En sus descargos enviados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de la publicación de su informe final hace unos días, también reconoció que hubo un uso excesivo de la fuerza a pesar de que lo han negado de manera pública ante la prensa y la comunidad internacional.
Rodrigo Chillitupa
Más de 60 peruanos fallecieron durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte
A pesar de que el Gobierno de Dina Boluarte ha tratado de negar en público ante la prensa y la comunidad internacional que hubo un excesivo uso de la fuerza durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero de este año tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en realidad reconocieron que sí hubo tales acciones.
Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, el Ejecutivo envió 178 observaciones a la CIDH que les había remitido previamente un borrador del análisis que realizaron durantes sus visitas al Perú. En uno de la larga lista de descargos responsabilizaron a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú de la cantidad de fallecidos que hubo durante las manifestaciones contra Boluarte Zegarra.
“Los posibles excesos de la fuerza militar y policial son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales. Sin embargo, corresponde evidenciar que: i) Tales resultados lamentables no han sido generados por decisiones políticas autoritarias. La actuación estaba sujeta a directivas legales, proporcionales y necesarias; ii) Se dictaminaron en un marco constitucional democrático que no admite métodos gubernamentales ilícitos; y iii) De ninguna forma se promovieron directa o indirectamente actitudes o prácticas de represión fuera del marco legal”, se lee en el descargo.
De otro lado, el régimen de Boluarte Zegarra también mencionó que también iniciaron el 29 de marzo pasado tomaron la decisión de reestructurar las fuerzas del orden para los próximos meses sin que haya una fecha establecida. De esta manera, desliza que las FF.AA. y la PNP sí tuvieron responsabilidad en la violenta represión que hubo durante las manifestaciones.
Respuestas del Gobierno de Boluarte ante la CIDH en el que responsabilizan a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de las muertes en las protestas-.
En otra parte del documento remitido a la CIDH también mencionaron algunas acciones que tomaron para mitigar las responsabilidades por las 49 muertes en las protestas.
“En diciembre del 2022 y marzo del 2023, se aprobaron las reasignaciones de miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas en Ayacucho, Puno, Madre de Dios y Apurímac, disponiéndose su traslado a otras dependencias”, mencionaron.
De otro lado, los descargos del Gobierno buscarían finalmente que la presidenta Boluarte ni el premier Alberto Otárola no sean procesados penalmente por la justicia peruana por la lista de fallecidos que se dieron al inicio de su gestión que comenzó luego del fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.
Doble discurso
Hay que recordar que la mandataria salió el último miércoles a atacar el informe final de la CIDH que concluye que hubo “graves violaciones de derechos humanos” y, en algunos casos, hasta ejecuciones extrajudiciales y masacres en ciudades como Ayacucho y Juliaca.
“Como todo informe, hay aspectos que no compartimos, pero respetamos. Rechazamos la calificación de ejecuciones extrajudiciales y de masacres. El Estado peruano lamenta la pérdida de vidas humanas en las protestas y los actos vandálicos”, refirió.
Boluarte Zegarra quiso desvirtuar también lo que dice el informe de la CIDH respecto a las graves violaciones de derechos humanos en el Perú.
“El informe no afirma que hubo violaciones a los derechos humanos, dice en el carácter condicional “habría”. Y eso va a investigar el Ministerio Público. Por eso, es que digo: hasta las preguntas tienen que basarse en la verdad. Aún siendo estas con carácter de investigación. Pero tienen que basarse en esa situación de conversar de manera franca”, añadió la presidenta.
Por su parte, el premier Alberto Otárola consideró que “el informe no atribuye responsabilidad penal ni de otra índole a título individual a ningún funcionario del Estado. Es un informe temático que contiene recomendaciones contienen, como ya se ha dicho, el Estado canalizará en su debido contexto”, esto a pesar de que el gobierno responsabilizó a las FF.AA. y la PNP de las muertes en las protestas.
