Fiscalía no tiene ningún investigado en 16 muertes de protestas

La Fiscalía no tiene a ningún investigado en al menos 16 casos de fallecidos en las protestas en el interior del país, que exigen la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones. Además, hay siete casos que están a cargo de fiscalías penales comunes (ver cuadro) cuando deberían estar en fiscalías especializadas en derechos humanos, un error que retarda la administración de justicia.

Así lo revela el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre las investigaciones fiscales de 49 muertes de civiles en las protestas. De estos fallecidos, 21 proceden de Puno, dos de Cusco, dos de la Libertad, 10 de Ayacucho, siete de Apurímac, tres de Arequipa, tres de Junín y uno de Lima. El documento no incluye los casos de policías caídos ni de quienes perdieron la vida por efectos relacionados con las movilizaciones.

Percy Castillo, vocero de la Defensoría del Pueblo, explicó que todos los casos están en investigación preliminar y en esa condición pueden estar ocho meses o más, para de allí pasar a una fase de acusación antes de entrar al juicio oral, en el que se define si hay responsabilidad.

Advirtió, por ejemplo, que en Andahuaylas, Apurímac, no se ha avanzado lo suficiente y faltan diligencias importantes, como pericias a los efectivos de la Policía Nacional implicados y pruebas de absorción atómica.

“La Defensoría ya cursó oficio a la fiscal de la Nación dando cuenta de la necesidad de que se dote de personal suficiente y material logístico, como reactivos para las pruebas en las pericias”, aseguró el funcionario.

Advirtió que en Cusco y Arequipa las investigaciones están en fiscalías penales comunes cuando deberían pasar a fiscalías especializadas en derechos humanos. “No se avanza de manera necesaria frente a la gravedad de los hechos y eso es responsabilidad de la Fiscalía”, dijo.

Cuestionó que en Junín hay serios retrasos: solo se ha recabado las necropsias y declaraciones de los deudos, “pero no se ha tomado la declaración de los policías y militares pese a que ya pasaron más de dos meses de los hechos de violencia”.

Retrasos de Fiscalía

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), representante de los deudos de Ayacucho y de Rosalino Florez, caído en Cusco y fallecido el 21 de marzo, consideró preocupante la actuación de la Fiscalía.

A 100 días de las muertes en las protestas, señaló que el panorama es claro y que, en la mayoría de casos, la Fiscalía no actúa con diligencia, retarda la justicia y trata de dispersar los casos enviando algunos a fiscalías penales y otros a fiscalías de derechos humanos, cuando son similares.

El abogado explicó que los eventos deben ser considerados delitos contra los derechos humanos, pero que hasta ahora, aunque casi todos los casos en Andahuaylas, Ayacucho, Arequipa y Junín están a cargo de fiscalías de derechos humanos, varias otras investigaciones en el Cusco y Lima están en despachos de fiscalías penales.

“Da la impresión de que ha habido una decisión para que los casos sean dispersados. Los casos en Puno, que son gravísimos y fueron un solo día, durante mucho tiempo estuvo en la fiscalía penal común, lo que es inapropiado y perjudicial para la investigación”, manifestó.

Contó que en el caso de Víctor Santisteban Yacsavilca, el primer muerto en las protestas en Lima, la Fiscalía de Derechos Humanos abrió investigación; en otros similares, como el de Rolando Marcas, Anderson Lapa y otros, fueron derivados a fiscalías penales comunes.“

“Es evidente que hubo una dirección del Ministerio Público. En Puno, la Fiscalía de Crimen Organizado pide la investigación y en Lima resulta increíble que, ante posibles muertes, la investigación sea derivada a fiscalías penales”, dijo Rivera.

Datos

LQRR. El informe de la Defensoría, en el rubro de investigados, tiene espacios en blanco y la sigla LQRR, “Los que resulten responsables”. Se entiende que en esos casos no hay investigados, anota el abogado Carlos Rivera.

Demora. Según Rivera, la denuncia contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y el exministro César Cervantes (Interior) no avanza porque la Fiscalía no quiere investigar.

Reacciones

Percy Castillo, Defensoría del Pueblo

“En Cusco y Arequipa, los casos están en la fiscalía penal común, cuando deben estar en DDHH. No se avanza de manera necesaria frente a hechos graves y eso es responsabilidad de la Fiscalía, que no actúa con diligencia”.

Carlos Rivera, Abogado IDL

“Hubo una disposición para que los casos de Lima sean direccionados, con la finalidad de demostrar que no hubo afectación de los derechos humanos y proteger a los altos mandos de la PNP y a Dina Boluarte”.