La imagen lo dice todo: José Domingo Pérez, impedido de ingresar a su oficina, custodiado por seguridad, denunciando abuso de poder mientras camina hacia una comisaría. No es una escena de ficción ni de un thriller político. Es la cruda realidad del Perú 2025, donde los pocos fiscales valientes que enfrentan la corrupción son perseguidos, suspendidos y acorralados por los mismos poderes que han colonizado el Estado.
Pérez no está solo. Con él ya han sido apartados Marita Barreto, Rafael Vela y otros magistrados incómodos para el sistema. El mensaje es claro: en el Perú actual, luchar contra la corrupción es motivo de castigo.
La captura institucional se acelera
Lo que estamos presenciando no es solo una suspensión administrativa. Es una advertencia, un acto ejemplarizante. Domingo Pérez lo sabe. “Esto representa mi salida definitiva del Ministerio Público”, ha dicho con resignación lúcida. No es paranoia, es experiencia. Ya lo vimos con Barreto, suspendida por nueve meses bajo argumentos burocráticos, y todo indica que el siguiente será Rafael Vela.
La operación tiene una lógica precisa: retirar del tablero a todos aquellos que, desde dentro del sistema judicial, se atrevieron a enfrentar a los políticos más poderosos del país. A los que investigaron a Keiko Fujimori, a Alan García, a empresarios de la Confiep, a funcionarios corruptos, a quienes han usado el Estado como una caja chica.
¿Quiénes están detrás? La misma coalición política que hoy sostiene al gobierno de Dina Boluarte y que ya ha copado importantes espacios del Congreso, del Tribunal Constitucional, y ahora quiere tener el control total del Ministerio Público y del Poder Judicial. Esta es la fase más peligrosa del deterioro institucional: cuando se usa la legalidad para destruir la justicia.
Del blindaje a Boluarte a la cacería de fiscales
Mientras la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales blindaba a Dina Boluarte y archivaba la denuncia por el caso Rolex, otro poder del Estado iniciaba una cacería contra los fiscales que alguna vez le pusieron nombre y apellido a la corrupción.
Y lo hacen sin disimulo. No les importa el rechazo ciudadano, ni las advertencias de la prensa libre, ni los pronunciamientos de organismos internacionales. Porque, en este momento, se sienten invencibles. Tienen mayoría en el Congreso, aliados en la Fiscalía, operadores en el sistema judicial, y una presidenta acorralada que necesita del Parlamento para seguir en el cargo.
Una democracia acosada
Hoy, los ciudadanos vemos con impotencia cómo el país que alguna vez celebró las investigaciones del caso Lava Jato, ahora arrincona a los fiscales que las impulsaron. Domingo Pérez no es un santo, pero su trabajo fue clave para desnudar una red de corrupción que parecía intocable. Por eso lo quieren fuera. Por eso no quieren que otros sigan su camino.
Lo que viene es peor: se busca no solo suspenderlos, sino sacarlos del Ministerio Público y, de ser posible, castigarlos penalmente. Se trata de generar miedo, de escarmentar. Que nadie más se atreva a cuestionar al poder.
¿Y nosotros?
La sociedad parece paralizada. Pero el silencio no puede ser la respuesta. Si caen los pocos fiscales que quedan con coraje, mañana no quedará nadie para investigar a quienes nos consideran que el Perú es su chacra.
Lo que está en juego no es solo la carrera de Domingo Pérez. Es el alma de una democracia que, aunque golpeada, todavía resiste.
