Problema latente. Según encuesta del IEP, el 45% se siente muy inseguro y el 35% algo inseguro ante un eventual asalto. Esta percepción, en su mayoría, está en Lima Metropolitana, donde la sensación de mayor temor se eleva al 53%. Los sectores socioeconómicos más bajos son los más afectados. Faltan políticas de prevención.
La inseguridad ciudadana es un dilema que viven y padecen los peruanos a diario. Y la preocupación de ser víctima de delincuentes se ha incrementado, sobre todo en Lima Metropolitana y otras zonas urbanas, en su mayoría de los niveles socioeconómicos más bajos.
Así lo da a conocer la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Respecto a la percepción del lugar donde viven: el 80% de los encuestados respondió sentirse inseguro ante la posibilidad de ser víctima de un asalto. Este porcentaje se incrementó en comparación con abril, cuando esa sensación era de 75%.
De ese 80%, el 45% respondió sentirse muy inseguro y el 35% algo expuesto.
Por otro lado, solo el 5% de las personas abordadas para este estudio respondieron sentirse muy seguros en el lugar o barrio donde residen. En abril, este número era de 7%. Mientras que el 15% dijo sentirse algo seguro, cuatro puntos menos en comparación con la encuesta anterior.
Los segmentos
La mayor percepción de inseguridad ciudadana está en Lima Metropolitana. De hecho, de quienes se sienten muy inseguros, el 53% está en la capital y el 44% en el Perú urbano. Y es en el nivel socioeconómico C donde los ciudadanos tienen mayor temor, en el que alcanza el 52%.
Pero las demás regiones no están eximidas de este problema. El IEP detalla que, sin Lima, el 40% de la población se sentiría muy inseguro. Esta situación afecta más a mujeres, con el 48%. También a las del nivel socioeconómico C, con 52%.
Infografía – La República
Lo preocupante además es que, en el último año, el 61% de las personas que refirieron sentirse así fueron víctimas de la delincuencia.
Mientras que en los últimos tres años, de acuerdo a las respuestas de las personas encuestadas por el IEP, 4 de cada 10 peruanos han sido presas de la delincuencia.
En esta situación, ante la pregunta sobre la tenencia de armas de fuego para protegerse, el 51% respondió que no la obtendría para salvaguardarse, mientras que el 47% aseguró que sí apelaría a ello.
Análisis de la situación
El exministro del Interior Rubén Vargas precisó que la percepción de la inseguridad ciudadana es el resultado de muchas variables: la inestabilidad política, la crisis económica y la forma caótica en la que se encuentra la región.
“Lima es una de las regiones con mayor percepción de inseguridad, principalmente por el nivel de población que tenemos, pero también porque hay un claro abandono de los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones. La ciudad está caótica y desbordada porque los alcaldes no están recuperando los espacios públicos; la ciudad ha sido tomada por la informalidad y la economía ilegal”, opinó.
Vargas recordó que los alcaldes deben entender que tienen un papel de responsabilidad con acciones de prevención. “Los serenos deben prevenir; la persecución es labor de los policías. Los alcaldes deben coordinar con la Policía Nacional del Perú, con la comisaría, y eso no se está haciendo”, lamentó.
Remarcó que uno de los problemas que aquejan a los ciudadanos es la extorsión. Nuestra economía, en su gran mayoría, es informal. ¿Cómo se relaciona este factor con el incremento del crimen? “Hay ciudades donde la informalidad llega hasta el 80%. Ese es terreno fértil para las extorsiones y eso hace que las víctimas no recurran a la policía”, dijo.
Añadió que muchas veces las extorsiones son consecuencia de la irresponsabilidad de las empresas de telefonía que están facilitando vendiendo chips callejeros. “La extorsión utiliza el teléfono, y los estafadores utilizan el chip. Hay empresas que, a pesar de que está prohibido, están vendiendo chips liberados con identidades de personas”, sostuvo Vargas.
Infografía – La República
La inseguridad y la democracia
Ayer La República también informó que, de acuerdo a la encuesta del IEP, el 51% apoyaría a un líder que acabe con la delincuencia pese a no respetar los derechos de las personas.
Rubén Vargas enfatizó que “sin ninguna duda es un porcentaje preocupante, pero es consecuencia directa de esa falta de autoridad, de una visión estratégica para enfrentar los problemas de seguridad”.
Para que la población se sienta identificada con la democracia, agregó el exministro del Interior, la ciudadanía tiene que recibir un servicio básico: la seguridad.
“La razón del Estado y el Gobierno es que se compromete a defender la vida y la propiedad de los ciudadanos. Ahí nace el pacto social, la aceptación del ciudadano de someterse a la autoridad, porque esa autoridad se compromete a proteger la vida. Cuando el Estado no puede garantizarla, los ciudadanos cuestionan la existencia de la democracia”, manifestó.
Por su parte, el analista político José Alejandro Godoy remarcó que la seguridad ciudadana “es un tema que termina siendo importante para el ciudadano y para ver su índice de adhesión o no a la democracia”.
Para contextualizar por qué la ciudadanía suele optar por autoritarismos cuando se ve amenazada su seguridad, Godoy recordó que en 1992 “la gente respaldó una medida autoritaria como el golpe del 5 de abril por el tema del terrorismo”.
“Eso explica por qué figuras que han venido de lo militar, como Ollanta Humala, Daniel Urresti o el fujimorismo, han mantenido un porcentaje de adhesión en esta idea de que una medida autoritaria te dará algo más de efectividad”, añadió el politólogo.
Retomar el trabajo de inteligencia de la Policía junto con la fiscalía
Enfoque. Gino Costa Santolalla, exministro del Interior
La situación no es buena, parece haberse deteriorado a consecuencia de los cambios que ha habido en el Ministerio del Interior, sobre todo durante el gobierno de Pedro Castillo, en el que tuvimos varios ministros en muy poco tiempo y muchísimos directores generales de Inteligencia. Recordemos que Castillo hizo un esfuerzo tremendo por desarticular la capacidad policial de hacer inteligencia e investigar al crimen organizado y a la corrupción; eso ha afectado la aptitud de la policía en responder a la extorsión y al sicariato.
Creo que es urgente recomponer esa capacidad, que la Policía ha tenido en otros momentos y ha demostrado ser un arma muy efectiva de la mano de la Fiscalía contra el crimen organizado. Ha habido experiencias muy positivas con el ministro Carlos Basombrío, entre el 2016 y 2018, cuando se avanzó muchísimo. Pero ese esfuerzo por dotar a la Policía de buena capacidad de inteligencia e investigación se abandonó.
Hay que retomar el trabajo de inteligencia e investigación con la Fiscalía de Crimen Organizado. No es lo único que hay que hacer, pero es lo más urgente y lo más importante. Está en manos del sector coordinar bien con dicha Fiscalía, que dirige el doctor Jorge Chávez Cotrina, para establecer una estrategia.
Igual, la Policia viene demostrando que esa capacidad no ha desaparecido del todo, pero hay que potenciarla.
