Fiscalía inició caso contra dos generales de la cúpula del Ejército

Por primera vez, altos mandos del Ejército nombrados por la presidenta Dina Boluarte enfrentarán un grave caso de corrupción. Una fiscalía de Arequipa abrió carpeta contra el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), general de división David Ojeda Parra, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, el número dos del instituto armada, quien, además, ejerce la presidencia del Directorio de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).

Se les imputa haber interferido a favor de la contratación de la empresa panameña Milenium Veladi Corp, para la rehabilitación de tres helicópteros de fabricación rusa por US$20.331.751, el 10 de noviembre de 2023. El plazo para la entrega de las aeronaves se fijó en 300 días, lo que no fue cumplido pese a las sucesivas postergaciones.

En la fecha del acuerdo comercial, el general David Ojeda ejercía como comandante general del Ejército y el general Calle era el titular del Comando Logísticos del Ejército, respectivamente. Ambos fueron designados por la mandataria Dina Boluarte.

Pero, además, ante la amenaza del fenómeno El Niño, Boluarte anunció la compra de nuevos helicópteros, entre otras razones, porque la Federación Rusa no estaba en condiciones de reparar la flota del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, debido al conflicto con Ucrania.

Cuando, en el caso de la FAP, ya estaba en la etapa final el proceso de adquisición de nuevas aeronaves, Boluarte dio un golpe de timón y autorizó la rehabilitación de los helicópteros rusos Mi, no obstante que se le había advertido que la guerra con Ucrania afectaría los plazos, lo que efectivamente sucedió.

La autorización de la presidenta incluía contrataciones directas; es decir, sin licitación, bajo el argumento de que el tiempo era demasiado corto. Fue como romper el candado de la transparencia.

El 10 de diciembre de 2024, la Contraloría emitió el informe de auditoría sobre la contratación de Milenium Veladi Corp por parte del Centro de Mantenimiento Aéreo del Ejército (Cemae). Milenium es una empresa de pantalla inscrita en Panamá para que represente a la Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC, por sus siglas en inglés), un conglomerado de las fábricas rusas de equipos militares. Debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, los rusos apelaron a Milenium Veladi Corp para contratar con los institutos militares del Perú. Las autoridades del Ejército estaban plenamente informadas de las restricciones que afrontaban los rusos para cumplir con sus compromisos comerciales. Sin embargo, actuaron a favor de Milenium Veladi Corp.

Un contrato en bandeja

Además, según la auditoría de cumplimiento de la Contraloría, la cotización por la reparación de 3 helicópteros rusos de la línea Mi se fijó en US$15 millones. Al final, el contrato suscrito entre el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (Cemae) y Milenium Veladi Corp fue por US$20.331.751. Lo que indicaría que se produjo una presunta sobrevaloración por un monto de US$5.331.751.

Lo peor de todo es que el contratista incumplió con los plazos para la rehabilitación de los helicópteros, lo que causa un grave daño a la capacidad operativa aérea del Ejército. Por lo que el jefe del Cemae, general EP Aldo Domínguez Peralta, fue pasado al retiro a fines de diciembre pasado.

Sin embargo, los generales David Ojeda y Oswaldo Calle se mantuvieron en sus posiciones, a pesar de la relación directa que tuvieron con la contratación de Milenium Veladi.

El informe de la Contraloría señala puntualmente que Ojeda y Calle, además de otros 8 oficiales del Ejército, deben responder por este presunto caso de defraudación en agravio del Estado. Ya que el órgano de control le indicó al actual comandante general del Ejército, general de división César Briceño Valdivia, que actuara de inmediato: “Efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos del Ejército del Perú, comprendidos en los hechos observados en la auditoría”.

La auditoría encontró que “funcionarios y servidores del Ejército para la contratación directa aplicaron el procedimiento de selección por la causal de emergencia, la que no correspondía”. Los implicados apelaron a la “causal de emergencia” para saltarse la Ley de Contrataciones del Estado que exige estudios de mercado, evaluaciones técnicas y económicas, comparación de precios, entre otras. Los involucrados prefirieron contratar en directo con Milenium Veladi Corp.

“(También) direccionaron el otorgamiento de la buena pro hacia la empresa Mileniun Veladi Corp por US$20.331.751 (…), no obstante que, previamente, existió una cotización por el mismo servicio de US$15.000.000 (…), ocasionando un favorecimiento hacia la citada empresa”, señala la auditoría. Esto es, más de 35% más caro.

La Contraloría requirió a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción “iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos con la finalidad de que se determinen las responsabilidades que correspondan”, el 10 de diciembre.

Un caso en cámara lenta

La auditoría arribó al tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción (Arequipa), a cargo del fiscal Manuel Aquino Flores, el 16 de diciembre. Y el 20 del mismo mes, Aquino abrió carpeta contra los oficiales y suboficiales denunciados.

