La gran mayoría de los ciudadanos en nuestro país cree que el Congreso no respeta el principio de separación de poderes, necesario para que funcione la democracia, mientras que la presidenta Dina Boluarte y el Parlamento siguen desaprobados por multitudes, según muestra la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), una investigación realizada con el diario La República.
El estudio consultó a la población del sábado 16 al miércoles 20 de setiembre recientes y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.
Aproximadamente, un 86% de los peruanos cree que el Congreso no respeta el principio de separación de poderes. Es decir, más de cuatro quintas partes del país advierten que el actual Parlamento actúa contra este fundamento de la democracia, la independencia de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que reconoce el Estado.
Apenas un 8% de los connacionales considera que el Congreso sí respeta la separación de poderes. Esto es cerca de una décima parte de todo el Perú.
Esta percepción está algo más extendida entre los ciudadanos más acomodados del país, de los niveles socioeconómicos A y B, aunque también en ese grupo social es minoritaria.
Esta situación se evidencia cuando el Parlamento suma embestidas contra otras instituciones del Estado y se considera que busca someterlas para ampliar su poder indebidamente. La acometida más reciente es la investigación iniciada a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que nombra, sanciona y retira a todos los jueces y fiscales del país y designa a los jefes de la ONPE (Oficina Nacional de Elecciones) y Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil).
En general, un 82% de los compatriotas desaprueba la forma como Boluarte está conduciendo su gobierno. Es decir, también cerca de cuatro quintas partes de nuestra nación tiene esta estimación negativa respecto a la jefa del Estado.
Solo un 10% de los peruanos aprueba cómo la mandataria viene dirigiendo el Ejecutivo.
Esta situación de Boluarte es similar a la del mes anterior, detectada también por el IEP.
Cerca de un 90% de nuestra ciudadanía desaprueba el desempeño del actual Congreso. Es decir, nueve de cada diez connacionales coincide en esta evaluación que rechaza la actuación del Poder Legislativo.
Apenas un 6% de los peruanos aprueba el desempeño del Parlamento, menos aún que una décima parte de la nación.
Esta realidad del Legislativo también es parecida a la que el IEP encontró en agosto último.
Sistema de justicia y JNE
Un 64% de los compatriotas está en desacuerdo con que el Congreso intervenga en el sistema de justicia, un efecto de la intromisión en la JNJ. Esto es cerca de dos tercios del país en contra de este intento que se advierte.
En cambio, un 28% está de acuerdo con que intervenga allí, una cuarta parte de la población nacional, grosso modo.
También un 64% de país está en desacuerdo con que el Congreso pueda destituir al jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), otra tentativa en ciernes, según diversos indicios.
Un 27% de la ciudadanía está de acuerdo con que el Poder Legislativo sí pueda hacerlo.
Un 19% de los peruanos está en desacuerdo con que el Parlamento realice la investigación a la JNJ que ya inició, mientras que un 15% sí está de acuerdo con esto. La mayoría, de un 65%, alrededor de dos tercios del país, no sabe de esta indagación.
¿Dónde están los límites?
Patricia Zárate , jefa de Estudios de Opinión del IEP
Los límites institucionales se han ido difuminando, con más fuerza desde 2016. Ese año, el ente electoral tachó a dos candidatos con creciente intención de voto y se generó un Congreso con una mayoría absoluta que se empeñó en bloquear al Ejecutivo. Desde el Ejecutivo se promovió la no reelección de congresistas con un referéndum y un año después cerró el Congreso. El nuevo Congreso vacó a un presidente con alta popularidad. Bajo el actual Congreso se eligió un Tribunal Constitucional que no cuestiona decisiones controversiales del Legislativo. Lo que hemos venido observando en estos años es que la legislación ha sido usada en sus extremos, sin contención.
Y ahora tenemos la investigación sumaria del Congreso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por “faltas graves”. Si bien la mayoría de personas encuestadas por el IEP en este mes (65%) no conoce la discusión sobre la investigación sumaria del Congreso a la JNJ, cuando se pregunta sobre la separación de poderes y si el Congreso la respeta, un 86% cree que no lo hace.
Lo que sostiene la democracia es esta separación y vigilancia entre poderes del Estado, si esto se pierde, el equilibrio precario que tenemos también decae. Sin embargo, en un país tan desigual, donde 6 de cada 10 personas alguna vez se han quedado sin alimentos por falta de recursos en los últimos tres meses, las preocupaciones políticas e institucionales, que son vitales ciertamente, quizá no se vean tan prioritarias y difícilmente motiven una movilización. Más bien, la situación parece motivar que uno de cada dos se quiera ir del país.
