Las filtraciones de dos sectores antagónicos del régimen a ciertos medios de comunicación son claras y con objetivos evidentes. El problema para Dina Boluarte y Alberto Otárola es que los pueden terminar por filtrar del poder. La última coladura de papeles a la prensa ha desvelado a la viceministra favorita del Premier.
La joven viceministra Violeta Leyva, registra diez visitas al despacho de Alberto Otárola. Se le relaciona con una presión a exfuncionario Álvaro García. Alberto Otárola mantiene una vieja relación de asesoría jurídica con el empresario Félix Rosenberg Guttman, el magnate de los casinos en el Perú.
Hay señales inequívocas acerca de que dentro del gobierno se vive una guerra que puede terminar erosionando la presidencia de Dina Boluarte. Y la presidenta parece asistir impávida a esta noche de cuchillos largos al interior del primer círculo de poder en el Ejecutivo, formado por mujeres y hombres de confianza de Alberto Otárola y de su hermano Nicanor.
Mientras los golpes van y vienen, parece ser que la prioridad de Boluarte es lograr, a cualquier precio, la luz verde para poder viajar al extranjero como la primera mujer presidenta en nuestros 202 años de vida independiente. Podría ser un viaje sin retorno al sillón presidencial porque, según lo han advertido constitucionalistas de nota, la presidenta no puede ausentarse si no tiene un vicepresidente que se encargue de su despacho mientras ella se encuentre fuera del territorio nacional. Tal como les pasó a Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
PUYAS DE IDA Y VUELTA
Pero regresando al “fuego amigo” en los intersticios del régimen, la primera señal pública de la existencia de este peligroso conato fue que alguien de la PCM filtró a un dominical –de un canal de antena caliente– el raquítico currículum y sinuoso pasado reciente de Grika Asayac, hasta entonces secretaria personal de la presidenta en Palacio de Gobierno.
La respuesta del lado antagónico fue filtrar a la prensa detalles del escandaloso pago de S/.41 millones que EsSalud hizo en enero último a la empresa Aionia SAC, por la venta de más de un millón de kits de pruebas rápidas defectuosas en la primera ola de la pandemia.
Esta adquisición, que tiene indicios de sobrevaloración, fue observada por Contraloría y su pago estaba detenido desde el 2020. Hasta que Luis Alfonso Adrianzén Ojeda se puso el fajín de ministro de Trabajo, sector al que está adscrito EsSalud y las presiones directas a Arturo Orellana –presidente de la institución desde los tiempos de Castillo– para que pague los 41 millones fueron explícitas, intensas y constantes, con evidencias dejadas en chats de WhatsApp y llamadas tripartitas.
Presidenta parece asistir impávida a esta noche de cuchillos largos al interior del primer círculo de poder en el Ejecutivo, formado por mujeres y hombres de confianza de Alberto Otárola y de su hermano Nicanor.
Las primeras publicaciones periodísticas de este caso llevaron al Ministerio Público a iniciar de oficio una investigación preliminar comprendiendo al ministro Adrianzén, un abogado estrechamente relacionado a los hermanos Fredy y Alberto Otárola Peñaranda quien, poco después fue retirado del sector Trabajo. En la carpeta fiscal también están el presidente Ejecutivo de EsSalud e, inesperadamente, Grika Asayac, personaje que habría movido algunos hilos adicionales para que el cuestionado pago se diera.
La respuesta de la PCM no se hizo esperar. Una de sus funcionarias filtró a un semanario y al mismo programa dominical los detalles de las denuncias que involucran en escándalos político-policiales a Óscar Nieves Vela, un abogado del círculo cercano a Dina Boluarte, quien fue llamado a Palacio en los primeros días de la súbita asunción a la presidencia de su amiga y colega. Nieves estuvo involucrado en el llamado “Huanucazo”, el fraude electoral que organizó en 1995 Horacio Cánepa, en complicidad con un sector de fujimorismo local liderado por Víctor Joy Way, en su intento por reelegirse congresista por Huánuco con la camiseta del PPC.
Nieves Vela también está siendo investigado por el caso bautizado como “Gánsteres de la Política”, ahora etiquetado como caso ONPE, que no es otra cosa que la cuestionada inscripción del partido Podemos de José Luna Gálvez. Un día viernes se publicó la primera saga de esta filtración en el semanario Hildebrandt en su Trece y el domingo Cuarto Poder completó la historia. En el interín, el abogado Nieves dio una entrevista en RPP negando ser asesor de Boluarte. Según su versión, conoce a Dina Boluarte de la directiva del Colegio de Abogados de Lima, que presidió el fugaz ex premier Pedro Angulo, y que su actuación se había limitado a ser su abogado defensor en una denuncia penal.
