El acuerdo reactiva, en forma automática, la colaboración con la justicia brasileña dado que la compañía [Odebrecht] que solicitó suspenderla, ahora pide y suscribe su reanudación.
Tras más de siete horas de negociaciones en la sede de la Procuraduría en Jesús María –en la última de seis reuniones a lo largo de casi dos meses–, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez; la procuradora Silvana Carrión, y los abogados de Odebrecht Ricardo Weyll y Lourdes Carreño, suscribieron un acta de 14 páginas que enumera las obligaciones que deberán cumplir cada una de las partes. Estas son las más importantes:
- Odebrecht se comprometió a solicitar a la unidad de cooperación internacional de la procuraduría brasileña el levantamiento de la suspensión de la cooperación jurídica internacional. Al día siguiente de la firma del acta, el jueves 15, la compañía envió la solicitud para asegurar que puedan desarrollarse las diligencias judiciales en Brasil pactadas para enero próximo.
- La compañía comprometió la comparecencia de Jorge Barata, Luiz Mameri, Hilberto Silva y Fernando Migliaccio ante el fiscal Germán Juárez para “los actos de preparación de juicio” vinculados al caso de Ollanta Humala, en el consulado peruano en Sao Paulo, entre el 9 y 15 de enero próximos. También se comprometió a que esos exfuncionarios de Odebrecht den declaraciones testimoniales en el juicio oral del mismo caso.
- Odebrecht también organizará la comparecencia de Jorge Barata, Carlos Nostre, Luis Eduardo da Rocha, Sergio Nogueira y Raymundo Trindade ante el fiscal José Domingo Pérez para su preparación como testigos en el juicio oral por el caso Metro de Lima. Las diligencias están programadas del 9 al 15 de enero, en Sao Paulo. Asimismo, la compañía se comprometió a que los exfuncionarios den declaraciones testimoniales ante el Poder Judicial, cuando sean requeridos en el contexto del juicio oral por el mismo caso.
- La Fiscalía se comprometió a comunicar a la Unidad Funcional Encargada de Implementar y Ejecutar las Disposiciones de la Ley 30737 del Ministerio de Justicia, que no existen investigaciones o procesos vinculados a Odebrecht fuera de los alcances de la sentencia de la colaboración eficaz. El informe fue enviado el jueves pasado.
- La Procuraduría Ad hoc se comprometió a comunicar a Odebrecht la existencia de casos en los cuales exista una pretensión indemnizatoria a favor del Estado. Llegado el momento, la empresa tendrá un plazo de 60 días para responder si opta por la negociación para establecer una reparación civil a favor del Estado. De ser así, se establecerá en un tiempo razonable el monto de la reparación civil y el plazo para pagarla. En este punto, la compañía dejó constancia que tiene la “voluntad para negociar la reparación civil por los hechos vinculados” al proyecto Rutas de Lima; y que “el activo vinculado al proyecto ha sido considerado para la determinación de su capacidad de pago y que los flujos generados por dicho proyecto, entre otros, son indispensables para el cumplimientos de sus obligaciones de pago de la reparación civil ya fijada”.
- En el acta también se estableció que si la Procuraduría y Odebrecht no llegan a un acuerdo sobre el monto y forma de pago de las reparaciones civiles luego del proceso de negociación, la primera “tendrá expedito su derecho para ejercer las acciones que correspondan y solicitar la incorporación de la empresa o empresas vinculadas al grupo económico Odebrecht como tercero civilmente responsable”.
- La Procuraduría y Odebrecht acordaron que, a partir de la suscripción del acta, “en aquellos casos en los que se acuerde reparación civil de nuevos proyectos se aplicará el mismo procedimiento para la exclusión de la condición de terceros civil responsables (de ser el caso)”.
- La reactivación del acuerdo permitirá reanudar investigaciones que se interrumpieron en pleno proceso, como la revelación de los nombres detrás de los codinomes que falta desencriptar, así como otras declaraciones y actuaciones pendientes.
Censura del comunicado
El viernes 16 pasado, la Fiscalía sacó una nota de prensa titulada “Equipo especial Lava Jato logró que se reactive cooperación con la justicia brasileña”, que fue difundida en su cuenta de Twitter.
Pero, después de un rato de su publicación, la nota fue borrada de un momento al otro y sin explicación, por orden del despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
IDL-R contactó a Hamilton Ponce, gerente central de la Oficina de Imagen Institucional de la Fiscalía, para preguntarle la razón por la que habían eliminado el comunicado. Ponce respondió que “la información estaba incompleta. El ministerio público de Brasil es quien suspende, entonces es el ministerio público el que debe decidir si se levanta o no la suspensión y comunicarla a través del área de cooperación internacional. Eso no ha ocurrido. Eso fue advertido por el área de cooperación internacional y se decidió bajar la información porque podía inducir a un error”.
Entrevistado por IDL-R, el fiscal Alfredo Rebaza, jefe de la oficina de cooperación judicial internacional y extradiciones de la Fiscalía, dijo que “alguien del despacho advirtió que había una comunicación [la nota de prensa], me avisan, y verificamos que no nos había llegado [la comunicación oficial de la procuraduría brasileña]. Y avisamos al despacho de la fiscal de la nación […] Yo no tengo decisión sobre el área de comunicaciones”.
Pero, el acta suscrita es, para todo propósito práctico, de efecto inmediato, ya que la suspensión del acuerdo se había generado a solicitud de la compañía. Y es esta misma, la que ahora solicita su reactivación. Lo único que resta es la formalidad del envío de la notificación de la procuraduría brasileña. Las diligencias programadas para inicios de enero se desarrollarán con normalidad.
Así las cosas, la reanudación de la cooperación resultó una noticia con yapa: La reactivación en sí y la censura ordenada por la fiscal Benavides.
Fuente: IDL Reproteros
