Crisis institucional. La pretendida suspensión al fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo que investiga los casos de Lava Jato, se suma a las pugnas que se advierten como una estrategia para copar instituciones desde el Congreso, en sintonía con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la lucha anticorrupción.
La reciente suspensión en primera instancia contra el fiscal superior y coordinador del equipo especial de los casos de Lava Jato, Rafael Vela, es un nuevo elemento que demuestra que el sistema de justicia peruano atraviesa, al igual que otras instituciones públicas en nuestro país, una profunda crisis.
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió al fiscal en su cargo por ocho meses y quince días debido a unas declaraciones del año 2020 en el marco del proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Vela había cuestionado la decisión judicial que revirtió la prisión preventiva de quince meses a Fujimori por el caso Odebrecht. Por esa razón, la jueza Sonia Torre Muñoz, que dio ese fallo favorable a la lideresa naranja, planteó una queja.
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En la mira. Las atribuciones de la JNJ la convierten en un botín político muy anhelado. Foto: difusión
Tres años después, en la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía toman esa queja y deciden suspender al fiscal. Vela ha anunciado una apelación. Mientras se resuelve, seguirá ejerciendo su función.
La resolución de suspensión contra el coordinador del equipo que investiga Lava Jato fue suscrita por el fiscal superior Carlos Muñoz León, quien había llegado a la Autoridad Nacional de Control solo un día antes.
Ahora, quien tendrá que resolver la apelación de Vela es el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, quien ha sido colocado ahí por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyos integrantes hoy se encuentran bajo la amenaza de una destitución por parte del Congreso a través de un proceso sumario.
Y acá hay que detenerse de nuevo. Fernández, según un informe de control de la Contraloría General posterior a su nombramiento, acreditó, como parte de su hoja de vida, unos diplomados cuyos supuestos docentes niegan haber dictado.
Ante las observaciones sobre Fernández, la JNJ señaló en un comunicado que, en atención a este informe de Contraloría, se ha “dispuesto el inicio de las indagaciones respectivas para establecer la existencia o no de irregularidad” y “de ser el caso, establecer las responsabilidades que correspondan”.
Es decir, la persona que tendrá que pronunciarse sobre la situación de Rafael Vela también enfrenta una investigación en la JNJ que, a su vez, tiene que hacer frente a la arremetida de un sector del Legislativo que pretende echar a todos sus magistrados por acusaciones sin sustento.
Recursos. La fiscal Benavides no quiere ser investigada. Foto: difusión
La JNJ tiene importantes atribuciones, como nombrar, ratificar y retirar de jueces y fiscales y designar a los jefes de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y el Reniec (Registro Nacional de Identificación).
Diversos sectores advierten un interés parlamentario que forma parte de una estrategia de copamiento que ya alcanzó a otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional (TC).
La JNJ no solo está en la mira del Congreso. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está haciendo todo lo que puede para detener las investigaciones que se le siguen ahí.
Esta semana, Benavides sufrió un revés en ese propósito. La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló la resolución que dispuso concederle una medida cautelar para suspender las indagaciones en la JNJ que la comprometen. De este modo, estas podrán continuar, entre ellas, las que se refieren a supuestas gestiones que favorecieron a su hermana con la salida de la fiscal Bersabeth Revilla y el caso de sus tesis de posgrado aún no ubicadas.
Alerta. El Congreso promueve el copamiento institucional. Foto: difusión
La Tercera Sala Constitucional sostuvo que el fallo que favorecía a Benavides estaba incursa en vicio de nulidad por carecer de una correcta fundamentación y solicitó que se emita un nuevo pronunciamiento sobre la cautelar respetando los criterios procesales.
En paralelo, Benavides interpuso una demanda competencial ante el TC en que alega que la JNJ ha ejercido su potestad sancionadora de modo indebido, afectando el principio de separación de poderes por investigaciones sobre ella.
“Esto parece ‘Games of Thrones’. Tienes que matar o morir. También se parece a algo que hemos tenido en las relaciones Ejecutivo-Legislativo durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Quién mata primero? (…). Esa dinámica de que yo te sustituyo, pero antes te destituyo yo es el drama que está viviendo la Fiscalía el día de hoy”, expresó la periodista y abogada Rosa María Palacios en su programa Sin guion, en La República.
¿Los resultados de las investigaciones a la fiscal Benavides se conocerán antes de que se pronuncie el TC? ¿Antes de que el Congreso proceda a destituir a los miembros de la JNJ? Quién anulará primero al otro. En estos momentos, estas son preguntas aún por responderse.
Benavides puso a fiscal que dispuso suspender a Vela
La cabeza del Ministerio Público, Patricia Benavides, designó al fiscal Carlos Alberto Muñoz León en el despacho de la Autoridad Nacional de Control de esta entidad, quien luego dispuso suspender a su colega Rafael Vela, coordinador del equipo que investiga los casos Lava Jato. Muñoz dio su resolución con esta medida apenas un día después de haberse instalado en la Autoridad Nacional de Control, una situación que generar suspicacias.
La fiscal de la Nación pone paños fríos. “Respaldo a todos los coordinadores que trabajan. El doctor Vela sigue ejerciendo su función como coordinador del equipo especial y de las fiscalías especializadas de lavado de activos”, dijo Benavides a la prensa, tras participar en la Comisión de Justicia en el Congreso.
