El secretario general de la Asociación Civil Transparencia en entrevista con La República señaló que estamos en un momento donde varios indicadores determinan que la salud de la democracia tiene un debilitamiento de las instituciones y se carece de políticas públicas, donde los actores solo tienen intereses propios.
¿Cuál es la lectura que usted tiene respecto a estos tiempos que vive el país?
Es un momento en donde varios indicadores sobre la salud de la democracia nos muestran que hay un debilitamiento de las instituciones, de las políticas públicas y un debilitamiento en la calidad de los actores que deberían sostener la democracia.
¿Cree que son patrones que se van repitiendo periodo a periodo?
Claro, no es un fenómeno reciente, sino que es una tendencia que hemos visto desde hace unos años y que además está ligado a problemas mucho más viejos que no hemos resuelto, no hemos podido establecer un sistema de partidos u organizaciones políticas que representan de una manera más estable las preocupaciones e intereses de los ciudadanos del país. No se ha podido establecer como Perú una estructura de distribución del poder más eficaz, incluyendo los temas de la descentralización del país.
¿El ciudadano ha perdido esa confianza en el Estado?
No hemos terminado de construir un mecanismo que acerque a la ciudadanía a su Estado y este sigue teniendo problemas muy serios en su funcionamiento, que se hace más evidente en crisis o situaciones de desastres. Queda muy clara la incapacidad del Estado para actuar inclusive en lo básico. Todo eso mezclado está generando una tensión fuerte sobre la democracia, y eso se ve en las cifras de aprobación de las autoridades públicas, en la desconfianza de la democracia, en la insatisfacción de la gente con el sistema democrático.
¿No se generan espacios públicos donde se escuche la voz de la ciudadanía, como en todo país democrático?
Eso ocurre porque no hay incentivos para que estos actores se acerquen a la gente. Pareciera que para el Ejecutivo y el Congreso no tuviera ninguna importancia la opinión de la ciudadanía, como las encuestas, las demandas de sectores ciudadanos e inclusive pueden actuar abiertamente en contra de esas preocupaciones. Tenemos un Congreso con 6% de aprobación y no hace ningún esfuerzo en remediar, al contrario, con sus conductas refuerza ese descontento ciudadano. Hemos perdido los mecanismos formales e informales que hacen que los políticos se preocupen por la ciudadanía.
¿Hay una agenda propia en ambos poderes del Estado, sobre todo en el Congreso?
El Ejecutivo y Congreso solo se preocupan o se interesan de los intereses de corto plazo propio, la mayoría de ellos atienden sus propios intereses que no tienen ninguna conexión con lo que está pidiendo la población, se dan normas que terminan favoreciendo, por ejemplo, a actividades informales y vemos que esos ámbitos de informalidad se fortalecen y prosperan. No benefician en nada a los ciudadanos.
¿La población sale a la calle, pero estas protestas no surten efecto?
El problema es en las personas cuando han salido a protestar, han visto que en el corto plazo hubo un cierto cambio, pero después vuelve todo a como estaba en los procesos que iniciaban estas protestas, no hay una eficacia, la gente termina en un pesimismo, se pide salida de todos (Congreso y Ejecutivo), pero señalan que serán más de lo mismo, eso termina desmotivándolos a que busquen cambios, generando frustración y eso termina siendo más adelante un malestar general, que termina siendo peligroso para la democracia.
¿Cree que hay un resquebrajamiento de partidos y organizaciones políticas?
Los partidos ya no son vistos como organizaciones de largo plazo, que les interesa acumular prestigio y una marca reconocida, pero sí tienen que todos piensan en el corto plazo y muchos se crean solo para una elección, se preocupan solo en tener personas que posean dinero, recursos que puedan aportar a la campaña, sin analizar que esas personas pueden tener miles de problemas o antecedentes negativos, es claro que eso no interesa porque el fin es que aporten a la organización. Cuando ya están en el Congreso, aparecen generando leyes para beneficiarse, y un caso reciente es el del presidente del Legislativo, que promueve una ley que lo favorece en un proceso penal. Ya es lo máximo que estamos viviendo con estas situaciones.
¿A la Comisión de Ética no le interesa verse como el blindaje de congresistas?
El tema de fondo, como estos políticos no están sometidos a partidos u organizaciones que tengan fuerza, no tienen los incentivos para cuidar su prestigio, no les interesa tomar decisiones que sean vistas como justas o como efectivas porque no sienten que sea costo en el corto plazo. Si fuera al revés, todo bien fortalecido, la Comisión de Ética del Congreso funcionará mejor porque nadie quisiera aparecer en los medios como que blinda a un corrupto, porque eso es malo para el partido.
¿Qué reforma se debería hacer?
La parte de investigación de los procesos que están en ética debería pasar a una instancia distinta y se ha planteado algunas fórmulas, por ejemplo, convocar a congresistas que han dejado el cargo y no tengan ningún problema o antecedente negativo y formen una comisión independiente.
¿Considera que es necesario construir un centro de capacitaciones para el Congreso?
Eso puede ayudar, de hecho, existen mecanismos de ese tipo, el problema no es de capacidades o información, porque cuando tienen un interés concreto vas a defender a toda costa así tengas toda la información y esté actuando distinto a costa del interés público. Necesitan un centro de capacitación para los congresistas.
