La jefa de Estado afronta una nueva crisis mientras el MEF evalúa un informe de la PCM que propone subir su sueldo a más de S/ 35.000, superando el tope legal fijado por ley desde 2004.
En medio de una nueva denuncia constitucional, mociones de vacancia contra Gustavo Adrianzén y el asesinato de 13 mineros en Pataz —crimen que expone la violencia con la que operan las organizaciones criminales en el país—, el panorama político se vuelve cada vez más crítico para Dina Boluarte y su gabinete ministerial.
Un informe técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea elevar la remuneración del cargo presidencial a más de S/ 35.000 mensuales, superando el tope legal establecido por la Ley 28212. Esta propuesta, que parte de una solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha generado cuestionamientos sobre su viabilidad legal y sobre, todo, el grave contexto político en que se plantea, en medio de una moción de interpelación en curso contra Gustavo Adrianzén y un intento de presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte.
¿Cuál es el argumento del aumento salarial para Dina Boluarte?
El documento, identificado como Informe N.° 0034-2025-EF/53.07, argumenta que el salario de la presidenta debe reflejar la máxima jerarquía en el Estado. Para ello, utiliza comparaciones con sueldos de mandatarios de América Latina ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA) y con altos funcionarios nacionales, como los magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes actualmente perciben sueldos de hasta S/35.017.
Sin embargo, la propuesta enfrenta un límite claro: desde 2004, la Ley 28212 fija un tope remunerativo en el sector público equivalente a 10 Unidades de Ingreso del Sector Público. Para 2025, el ingreso mínimo del sector público se estableció en 2.600 soles, por lo que se traduce que el aumento salarial de la mandataria debería tener un tope legal de máximo S/26.000 mensuales (2.600 x 10).
No obstante, el informe del MEF no aborda esta restricción desde una perspectiva legal, sino únicamente económica y comparativa. Así lo señala la abogada Beatriz Ramírez, pues este intento de aumento representaría una medida que buscaría un beneficio propio de Boluarte Zegarra.
“La presidenta estaría tomando una medida que claramente se estaría autobeneficiando. Porque ella podría proponerlo como un precedente para los próximos presidentes. Pero se ha perdido un poco el pudor público que antes existía para impulsar una medida que claramente la beneficia, estando ella en el cargo”, advierte.
Ramírez añade que, si bien el informe se sustenta en criterios técnicos, pasa por alto un límite legal respecto al tope explicado inicialmente y, aunque la Ley 28212 dice que el sueldo presidencial debe ser el más alto, los 35.568 soles supera el tope que debe ser el determinante legal de estos casos.
“Más allá que ese informe económico presentado saque como referencia los sueldos de otros presidentes de la región, en el Perú la ley desde el 2004 dice que el tope actual es de 26.000 soles. Habrá que ver qué malabares va a hacer el área legal que evaluará este pedido para señalar que a la presidenta no le es aplicable la ley del 2004 y por qué sí le correspondería un sueldo de casi 36.000 que supere el tope legal”, acotó la abogada.
¿Cuál es el procedimiento que deberá seguir el pedido?
El informe presentado por la PCM ante el MEF incluye una propuesta técnica para incrementar la remuneración del cargo presidencial, pero su viabilidad legal aún está en evaluación.
Al respecto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) recordó mediante un comunicado oficial que toda modificación en las compensaciones económicas del sector público debe seguir el marco normativo establecido en la Ley del Servicio Civil, y solo puede aplicarse si la entidad cuenta con un Cuadro de Puestos aprobado.
En el caso del Despacho Presidencial, este requisito ya se cumple. No obstante, la ruta para aprobar un aumento como el planteado implica varios pasos formales: primero, una evaluación técnica del MEF; luego, su revisión por el Consejo de Ministros, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 28212, que establece que la remuneración del presidente debe ser fijada por dicho órgano.
Finalmente, según el artículo 52 de la Ley 30057, cualquier variación en las remuneraciones de los más altos funcionarios del Estado, incluido el jefe de Estado, debería aprobarse mediante Decreto Supremo.
Respaldan aumento de sueldo de Dina Boluarte
El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, defendió el aumento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte señalando que se trata de un cumplimiento estricto de la Constitución. Desde Arequipa, sostuvo ante los medios de comunicación que reducir el salario presidencial sería un gesto meramente populista y que “siempre es momento bueno para cumplir con la Constitución”.
En esa misma línea, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, respaldó el pedido de Boluarte para incrementar su salario mensual de 16.000 a 35.568 soles, lo que representa un aumento de aproximadamente 125%. Juárez sostuvo que este ajuste busca ordenar las escalas salariales del Estado, ya que actualmente viceministros ganan más que el jefe de Estado. Afirmó que más allá de la persona que ocupe el cargo, “lo que debemos proteger es la figura presidencial”.
Este pedido de incremento salarial se da mientras Dina Boluarte afronta múltiples investigaciones, entre ellas por presunto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial en el caso “Rolexgate”. No obstante, su abogado, Juan Carlos Portugal, aseguró a La República que no existe ningún nexo entre el aumento de sueldo y las investigaciones en curso.
Pese a que, en el caso de las cirugías estéticas, el médico Mario Cabani reveló ante una entrevista a Cuarto Poder que la jefa de Estado nunca pagó por los servicios, pese a haber recibido boletas a través de su asistente. “Se hizo una boleta de venta, pero aparentemente nunca pagó. Se tuvo que anular el cobro y quedó pendiente”, acotó.
Fuente: La República