El otro lado de Palacio de Gobierno reaccionó al golpe de Óscar Nieves relacionando directamente a Alberto Otárola en el faenón que terminó con el pago irregular de los 41 millones de soles a la empresa que vendió pruebas rápidas a EsSalud.
Óscar Nieves es, por añadidura, amigo cercano de Nicanor Boluarte, el otro protagonista de esta saga de puyas y filtraciones al interior de un gobierno errático que empieza a reeditar patrones de conducta del régimen de Pedro Castillo. Por eso este golpe se interpretó como un ataque al rincón de Nicanor.
CONEXIÓN OTÁROLA
El otro lado de Palacio de Gobierno reaccionó al golpe de Óscar Nieves relacionando directamente al presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola Peñaranda en el faenón que terminó con el pago irregular de los S/.41 millones a la empresa representada por Carlos Valdivia Montoya, un personaje relacionado a la organización que por muchos años tuvo hegemonía en el gobierno regional de El Callao, así como en la municipalidad provincial y en casi la totalidad de municipios distritales. Organización que ha terminado con la mayoría de sus integrantes presos por graves cargos de corrupción.
En fuentes del Ministerio Público, están investigando una línea nada descabellada: que el dinero para esta operación de la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. provino de una bolsa que hicieron varios exgobernantes del Callao, algunos presos, otros con libertad recobrada o que nunca llegaron a prisión a pesar de graves cargos penales en su contra. Según está hipótesis de trabajo de Fiscalía, Valdivia dio la cara, importó desde China los millones de pruebas rápidas con dinero de sus amigos y con la licencia de Bio Esthetic Medical Center, una empresa de su hermano Marco, un médico dedicado a tratamientos estéticos en una clínica de su propiedad en San Borja. El pago se paró porque, en su momento, EsSalud mandó revisar estas pruebas al INS del Minsa detectándose que no tenían los niveles de calidad mínimos para ser aceptadas. Según información recabada por los fiscales que investigan el caso, el cuestionado pago a Aionia en este gobierno se habría acelerado por la intermediación del poderoso empresario Félix Rosenberg Guttman, a quien Otárola asesora como abogado hace mucho tiempo. El semanario Hildebrandt en sus Trece ha documentado esta vieja, controvertida e investigable relación.
Fuentes del Ministerio Público sostiene que se investiga una línea nada descabellada: que el dinero para esta operación de la empresa Aionia provino de una bolsa que hicieron varios exgobernantes del Callao, algunos de ellos presos.
Las fuentes fiscales sostienen que los amigos del Callao habrían recurrido a Rosenberg para pedir su ayuda. En esta línea de indagación, dicen, no sería casualidad que una reunión previa al cuestionado pago se realizó en el restaurante DeliBakery de San Isidro, de propiedad del empresario de casinos, restaurantes, confecciones y, últimamente, minería en litio. La designación de Luis Alfonso Adrianzén como ministro de Trabajo, sector al que está adscrito EsSalud, fue para acelerar el millonario pago. Adrianzén es un viejo conocido del Premier. Ambos han estudiado en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, aunque Adrianzén terminó graduándose de abogado en Alas Peruanas 12 años después de ser bachiller. Adrianzén ha sido asesor permanente en el Congreso de Fredy Otárola Peñaranda, hermano de Alberto, e incluso fue nombrado viceministro de Trabajo cuando este fue el ministro en el gobierno de Ollanta Humala.
Los mensajes exhibidos por la Unidad de Investigación de El Comercio entre el ministro Adrianzén y el Presidente Ejecutivo de EsSalud demuestran la presión explícita para que se efectúe este pago. Lo que investiga la fiscalía es si por la emisión de ese cheque por 41 millones de soles hubo o no una comisión o bono de éxito para los intermediarios. Si, como se especula, se ofreció el 10 % de lo cobrado o solo se trató de un favor a un viejo amigo y cliente. La eliminación sin sustento técnico de una penalidad del 10 % del adeudo por una gerencia de EsSalud a la empresa Aionia apuntan a la primera posibilidad. Solo una investigación reservada, prolija y profesional desentrañará este misterio. Por lo pronto, todos los señalados niegan enfáticamente de que se trate siquiera de una irregularidad, menos de ser el primer caso de corrupción en el gobierno de Dina Boluarte. El empresario Rosenberg ha negado cualquier intervención en el caso. Los fiscales siguen investigando el caso porque hay indicios razonables en esa hipótesis de trabajo.
