Testimonio. Uno de los argumentos contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia es la supuesta interferencia en el caso de la exfiscal Zoraida Ávalos, pero la versión es negada por la expresidenta del Poder Judicial. Comisión de Justicia citó a Tumialán, Vásquez, Ávila y Tello, pero suspendieron la sesión.
La expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló en conversación con La República que ni ella ni otro juez supremo recibieron presión de parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para pronunciarse en favor de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, quien estaba atravesando un proceso de inhabilitación desde el Congreso.
“No hubo ningún tipo de presión”, señaló.
Dijo que lo que un grupo de jueces supremos pidió fue la realización de una Sala Plena para que ahí se establezca una posición institucional a favor de la independencia judicial y de la institucionalidad democrática, pero no en defensa de ninguna persona en particular.
Además, sostuvo que el actual presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, le aseguró en Trujillo, durante una actividad institucional, que él tampoco había recibido presión alguna. “A mí me ratificó el presidente Arévalo que nadie lo había presionado”, dijo Barrios
Sin embargo, uno de los argumentos para querer tumbarse a la JNJ es que miembros de esta se habrían puesto en contacto con Arévalo para invitarlo a que se emita un pronunciamiento favorable a la exfiscal de la Nación.
Objetivos. Jefes del JNE, Jorge Salas, y ONPE, Piero Corvetto. Foto: Antonio Melgarejo/La República
Pero en la moción solamente se recogen trascendidos, sin ofrecer ningún indicio concreto de una intromisión.
Suspensión
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la parlamentaria Janet Rivas (Perú Libre), había citado para hoy a Imelda Tumialán (presidenta de la JNJ), Aldo Vásquez Ríos (vicepresidente), Henry Ávila e Inés Tello. También estaba convocada Patricia Chirinos (Avanza País), impulsora del proceso sumario.
El martes se había aprobado el plan de trabajo para el proceso sumario, apenas una hoja con los nombres de quienes serán invitados a testimoniar. Entre ellos figuran la jueza Barrios y sus colegas César San Martín y Janet Tello.
Ayer también se supo que el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de hábeas corpus presentada a favor de los integrantes de la JNJ. El recurso es responsabilidad de los abogados Carlos Vladimiro Paredes Flores y Moisés Chamorro. Sin embargo, fuentes de la JNJ informaron no tener relación alguna con esta iniciativa.
Otro de los argumentos en contra de la JNJ tiene que ver con la edad de la señora Tello, de 78 años.
La discusión es si los 75 años mencionados en la Constitución como límite de edad para un miembro de la Junta se refieren al ingreso o a la permanencia en el cargo. La JNJ interpreta lo primero.
Al respecto, el exprocurador César Azabache hizo notar que Wilson Soto (Acción Popular) y Chirinos propusieron dos proyectos de ley sobre la edad de cese de los magistrados de la JNJ, que no han sido aprobados. “Son evidencia del vacío legal. Esos proyectos demuestran que no se puede pretender que sea delito interpretar una ley que los propios congresistas han reconocido está incompleta”, dijo. Estas dos iniciativas, las de Soto y Chirinos, son parte del paquete que la ONU ha contabilizado en contra de instituciones que son independientes.
Congreso al descubierto
El 11 de setiembre, en Ginebra, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, comentó que desde enero ha detectado 13 proyectos de ley y cinco denuncias constitucionales de este Congreso contra instituciones autónomas.
De las iniciativas de ley a las que hizo referencia Türk, 11 son contra el sistema electoral y dos contra la JNJ. Seis de ellas pretenden modificar el artículo 99 de la Constitución para que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto; y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, sean pasibles de antejuicio y juicio político.
Las bancadas que impulsan esas contrarreformas son Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Acción Popular (ver infografía). En abril, el Tribunal Constitucional (TC) les abrió la puerta con una sentencia que recomienda modificar la carta magna para habilitar que las autoridades electorales puedan ser acusadas constitucionalmente.
Desde el JNE cuestionaron estas iniciativas porque vulneran su autonomía y lo expone a revanchismo político. Recordemos, en 2021 el JNE y la ONPE desestimaron la denuncia de Keiko Fujimori de fraude electoral.
Las otras cinco propuestas de ley son para modificar la composición del Pleno del JNE, la edad máxima de sus integrantes y habilitar que el acta electoral sea destinada también a las Fuerzas Armadas. Las bancadas detrás de esos proyectos son Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País y la no agrupada María del Carmen Alva.
Esas son las 11 contrarreformas contra el sistema electoral y se encuentran en la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Martha Moyano.
Existen dos proyectos más, pero que apuntan contra la JNJ. Son impulsadas por los congresistas Patricia Chirinos, de Avanza País, y Wilson Soto, de Acción Popular. Ambos plantean que los abogados mayores de 75 años no puedan integrar la junta. Así buscan remover a la magistrada Inés Tello.
Abuso del juicio político
Aparte de estas contrarreformas, la derecha parlamentaria interpuso cinco denuncias constitucionales para hostigar el sistema judicial y electoral.
Tres acusaciones fueron presentadas por Chirinos, la misma que impulsó la moción para investigar y remover a los integrantes de la JNJ.
La primera es porque en julio pasado los magistrados pidieron al Legislativo reflexionar sobre su decisión de inhabilitar a la exfiscal ZoraidaÁvalos.
La segunda es porque supuestamente los miembros de la JNJ presionaron al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que la Corte Suprema se pronuncie en contra del juicio político a Ávalos.
La tercera es porque no habría presentado su informe anual de gestión.
Las infracciones mencionadas en estas denuncias fueron repetidas en la moción que Chirinos presentó la semana pasada para someter a la JNJ a una investigación sumaria y exigir la remoción de sus integrantes por falta grave.
Este Congreso le ha dado carta abierta a la parlamentaria. Mientras la Comisión de Justicia indaga sobre las irregularidades de la JNJ, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dará cuenta hoy de dos acusaciones de Chirinos contra los magistrados de dicha institución.
La cuarta denuncia detectada por Türk fue presentada por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, también contra la JNJ, debido a que en el 2020 su Pleno decidió que la magistrada Tello continúe pese a tener más de 75 años.
La quinta fue interpuesta por la legisladora de Avanza País, Rosselli Amuruz, contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. El caso está estancado porque la Constitución aún no permite denunciar a los jefes electorales. Por eso, el fujimorismo y sus aliados buscan aprobar una contrarreforma que les permita someterlos a juicio político.
Dos exhortaciones equivalentes
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le pidió a la Comisión de Justicia del Congreso respetar las garantías constitucionales durante el proceso de investigación sumaria a los integrantes de la JNJ. Es relevante porque uno de los argumentos contra la JNJ fue la exhortación que hizo al Parlamento para que reflexione sobre el caso de Zoraida Ávalos. “Son equivalentes. Esto prueba que pronunciarse en asuntos de interés público es una de las funciones de las magistraturas del Estado”, indicó César Azabache.
