Hoy día, el Pleno del Congreso debatirá el informe de la Comisión de Justicia que propone destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta “causa grave”. Un asunto fundamental que deberá definirse es si se votará en conjunto -es decir, para destituir o no a los siete integrantes de la JNJ- o si se hará, en cambio, por separado
Esta última opción es la que ha tomado fuerza entre los sectores que defienden la salida de los magistrados porque una votación en bloque no garantiza que se llegue a los 87 votos que exige la Constitución.
En cambio, ir uno a uno aumenta las posibilidades de que el Legislativo se ponga de acuerdo en salvar a algunos y condenar a otros.
Están en la mira, sobre todo, la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, el vicepresidente, Aldo Vásquez, e Inés Tello, quien tiene a su cargo las investigaciones sobre la actuación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Gladys Echaíz, de Renovación Popular, es quien se ha manifestado a favor de que la decisión sea de manera personalizada, por ejemplo.
De hecho, durante el debate en la Comisión de Justicia, ya se empezaba a sugerir entre los legisladores que las responsabilidades deberían ser individuales. Esto a pesar de que la moción de orden del día de Patricia Chirinos (Avanza País) plantea la destitución de todos, sin distinciones.
Autoritarismo. El Congreso apela a la fuerza de los votos para controlar otros poderes. Foto: difusión
“No se podría debatir la propuesta de remoción de manera individual porque el encargo del Pleno a la Comisión de Justicia hacía referencia a todos los miembros de la JNJ. Además, no hay que olvidar que no hay ningún informe por debatir en el Pleno, porque dentro del plazo otorgado a la comisión no se aprobó ninguno”, advirtió el abogado de la doctora Tello, el constitucionalista Omar Cairo.
Cairo hizo referencia al hecho de que en la comisión primero se había elaborado un informe técnico en el que no se hallaba “causa grave” en ninguno de los cinco cargos incluidos en la moción de Chirinos.
Sin embargo, los congresistas, bastante molestos, decidieron cambiar el contenido del documento y, con el plazo a punto de vencerse, aprobaron un informe que sí hallaba responsabilidad, aunque “con cargo a redacción”.
Es decir, votaron por un informe que, en la práctica, no existía todavía.
Desequilibrio de poderes
De los cinco cargos, son tres los que, de acuerdo con los legisladores, constituyen “causa grave”: por el pronunciamiento sobre el caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; por la interpretación del límite de edad máximo para integrar la Junta; y por la demora en la presentación de los informes anuales.
El problema de fondo -como han hecho notar diferentes expertos- es que no se encuentra tipificado qué significa “causa grave”. Este vacío le permite al Legislativo justificar la captura de la JNJ bajo cualquier pretexto y por la simple suma de los votos.
“El Congreso no ha cumplido con su tarea de regular o tipificar la causa, están en falta. Sin embargo, esos mismos que están en falta por no haber cumplido con su función de legislar, hoy pretenden ejercer el retiro de los miembros de la JNJ”, advirtió la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma.
Ledesma añadió que el proceder del Congreso afecta el principio de legalidad, según el cual no hay sanción si previamente la conducta no se encuentra establecida en la ley.
“Actuar en contra de este principio jurídico básico es alterar la seguridad jurídica y las garantías de un debido proceso”, dijo Ledesma.
Advirtió que el Congreso estaría alterando el equilibro de poderes al pretender intervenir en la composición de los integrantes de la JNJ, recurriendo a justificaciones que no tienen contenido jurídico.
“Se aproxima el golpe parlamentario”
Marianella Ledesma señaló que el orden constitucional se ha alterado en las últimas décadas por autoridades electas de manera legítima. “Podría desencadenarse un golpe cuando desde el Congreso se interviene y retira a los integrantes de otro órgano del Estado, impidiendo e interfiriendo en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. El objetivo es el control total del aparato estatal y del orden constitucional para perpetuarse en el poder, controlando instituciones básicas, como son el sistema judicial y el sistema electoral. Luego del autogolpe de Castillo, vemos que se aproxima el golpe parlamentario”, advirtió la expresidenta del TC.
La clave
Funciones. La JNJ se encarga de nombrar y ratificar a jueces y fiscales y a los jefes de las instituciones electorales, como la ONPE y el Reniec. De ahí que se haya advertido que la real intención del Parlamento es controlar los próximos comicios generales.
