Escándalos del Congreso 2023: ‘mochasueldos’, derroche de dinero, acoso sexual y otros hechos polémicos del Parlamento

Si hay una institución que tomó relevancia durante todo el año 2023, es la del Congreso de la República, aunque no de la mejor manera. Durante los últimos 12 meses, este poder del Estado ha protagonizado escándalos que van desde casos de abuso o acoso sexual hasta una serie de movidas políticas que atentan contra la población, pasando por excesos y beneficios económicos en su favor que terminan por afectar la muy disminuida aprobación con la que cuentan.

En la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, se pudo revelar que el Congreso de la República se había mantenido en el transcurso de todo el año con un promedio de apenas el 6% de aprobación, teniendo al mes de noviembre como el que menor aprobación alcanzó, con el mínimo de 5%. Mes a mes, se revelaba un escándalo tras otro cuyo único resultado ha sido un rechazo por parte de la población. Por ello, en Infobae Perú hemos realizado un recuento de los 20 hechos más fuertes suscitados en dicho poder del Estado a lo largo de este año.

Doce meses de escándalos y cuestionamientos

Las graves denuncias empezaron en febrero de este año, cuando, luego de haberse revelado la denuncia de violación sexual contra el excongresista Freddy Díaz Monago, el pleno del Congreso; en una jornada insólita; decidió, en primera instancia, blindar al legislador y evitar su desafuero. Las críticas hacia este deleznable hecho fueron tan álgidas que incluso generaron que la víctima se presentara ante televisión en búsqueda de justicia.

Esta acción causó tal magnitud y presión mediática que, felizmente, logró que el Legislativo retrocediera en su decisión y dispuso el desafuero del exparlamentario; esto permitió que luego este pueda ser puesto en prisión preventiva. La cual cumple hasta la fecha.

Mochasueldos, licencias y plagios

Un par de meses después, en abril de este año, se develaron una serie de casos de congresistas conocidos como ‘Los Mochasueldos’, varios de ellos, legisladores que mediante un arreglo, exigencias o firmas de convenios requerían a sus trabajadores que entreguen una parte de sus sueldos. Hasta la fecha son un total de 7 legisladores señalados de haber pedido parte de los sueldos a sus trabajadores. Todos ellos son investigados en la actualidad por el delito de concusión.

Un hecho más que marcó la pauta de los cuestionamientos es la elección del actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien resultó elegido en el Congreso gracias al amplio apoyo y respaldo de las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre. En el mismo mes de mayo, también tomó relevancia el caso de Digna Calle, quien permaneció durante casi siete meses de viaje en Estados Unidos, bajo expresa autorización de la Mesa Directiva del Legislativo.

Digna Calle es investigada en el Congreso por permanecer más de 8 meses en Estados Unidos. Foto: Congreso

Este caso de licencias otorgadas a Digna Calle generó tal revuelo, que en junio de dicho año, aun durante la gestión de José Williams, se reveló que en menos de seis meses de gestión, el Consejo Directivo permitió más de 500 licencias y permisos a los 130 congresistas. El caso generó cuestionamiento por la falta de diligencia con la que estas eran otorgadas, pues, en su mayoría, los legisladores no tenían ni la obligación de justificar sus ausencias.

Un par de meses después, en agosto de este año, los focos se centraron en el recientemente elegido presidente del Congreso, Alejandro Soto; luego de que, en una primicia de Infobae Perú, se revelara que tanto sus tesis de maestría como de doctorado revelaron tener un 38 % de plagio al ser expuestas por el sistema académico turnitin.

Casi al mismo tiempo, se supo que un grupo de trabajadores de su despacho se organizaban para, tanto de sus cuentas falsas como de las originales; atacar a congresistas opositores a Soto, además de defenderlo en programas que eran críticos con él.

En septiembre de este año, otro hecho cuestionable marcó la pauta política; luego de que se reportara que el Fondo Editorial del Congreso dispuso la elaboración de un libro titulado ‘La Constitución para Niños’en el que se denunció la existencia de hechos que no se apegaban a la realidad histórica y que, incluso, realizaban apología al autogolpe del expresidente, Alberto Fujimori. El gasto de este producto fue de S/ 65 mil soles.

Congreso gastó más de 24 mil soles en constitución política del Perú para escolares | Infobae Perú / Camila Calderón

Viajes a Rusia, sede de playa y bonos polémicos

Para el mes de octubre existieron dos hechos que marcaron la pauta política. El primero de ellos fue la presencia de 10 congresistas de izquierda en el parlamento de Rusia en una travesía polémica, luego de que se supiera que en su mayoría no habían presentado la solicitud para participar. El segundo corresponde al asesinato de un realizador audiovisual durante una fiesta en la que participó la congresista Rosselli Amuruz. El hecho terminó por implicarla, pues el anfitrión de la fiesta era un personaje cercano a ella y cuyos familiares trabajaban para la congresista en el Legislativo.

A finales de octubre se alertó también la existencia de la construcción de un inmueble en un renombrado balneario ubicado en Santa María del Mar que sería usado como área de capacitación del congreso. Su construcción había destinado un coste total de 17 millones de soles, y si bien en un inicio descartaron que esta se vaya a realizar; el último 27 de diciembre se anunció que el Congreso le había dado luz verde.

Como si tanto gasto no fuera suficiente, en noviembre de este año, el Legislativo dispuso la entrega de unos bonos para todo el personal de la institución, incluidos, los 130 congresistas. El monto de este era de 9.900 soles y para evitar la crítica, varios legisladores alegaron que harían obra social con dicho dinero; mientras que otros se aferraron al dinero.

Finalizando este mes, el Legislativo fue directamente implicado en el esquema delictivo investigado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP). Tras revelarse el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’; se supo que Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación, habría hecho uso de las investigaciones que pesan sobre una gran cantidad de congresistas para negociar votos en temas importantes a su conveniencia. Las investigaciones implican a legisladores de la facción más conservadora del Congreso.

Acoso sexual, aguinaldo de S/1.700

Como si no fuera poco, en el mes de diciembre también existieron una serie de hechos que generaron interés y rechazo en igual medida. Estos fueron, en primer lugar, la revelación de un video de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que se daba cuenta de un hecho de acoso sexual perpetrado por el congresista fujimorista Martín Lizarzaburu en contra de una de sus compañeras de bancada, Patricia Juárez.

En segundo lugar, la revelación de que, además del expendio de una tarjeta de aguinaldo navideño por S/ 1 700 soles; la Mesa Directiva del Congreso acordó también la entrega de estos beneficios para fechas emblemáticas como el día del padre, el día de la madre y el día del trabajo.

Un Congreso para vulnerar derechos

Otros eventos que han generado gran rechazo por parte de la ciudadanía están relacionados con los esfuerzos del Congreso para generar leyes en favor de intereses propios afectando a minorías y sectores vulnerables. Ejemplos de ello son hechos como el retroceso en materia de Educación, con la aprobación del nombramiento automático o las modificaciones del consejo directivo de la Derrama Magisterial; entre otros.

En cuanto a temas de la lucha contra el abuso a las mujeres, también destacan las leyes impulsadas por parlamentarios como Milagros Jáuregui, José Balcázar, Alejandro Muñante, entre otros. Asimismo, los cuestionamientos a los intentos de cambiar de nombre el MIMP.

Como si este cuestionamiento no fuera suficiente, los procesos internos iniciados por la Comisión de Ética, a raíz de cada escándalo detallado en esta nota, han tenido un impacto mínimo sancionatorio; generando una ola de blindajes que benefician a congresistas acusados de ‘mochasueldos’, abuso, plagio, nepotismo, entre otros.