El congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú es sindicado como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado por este caso vinculado a proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)
El Ministerio Público abrió este jueves una investigación preliminar contra el legislador Guillermo Bermejo (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), implicado en el caso ‘Los operadores de la Reconstrucción’ y sindicado como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado.
El anuncio ocurre dos semanas después de un megaoperativo en varios puntos del país en el que se allanaron 49 inmuebles y detuvieron a 12 personas, entre ellas el exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Robert López, y dos asesores del congresista ―Yul Valdivia y Francisco Jara―, quien los negó posteriormente y dijo que se trataba de una “cacería de brujas”.
Según la hipótesis fiscal, los involucrados cobraron dinero para la ejecución de algunas obras que corresponden a la ARCC durante la gestión del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), recluido por cargos de rebelión y corrupción.
Esta institución, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y fundada en 2017, tenía el objetivo de reconstruir la infraestructura dañada tras el fenómeno de El Niño Costero, así como prevenir y reducir el riesgo de desastres naturales.
Tras el fallido golpe de Estado, Guillermo Bermejo intentó marcar distancia de Pedro Castillo (Presidencia)Un colaborador eficaz había declarado esta semana que los asesores de Bermejo solicitaron una coima del 2% de cada obra elaborada por la ARCC, un porcentaje que se habría repartido, según este testimonio difundido por Latina, en 1.5 % para Bermejo y 0.5 % para sus asesores
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En su relato, el colaborador mencionó que Valdivia se reunió con el exalcalde de La Unión, Fernando Ipanaqué —también detenido durante en megaoperativo—, en un café del Cercado de Lima, previa coordinación con Bermejo, para coordinar los ilícitos.
Valdivia llegó incluso a la casa de Bermejo, en Surco, con un sobre manila que contenía 40 mil soles, un monto que correspondía a un porcentaje del pago prometido por burgomaestre para adquirir fondos públicos para obras en su municipio, de acuerdo con un informe de El Comercio.
El 4 de agosto del 2022, después de todo el entramado, un decreto supremo autorizó la transferencia de partidas para el año fiscal, donde la Municipalidad Distrital de la Unión fue beneficiada por S/ 14,881,504 soles.
Comunicado de Cambio Democrático – Juntos por el PerúPrevio al comunicado de la Fiscalía, que fijó 90 días para el desarrollo de diligencias preliminares, la bancada de Bermejo indicó que el diputado “ha decidido allanarse y someterse a todas las investigaciones”, las mismas que deben “proseguir sin interferencias y con el respeto irrestricto del debido proceso”.
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“Exhortamos a que el Ministerio Público cumpla su trabajo como titular de la acción penal y garantice la autonomía de las investigaciones en curso. Por ser un caso en desarrollo, nuestra bancada es respetuosa del principio de presunción de inocencia, por lo que rechazamos que anticipadamente busquen etiquetar al congresista como responsable de hechos que aún no han sido probados”, se lee en el pronunciamiento.
En enero del año pasado, el Poder Judicial absolvió por unanimidad a Bermejo, quien afrontaba un pedido fiscal de 20 años de cárcel por presunta afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. La sentencia exculpatoria de la Segunda Sala Penal Transitoria Especializada en Crimen Organizado respondió a la “insuficiencia de pruebas”.
Sobre este caso, la Fiscalía señalaba que el congresista se habría desplazado, entre 2008 y 2009, a varios campamentos terroristas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) —la cuenca cocalera más grande del país, donde se esconden los remanentes del grupo armado— para sostener reuniones clandestinas bajo el pseudónimo de ‘camarada Che’.
Bermejo obtuvo una curul en las filas de Perú Libre, pero fue el primer legislador que dimitió a esta agrupación luego de que varios de sus integrantes se abstuvieran a votar una moción que pedía la destitución de la expresidenta del Legislativo, María del Carmen Alva.
La iniciativa fue presentada bajo la acusación de que Alva emitió expresiones despectivas contra Castillo y su Gobierno durante una reunión con la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España.
