administrativos de la institución y dejan a la gestión de la Mesa Directiva que dé los lineamientos sobre el manejo de los recursos. Incluso, ni el presidente ni los tres vicepresidentes conocen los detalles de esos gastos, para eso está la Oficialía Mayor. Es equivalente a lo que sucede en una empresa, el directorio da los lineamientos estratégicos y de política en el manejo de los recursos, tiene un comité de auditoría y finanzas y el gerente general es el responsable del buen manejo. Además se debe contar con una oficina de auditoría –o de control interno, en términos del sector público– para advertir los riesgos de un potencial mal uso de los recursos dentro de la institución.
Y es respecto a esta oficina de control interno, donde se encuentra la falla sistémica que genera todo ese ruido mediático, cuyo origen pasó a relatar. A inicios del 2018, el Congreso, a pedido de la Contraloría General de la República (CGR), aprobó una Ley que, supuestamente, ampliaba poderes de la CGR permitiendo mejorar sus capacidades de control. Alguno que otro punto en la ley, era discutible, pero no era tema de fondo; sin embargo, existía un artículo, introducido de contrabando, que no tenía ningún sentido en la lógica de empoderamiento del órgano de control frente a todas las instancias del Estado.
La ley establece que, en todas las instituciones públicas, será la CGR la que nombrará a los funcionarios al mando de las ofici nas de control interno, con una sola excepción: el Congreso de la República. En ese momento era presidenta del Consejo de Ministros y, luego de revisada la norma por los funcionarios correspondientes, cuestionamos esa excepción y observamos la Ley en ese alcance y en otros menores, con la esperanza que el Congreso la revisara.
Por supuesto, recordemos que estábamos en un momento político muy complicado, la primera moción de vacancia al presidente Kuczynski había fracasado y sus promotores estaban con sangre en los ojos, a los que se sumó la izquierda luego del indulto humanitario a Fujimori. Se movían en el Congreso varios operadores políticos del sucesor constitucional Martín Vizcarra. El principal orquestador de la segunda vacancia –acusando al presidente de corrupto– era César Villanueva, “el vacador” como lo bauticé en su momento. Villanueva fue premiado con la PCM luego de la renuncia de PPK, curiosamente también es un investigado por sus vínculos con Odebrecht cuando fue Gobernador de San Martín como Vizcarra en Moquegua. Los voceros de este grupo dijeron que el Ejecutivo no quería apoyar a la Contraloría en su lucha contra la corrupción, olvidándose del pequeño detalle: donde había cancha abierta a la falta de control era en el Legislativo y no en el Ejecutivo.
Llegó marzo y estalló el escándalo de los “Mamani audios” que llevó a la decisión de renuncia de Kuczynski para calmar la crisis política. Asume Vizcarra, entre los efusivos aplausos de la, hasta entonces, oposición política lidera da por el fujimorismo. El primer acto político, que revela la alianza inicial del régimen de Vizcarra con la oposición, fue la invitación a Palacio de Gobierno a los congresistas para promulgar la Ley que nuestro gobierno había observado. Primera vez en la historia que un Ejecutivo contradecía a otro, en sus observaciones técnicas, más aún siendo del mismo origen constitucional, supuestamente.
Gran celebración en Palacio, abrazo entre Luis Galarreta, presidente del Congreso, y Martín Vizcarra. Se sellaba el compromiso de opacidad para el Legislativo, que ahora criticamos tanto. La falta de defensa de una correcta institucionalidad hace que aplaudamos, en su momento, actos que son dañinos para el cabal funcionamiento del Estado. No nos quejemos entonces de los congresistas de hoy, si aplaudimos entonces a Vizcarra que avaló una norma con nombre propio que dificulta la fiscalización en los gastos del Congreso. Ironías de la política, Nelson Shack es el mismo contralor que posó para la foto de la impunidad congresal en Palacio. Ahora, a pedido del presidente del Congreso y presionado por la opinión pública, deberá revisar las cuentas de un Parlamento que le quitó dientes con su anuencia.
Fuente: Caretas
