El excomandante general de la Policía Nacional, sobre quien recaía una orden de detención preliminar por diez días, se entregó en vivo en las instalaciones de Willax TV
Javier Gallardo Mendoza, excomandante general de la Policía Nacional, fue detenido este martes en medio de una investigación por presuntos ascensos irregulares dentro la institución, un escándalo que involucra al expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Con una orden del Poder Judicial, que dictó diez días de detención preliminar en su contra, un equipo especial de la Policía capturó al general cuando terminaba una entrevista en Willax TV.
Tras negar las acusaciones, el hasta hoy prófugo de la Justicia se entregó en vivo al salir del programa de Milagros Leiva. El PJ ordenó el allanamiento, descerraje y levantamiento del secreto de las comunicaciones de Gallardo, quien ocupó el cargo policial hasta el 30 de enero de este año.
“Me pongo a derecho para colaborar con la justicia como siempre lo he hecho”, dijo a la prensa, que lo esperaba en los exteriores del canal de San Borja.
El último lunes, las autoridades intervinieron la vivienda del excomandante general en un operativo que dejó seis detenidos, entre ellos tres generales investigados en un caso de corrupción por presuntamente efectuar pagos para ascender de grado.
Se trata de Manuel Rivera López, que se desempeñaba como jefe de la XIV Macro Región Policial en Tacna y Moquegua; Nicasio Zapata Suclupe, exjefe de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía; y Luis Legua Egocheaga, de la Dirección de Inteligencia.
La tesis fiscal señala que estarían involucrados en el presunto pago de hasta 40 mil dólares a unos nueve generales para ascender irregularmente de rango en 2021, situación que habría contado con la autorización de Castillo.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, junto al ministro de Defensa, Wálter Ayala. Foto de archivo. EFE/ Paolo AguilarExministro de Castillo
En Lima se allanaron dos viviendas del exministro de Defensa, Walter Ayala, también investigado por el mismo caso. “En el tema de los ascensos, yo no he cobrado ni un sol (moneda peruana)”, alegó Ayala ante periodistas.
En este caso, la Fiscalía investiga a Castillo y Ayala por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y organización criminal. Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron en noviembre del 2021 que el gobierno los presionó para ascender a oficiales que no cumplían con los requisitos.
Esas presiones fueron presuntamente ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por disposición de Castillo y del ministro Ayala. Dicha denuncia puso bajo los reflectores de la prensa este caso.
Para el Ministerio Público, todo empezó con el nombramiento de Gallardo como comandante general. A cambio, informaría a Castillo sobre cualquier acción relacionada con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y otros personajes de su entorno como el exministro Juan Silva.
Según la resolución judicial que dispuso la detención de los investigados, Gallardo habría accedido a las demandas del expresidente, quien le dio libertad de proponer a los oficiales que aspiraban al grado de general.
La Fiscalía tiene la certeza que el exmandatario, al tanto de todo, avaló este esquema irregular. Por su parte, Gallardo ha asegurado que no recibió ninguna coima. “Categóricamente, tengo que decir que yo no he recibido dinero de nadie. De ninguna manera”, dijo en Willax TV antes de ponerse a disposición.
Agregó que “son versiones, dichos, de algunos colaboradores eficaces o testigos”.
En julio pasado, Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial y allegado de Castillo, hizo unas declaraciones que hoy, cinco meses después, son pieza clave del escándalo de los ascensos irregulares.
Entonces, Pacheco se había entregado a la Fiscalía como colaborador eficaz y empezó a cooperar con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto.
Pacheco habló de una lista de diez oficiales que pagaron –según su manifestación, publicada por El Comercio– para ser ascendidos en noviembre del año pasado con la anuencia de Castillo, ahora en prisión preventiva.
El exallegado presidencial sostuvo que esa nómina fue elaborada por los sobrinos del expresidente, Fray y Gian Marco, junto con el suboficial PNP y miembro de la escolta presidencial, Jorge Tarrillo Gálvez.
