Se trata de un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que supone la voluntad de eliminar una categoría de la población. Su estatuto penal adquirió consistencia durante los juicios de Nuremberg, que estuvieron dirigidos a juzgar los crímenes de guerra cometidos bajo la autoridad del régimen nazi encabezado por Adolf Hitler.

Luego se consolidó con el reconocimiento del genocidio turco contra el pueblo armenio, el genocidio perpetrado en Camboya por el régimen de Pol Pot y el más reciente genocidio cometido en Ruanda.

Los defensores del anuncio vía tweet de la decisión de la Fiscalía afirman que la calificación de “genocidio” está tomada de las denuncias recibidas por la Fiscalía, pero no parece seguro que se vea obligada a utilizar ese concepto para caracterizar el comportamiento de Dina Boluarte, y menos a publicar el tweet mientras el Congreso discutía la cuestión de confianza al gabinete de Alberto Otárola.

48 horas más tarde circula ya un proyecto de moción de vacancia contra Dina Boluarte firmado por Ruth Luque, Sigrid Bazán e Isabel Cortez. El proyecto de moción afirma que “a ojos del mundo, Dina Boluarte ha demostrado no tener ningún ápice de sensibilidad humana con los pueblos de nuestro país”.

A partir de esa “demostración” y ante los ojos del mundo, las firmantes piden que se declare la vacancia de la presidenta por “incapacidad moral permanente”. Nadie puede dudar que el número de muertos es abrumador y que hasta los Jesuitas deploran “el uso desproporcionado de la fuerza de parte del Estado”. Pero de ahí a vacar a la presidenta cuando el conflicto sigue vigente hay un largo trecho que hubiera sido mejor evaluar con más prudencia.