Cinco congresistas han sido denunciadas por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores en sus despachos. Se trata de la cifra más alta de legisladores acusados de ‘recorta sueldos’ en comparación a legisladores anteriores. Repasamos quiénes son.
En las últimas semanas varios congresistas del actual Congreso de la República han sido acusadas de recordar los sueldos de los trabajadores de su despacho a través de diversas modalidades: a través de chats, depósitos e incluso acudiendo al cajero para hacer retiros.
Lamentablemente, esta no es una situación que nos suene lejana, pues los últimos Parlamentos, por lo menos desde el 2011, han tenido sus propios congresistas ‘recorta sueldos’.
Pero el Parlamento 2021-2026 ha marcado un hito. Hasta el cierre de este informe, son cinco las congresistas que han sido señaladas, acusadas o con investigación abierta por este tema: Katy Ugarte (no agrupada), Rosío Torres, Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso), Heydi Juárez (Podemos Perú) y María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular).
¿Cuál es la situación de cada una de estas legisladoras?
María Cordero Jon Tay
Fiscalía ha abierto una investigación preliminar contra la congresista fujimorista por ser presunta autora del delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares realizados a trabajadores de su desapacho.
En la investigación del Ministerio Público contra la parlamentaria elegida por Tumbes se incluye a Braden Alexander Paredes Calla, técnico de archivos del Congreso de la República, como presunto cómplice.
Katy Ugarte
Trabajadores de la congresista no agrupada denunciaron en el dominical Cuarto Poder que entregaban entre S/ 300 y S/ 400 como “aporte voluntario” utilizado para mejorar la imagen pública de la legisladora elegida por el Cusco.
Esto se conoció a través de chats mostrados en el mencionado programa periodístico, en la que sus trabajadores revelaban que recaudaban al rededor de S/ 2000 soles para esta finalidad. Quien recibía el dinero era Wilber Felices Villafuerte, hombre de confiana de Ugarte. Incluso se mostraron comprobantes de la transferencia.
Actualmente katy Ugarte es investigada por la Comisión de Ética del Congreso de la República.
Congresistas acusados de recortar sueldos o ‘pedir préstamos’ a sus trabajadores en Parlamentos anteriores
-Congreso 2020: Rosario Paredes (Acción Popular) – Ética Parlamentaria decidió acusarla. Luego fue candidata en las Elecciones 2022.
-Congreso 2016-2021: Jorge Castro (Frente Amplio); Lizeth Robles (Cambio 21).
-Congreso 2011-2016: Michael Urtecho (Solidaridad Nacional); Alejandro Yovera (Acción Popular/Frente Amplio, ex Fuerza Popular).
Rosío Torres, Magaly Ruiz y Heydi Juárez
Otro reportaje dominical reveló que el extrabajador del Congreso Carlos Marina Puscán pedía un aporte voluntario de S/ 1500 a los trabajadores del despacho de Magaly Ruiz (APP); de este mismo grupo parlamentario, Rosío Torres habría obligado a sus trabajadores a realizar depósitos de sus sueldos a la cuenta de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.
A Heydi Juárez, quien ingresó al Congreso como parte de la bancada de Alianza Para el Progreso, luego fue expulsada y ahora se encuentra en Podemos, el ciudadano José Alvarado Roja presentó una denuncia constitucional por el presunto delito de concusión.
¿Qué pasó en Alianza Para el Progreso? “La desesperación por obtener un mayor número de curules en el Parlamento habría llevado a Alianza Para el progreso a ‘fichar’ personajes con cierto apoyo político en sus regiones, sin pasar por un riguroso filtro. Estos actos de recortes de sueldos es una acción de responsabilidad personal de cada congresista, pero impacta en el partido político”, sostiene Richar Tapia, liberteño y director del Instituto Peruano de Comunicación Pública.
Los ‘mocha sueldos’ en los últimos años
Incluso el Congreso Extraordinario 2020, que solo ejerció un año, tuvo a su propia congresista recorta sueldos. La parlamentaria Rosario Paredes, de Acción Popular, fue acusada por su trabajadora de haberle hecho depositar la mitad de su sueldo a ota trabajadora del Congreso e incluso a una tercera persona a pedido del esposa de la popular ‘Charito’.
Incluso Acción Popular emitió un comunicado en el que pedían que la Comisión de Ética investigue el asunto. Lo cierto es que meses después, ‘Charito’ se presentó como candidata en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
“Ante este hecho vemos cosas como los roba cable, los come pollo, los violadores, y ahora los recortadores de sueldo. Por lo tanto no deberíamos extrañarnos ante estas manifestaciones que son má de lo mismo. Ahí vale la pena reflexionar sobre qué estamos haciendo para que estos temas no se repitan, que estos delitos no se multiplequen. El camino es una reforma política”, sostiene el analista político Óscar Díaz.
La paradoja de la ética
Dos de las congresis denunciadas e investigadas, Rosío Torres y Magaly Ruiz, formaron parte de la Comisión de Ética del Congreso. ¿Estamos a tiempo de cambiar? ¿Dónde queda la ética parlamentaria cuando integrantes de esta comisión son acusadas de recortar sueldos? Alonso Villarán, especialista en ética y gestión pública, dice lo siguiente: “Un político debe serguir la regla de oro, tratar a los ciudadanos como quisieran que los traten. Lo que tenemos, en cambio, son políticos que, en su mayoría, no se ponen en los zapatos ni de sus colaboradores más cercanos, como en el caso de los congresistas que cobran cupos a sus trabajadores. La revolución que necesitamos vendrá de cada uno de nosotros y nuestro compromiso con la ética, es decir, con la misma regla de oro”.
Para el comunicador político Gianfranco Vigo, todo parte del hecho de que “ahora se ve y se percibe la política como un gran negocio”. “El postular a un cargo como congresista de la República obedece a intereses particulares, económicos para defender desde el Parlamento a ciertos negocios empresariales, a ciertos negocios o legislar para brindar cierto tipo de beneficios o favorecer intereses que no siempre lindan con lo legal. Entonces la inversión en la campaña política se percibe como una que tiene que ser recuparada”, agrega el analista cajamarquino.
En el Perú, nuestras autoridades se siguen superando a sí mismas mientras la población revive problemas que tienen años. Como dicen los especialistas, solo una reforma política radical podría cambiar esta situación.