Las elecciones presidenciales en Ecuador deberían ser un ejercicio de soberanía popular. Sin embargo, lo que se vive hoy es una batalla desigual, donde los grupos de poder económico y político han desplegado una maquinaria de desinformación y persecución mediática contra la candidatura de Luisa González, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) —antes garante de la transparencia— ha sido convertido en un apéndice del gobierno actual.
1. Luisa González: Una candidatura con amplio respaldo, pero bajo ataque
Los sondeos reflejan que Luisa González tiene posibilidades reales de victoria, sustentadas en un discurso de justicia social y recuperación de la soberanía nacional. Sin embargo, su campaña enfrenta:
- Una guerra mediática sin precedentes: Los grandes conglomerados de comunicación (vinculados a la banca y al poder económico) invierten millones en publicidad negativa, caricaturizándola como una amenaza.
- Lawfare (guerra judicial): Procesos amañados y difamación constante, estrategias ya vistas en otros países de la región.
- Asimetría informativa: Mientras sus rivales tienen cobertura las 24 horas, a González se le silencia o se le distorsiona.
2. El CNE: De árbitro a instrumento del poder
El Consejo Nacional Electoral (CNE) era, en teoría, el garante de elecciones limpias. Pero tras los cambios arbitrarios en su composición, hoy está controlado por figuras afines al gobierno actual. Esto abre la puerta a:
- Manipulación de actas y conteos: Con el CNE cooptado, el resultado podría “ajustarse” para favorecer al candidato del establishment.
- Obstaculización de auditorías: Si hay denuncias de irregularidades, no habrá voluntad para investigarlas.
- Proclamación apresurada: Un CNE parcializado podría declarar ganador al candidato oficialista incluso ante evidencias de fraude.
3. El peligro de un “autogolpe electoral”
El escenario más preocupante es que el actual gobierno, ante su impopularidad, busque perpetuarse mediante un fraude técnico:
- Uso de recursos del Estado: Campaña encubierta con publicidad oficial.
- Presión a funcionarios: Fiscales, jueces y fuerzas armadas alineados para callar denuncias.
- Criminalización de la protesta: Cualquier reclamo por transparencia será tachado de “desestabilización”.
El modelo ya se ha visto antes: Bolivia (2019), Honduras (2017), incluso el propio Ecuador en el pasado.
4. ¿Qué hacer? La ciudadanía debe estar alerta
Ante este panorama, la democracia no puede depender solo de las instituciones. Es crucial:
✅ Observación internacional: Exigir misiones de la OEA, ONU y UNASUR para monitorear el proceso.
✅ Fiscalización ciudadana: Redes de veedores que documenten irregularidades en mesas de votación.
✅ Movilización pacífica: Prepararse para defender el voto en las calles, si es necesario.
✅ Denuncia mediática alternativa: Romper el cerco informativo con redes sociales y medios independientes.
El momento de defender la democracia
Ecuador está ante una disyuntiva histórica: aceptar un resultado amañado que consolide el poder de las élites o resistir para que prevalezca la voluntad popular. El fraude no es solo un riesgo, es una estrategia en marcha.
La comunidad internacional y los ecuatorianos deben actuar ahora, antes de que el CNE convierta estas elecciones en una farsa. ¡Estamos avisados!