Aparentemente, se presentó una tardanza, porque el 10 de marzo de este año —¡tres meses después del informe inculpatorio!—, la Contraloría preguntó a la Procuraduría Anticorrupción cuál era la situación del caso que salpica a dos altos mandos militares del Gobierno de Dina Boluarte y a otros 8 oficiales.

“Teniendo en consideración su competencia funcional, se solicita remitir información y/o documentación sobre el inicio de las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad (…), debiendo precisar el número de expediente, denuncia y/o carpeta fiscal”, indica el documento de la Contraloría.

En el caso del general de división David Ojeda Parra, la auditoría determinó que autorizó indebidamente la contratación directa de Milenium Veladi Corp bajo la causal de “emergencia”, lo que no correspondía según las normas. Para dicho fin, consideraron a la indicada empresa como “proveedor único”.

“Mediante la Hoja de Recomendación del 16 de mayo de 2023, suscrito conjuntamente por el general de brigada EP Aldo Domínguez Peralta, en su condición de jefe del Cemae; el general de división Oswaldo Calle Talledo, comandante general del Comando Logístico del Ejército; el general de división César Briceño Valdivia,jefe de Estado Mayor General del Ejército; y, con la aprobación del general del Ejército David Ojeda Parra, comandante general del Ejército; se recomienda aprobar el proceso de selección, en la modalidad de contratación directa por causal de proveedor único”, identificó la Contraloría.

El presunto fraude en la contratación de Milenium Veladi Corp no es caso aislado. Como ha informado La República, la Contraloría ha emitido informes en los que cuestiona otros contratos del Ejército con FAME, en el mismo sentido: favorecer al proveedor. Como en la compra de 10.000 fusiles Arad 7 a la empresa IWI (Industrias de Armas de Israel, por sus siglas en inglés), y de 30 blindados 8×8 a la surcoreana STX Corporation-Hyundai Rotem.

En ambos casos, el instituto castrense formalizó las compras por intermedio de FAME, una empresa estatal que controla el Ejército y que ha sido empoderada por la presidenta Boluarte. La Contraloría se ha pronunciado en contra de que el Ejército desista de convocar a licitación y “encargue” a FAME la adquisición del equipamiento militar.

Pero a la cúpula militar, que cuenta con el respaldo de la jefa de Estado, no le interesa lo que diga la Contraloría. El Ejército le ha “encargado” a FAME la compra de 12 lanzadores de cohetes de mediano y largo alcance. Al recurrir a FAME, el Ejército sorteará la licitación correspondiente para adjudicar el contrato directamente a la empresa estatal que está bajo su dominio. La adquisición debería efectuarla la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), a cargo del general de brigada EP Aldo Cornejo Valverde. Este no hará cuestión de Estado, porque responde al ministro de Defensa, general de división EP (r) Walter Astudillo Chávez, quien a su vez acata órdenes de la presidenta Boluarte. La jefa de Estado consigue el apoyo de los altos mandos aprobando sus millonarios contratos, en algunos casos, con su presencia. Lo que sucedió en el caso de los 30 blindados surcoreanos.

El caso ha sido radicado en Arequipa

• La República solicitó al Ejército el pronunciamiento del general de división David Ojeda Parra sobre el caso en su contra y de los demás oficiales. El instituto militar respondió que, respecto a Ojeda, era preferible buscar la respuesta en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde el general de división es el jefe.
• En el CCFFAA contestaron que correspondía a la Dirección de Informaciones del Ejército (Dinfe) ofrecer la versión del general David Ojeda.
• Este diario también se dirigió al Ministerio de Defensa respecto a los 10 oficiales responsables de la presunta contratación digitada de Milenium Veladi Corp. Tampoco se logró una respuesta.
• La Contraloría solicitó denunciar penalmente a los generales de división David Ojeda Parra y Oswaldo Calle Talledo. También el general de brigada (r) Aldo Domínguez Peralta. Además, al coronel Enrique Hilario Chambergo y a los oficiales Renzo Zapata Alania, Jimmy Carazas Gutiérrez, Alejandro Hurtado Motta y Jack Aguirre Hospinal, así como a los suboficiales Manuel Sánchez Tamariz y James Aguilar Raya. El caso está en la jurisdicción de Arequipa porque es la sede del Cemae

Datos

• Casos en curso. En el caso está relacionado el actual presidente del directorio de FAME, general Oswaldo Calle Talledo.
• Coincidente. FAME ha recibido un pedido de 7.000 fusiles israelíes Arad 5 por parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, la propia Contraloría ha observado irregularidades y deficiencias de FAME con la empresa IWI.

Fuente: la República