El ministro Alberto Otárola ha reaccionado irascible al último destape de Gabriela Villasís de la UDI de El Comercio, amenazando con llevar su queja al Tribunal de Honor del Consejo de la Prensa Peruana.
TIRO POR LA CULATA
Hay una última filtración a la prensa que también se ha relacionado a este pugilato entre Nicanor Boluarte y Alberto Otárola. Es el caso del abogado Álvaro Melquiades García Ramírez, quien fue acusado de feminicida por el periodista Jaime Chincha en Canal N. En el pasado, García Ramírez tuvo una relación furtiva con Ninoska Chandía, la asesora de prensa de Dina Boluarte y flamante Presidenta Ejecutiva del IRTP, cuando ambos coincidieron en el ministerio de Trabajo en la gestión de Daniel Maurate. Después del escándalo de su relación que terminó con gritos y golpes del entonces esposo de ella, Pedro Francisco Hurtado Cánepa, el abogado dejó su puesto en el ministerio, pero mantuvo una relación tóxica con Chandía, con quien tiene una hija de cinco años. Un incidente de violencia mutua en diciembre del 2017 terminó con una denuncia de Chandía en la Comisaría de Pueblo Libre por “intento de feminicidio”.
El cuestionado pago a Aionia en este gobierno se habría acelerado por la intermediación del poderoso empresario Félix Rosenberg Guttman, a quien Otárola asesora como abogado hace mucho tiempo.
En el expediente judicial del caso, el abogado Álvaro García sostiene que nunca intentó agredirla y que, al contrario, resistió sus constantes agresiones. De hecho, el proceso penal derivado de este incidente está rotulado como por “lesiones leves” en agravio de Ninoska Chandía. La pregunta es, ¿por qué se desempolva una denuncia de hace un lustro contradiciendo la disposición judicial de no revictimizar a la denunciante? No se trataría de anular a un hombre de confianza de Nicanor Boluarte, como se ha especulado en medios teniendo como base que García y el hermano de la presidenta trabajaron juntos en el ministerio de Trabajo, Sencico y Municipalidad de Pueblo Libre. Al parecer, es algo más grave. Sería una operación urdida desde PCM –donde es Secretario de Comunicación Social el exesposo de Chandía y padre de dos de sus tres hijos– para expectorar al funcionario Álvaro García porque este ha descubierto indicios serios de corrupción en el programa “Fortalece Perú” del Ministerio de Trabajo que tiene financiamiento millonario del BID.
García Ramírez se ha negado a dar la conformidad a un contrato con la consultora CETPRO System House porque detectó incumplimientos en el contrato. Ha recibido presión constante de la viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Violeta Leyva Estela, quien antes ha firmado conformidades millonarias para esta misma consultora. Leyva Estela es una mujer estrechamente relacionada con Luis Alberto Otárola Peñaranda desde que este fuera presidente de Devida, donde ella ha trabajado por varios años, llegando hacer incluso secretaria general de su sindicato. De hecho, la viceministra Violeta Leyva tiene diez visitas al despacho de Otárola en la PCM desde el 29 de diciembre del 2022, a los pocos días que Otárola juró como Premier, hasta el 18 de mayo último. La única viceministra que permanece en el despacho del presidente del Consejo de Ministros una hora y media en promedio, cada vez que lo visita.
La filtración del expediente de violencia contra Ninoska Chandía sería una operación urdida desde PCM para expectorar al funcionario Álvaro García porque éste ha descubierto indicios serios de corrupción en el programa “Fortalece Perú” financiado por el BID.
Leyva Estela es una joven administradora de empresas, natural de Utcubamba, en Amazonas cuya familia se estableció en Tingo María, donde ella estudió su carrera en la Universidad Agraria de la Selva. Además de viceministra ha sido nombrada integrante del directorio de la Empresa Nacional de la Coca y premiada con un viaje a Buenos Aires, con gastos pagados por el Estado, del 3 al 6 de mayo de este año para participar en un taller de la Red Interamericana sobre Administración Laboral (RIAL). En los predios del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo califican a la viceministra Violeta Leyva como el verdadero poder en el sector. La Contraloría tiene una veta riquísima en el programa “Fortalece Perú” para revisar contratos, entregables y metas cumplidas. El Ministerio Público también. Debieran empezar citando al exfuncionario Álvaro Melquiades García Ramírez. El feminicida para Jaime Chincha.
Fuente: Caretas
