“Si no había orden judicial, ni en estado de emergencia se puede hacer eso”, sentenció Espinosa-Saldaña.
El jurista recordó también que la Constitución establece que en un marco como el del estado de emergencia impuesto en estos días por el Gobierno de Dina Boluarte se suspenden los derechos relativos a la libertad y a la seguridad personal, pero permanecen vigentes garantías básicas.
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“No se anulan la inviolabilidad del domicilio ni la libertad de reunión y de tránsito”, precisó el exintegrante del Tribunal Constitucional.
El magistrado agregó que el Ministerio Público deberá determinar responsabilidades sobre lo ocurrido en la mencionada universidad nacional.
“La decana es la responsable, pero no la dueña de la universidad”, dijo Espinosa en referencia a que ella habría solicitado la intervención.
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Desde ese día, aproximadamente 200 personas fueron detenidas, obligadas a mantenerse en el piso, para posteriormente ser trasladadas a la Dirincri y a la Prefectura. Se destruyeron donaciones, se impidió el ingreso de abogados, congresistas y representantes de la Defensoría del Pueblo.
En diálogo con La República, el abogado penalista Andy Carrión calificó de violenta y desproporcionada la intervención policial.
“Por el principio de razonabilidad, no significa que en el marco del estado de emergencia ellos pueden ingresar con tanques, policías y humillarlos en el trato propio de las intervenciones”, comentó.
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Advirtió además que abusar del estado de emergencia y salirse de los márgenes que contempla la Constitución puede convertirse en un ilícito. “Deberán analizarse responsabilidades por los presuntos delitos de abuso de autoridad, trato cruel y el privar a una persona del derecho a la defensa”, indicó.
Finalmente, dijo que las investigaciones sobre las presuntas responsabilidades de los detenidos se complicarían debido a que la intervención se hizo sin presencia de fiscales. “Los indicios no podrán ser validados a nivel judicial”, anotó.
Lema antiterrorista, según la PNP, incentiva la violencia
Según el acta al que accedió La República, la PNP justifica su irrupción en la universidad San Marcos afirmando que al constituirse en el campus, que se ubica en la avenida Carlos Germán Amezaga (Cercado de Lima), se constató que las puertas de acceso 1 y 3 se encontraban aseguradas y trabadas con cadenas y candados.
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Sobre ello, dice además que dichos accesos estaban cubiertos en su totalidad con pancartas y telas con diversas descripciones alusivas a incentivar actos de violencia como: “La sangre derramada no será olvidada”, “no matarás ni con hambre ni con las balas” y “Dina asesina”.
De los tres lemas mencionados, el único nuevo es el último, acuñado a propósito de las más de cincuenta muertes producidas en el Gobierno de Dina Boluarte, desde el 7 de diciembre. El primero es un clásico de las manifestaciones populares, usado en nombre de dirigentes fallecidos.
Pero llama la atención que la Policía crea que el segundo lema “incentive actos de violencia”, cuando más bien fue el grito con el que los ciudadanos salieron a las calles en noviembre de 1989 para desafiar a Sendero Luminoso, que había convocado a un paro nacional. Esa histórica marcha fue liderada por la Iglesia y los partidos políticos.
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Vicente Romero asegura que se enteró de intervención policial por televisión
El ministro del Interior, Vicente Romero, intentó deslindar de su responsabilidad en la intervención policial —llevada a cabo el último sábado 21— en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Aseguró que se enteró de la destrucción de la puerta 3 de la casa de estudios por intervención del vehículo multipropósito TE-10415 de la Policía Nacional del Perú y el ingreso al campus de 300 integrantes de las fuerzas del orden por televisión. Descartó que dicho operativo haya sido ordenado desde el Ejecutivo.
“No hubo la decisión política porque esa fue una decisión netamente de la Policía que ha tenido. Yo me he enterado cuando he estado viendo la intervención por televisión. Por delito de flagrancia lo han realizado”, declaró a Exitosa.
