Desde hace más de siete años, el Perú intenta ser parte de la OCDE. Uno de los requisitos para dicha membresía es, claramente, la división de poderes y la independencia de la judicatura. por lo que, con la investigación sumaria contra los miembros de la JNJ peligra nuestra adhesión a tan importante foro internacional.
De acuerdo con su portal web, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una institución internacional con 60 años de antigüedad. Su misión es lograr que los ciudadanos de los países miembros alcancen altos niveles de vida a través del diseño de políticas públicas. La OCDE trabaja para establecer estándares internacionales y soluciones basadas en evidencia a los grandes retos sociales, medioambientales y económicos. En América Latina forman parte del citado organismo México, Chile, Colombia y Costa Rica; es decir el único país de la Alianza del Pacífico que no tiene afiliación es el Perú.
La OCDE tiene un enfoque de trabajo que se divide en tres grandes rubros. El primero es la generación de compromisos. Al ser un foro mundial, se promueve la participación de comités temáticos, grupos de expertos, grupos de trabajo, representantes gubernamentales y de la sociedad civil. Es decir, se busca compartir ideas, experiencias y soluciones en aras de resolver problemas públicos en común. En segundo lugar, la generación de evidencia. Cada año este organismo genera datos, cifras, análisis y recomendaciones a los países miembros para asesorarlos en el proceso de toma de decisiones. Tercer aspecto, el establecimiento de estándares. La OCDE en colaboración con los países miembros, establece estándares, normas y códigos internacionales. Entre los estándares existen ya documentos jurídicamente vinculantes. Un ejemplo claro es la Convención para Combatir el Cohecho aprobada en 1997.
Para nuestro país, formar parte de la OCDE ha sido un sueño esquivo. El 22 de junio del año 2016, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, solicitó formalmente la membresía para formar parte de la OCDE. Ese mismo año, el presidente PPK estimaba que “en los próximos tres años ingresábamos”, subrayando que “el 70% del plan ya se había cumplido”. Nada ocurrió. Durante el gobierno de Pedro Castillo, el ex premier Aníbal Torres, declaraba que la “adhesión del Perú a la OCDE es una política de Estado”. Tampoco se materializaron avances significativos. El pasado el 7 de junio, Alberto Otárola entregó en París el “memorando inicial” que ratifica la voluntad del Estado peruano de adherirse al citado organismo.
El 10 de junio del 2022, este organismo adoptó la Hoja de Ruta para la Adhesión de Perú a la Convención de la OCDE. En dicho documento se establecen los términos, las condiciones y el procedimiento para nuestro ingreso. En la lista de principios básicos de incorporación, el Comité de Gobernanza Pública recalca que nuestro país debe contar con “una estructura sólida de gobierno, incluida la separación de poderes y la capacidad de mantener el Estado de derecho y fortalecer continuamente la confianza en las instituciones y la democracia”.
El asalto que el Congreso de la República pretende materializar contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), atenta contra uno de los requisitos fundamentales señalados en la Hoja de Ruta. Dos argumentos apuntan en este sentido.
El primero, el comunicado de Naciones Unidas Perú, donde expresa su preocupación por la aprobación de una investigación sumaria contra los miembros de la JNJ. De acuerdo con la ONU, dicha investigación es contraria a los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura adoptados por la Asamblea General en 1985. Este comunicado fue enfatizado desde Ginebra por Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que exhortó al parlamento peruano a cumplir con los principios básicos de la ONU y a respetar la separación de poderes.
El segundo, el comunicado conjunto de ocho embajadas en nuestro país, indicando que apoyan “los principios fundamentales de la democracia, incluyendo una sociedad civil dinámica, la separación de poderes y la independencia de las instituciones”. De los ocho países firmantes, siete son miembros plenos de la OCDE: Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, México, Francia y Reino Unido.
A manera de conclusión, podemos indicar que la membresía plena a la OCDE es una política de Estado que perseguimos desde hace más de siete años, sin resultados concretos. Uno de los requisitos para dicha membresía estipulado en la Hoja de Ruta, es claramente la división de poderes y la independencia de la judicatura. En este sentido, las acciones del Congreso de la República contra la Junta Nacional de Justicia atentan contra este principio básico, por lo que peligra nuestra adhesión a tan importante foro internacional.
