Entre las disposiciones se autoriza al personal militar que pueda usar su arma de fuego cuando haya peligro inminente de muerte o de lesiones graves. Días atrás, la presidenta había negado a Amnistía Internacional que dispusiera armas letales contra los protestantes.
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte estaría a un paso de publicar un reglamento que establece en qué casos se podría autorizar el uso de la fuerza a los militares durante las protestas sociales que se han desatado desde diciembre pasado en diferentes regiones del país tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.
De acuerdo al documento que aún no aparece en el boletín de normas oficiales en el diario El Peruano, y difundido por el periodista Diego Quispe en redes sociales, el personal de las Fuerzas Armadas tendrá la posibilidad de utilizar las armas de reglamento en las siguientes situaciones:
- En defensa propia o de otras personas en peligro inminente de muerte o lesiones graves.
- Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave.
- Cuando se genere un peligro inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona a ser intervenida.
- Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo inminente por quien se está fugando. En esta situación solo se justifica el uso de la fuerza letal ante quien, en su huida, genere un riesgo evidente, manifiesto e inmediato capaz de causar lesiones graves o muerte.
Además, se menciona el procedimiento que los militares tomarán. Entre las disposiciones se lee que le darán una advertencia al presunto infractor que hay una intención de emplear el arma de fuego, dándole tiempo suficiente para que la entienda y deponga su actitud.
Reglamento del uso de la fuerza por parte de los militares para las manifestaciones.Además, se añade que si en el caso el presunto infractor mantuviera su actitud violenta y el riesgo letal sea inminente, y siempre que las condiciones lo permitan, debe emplear el arma de fuego realizando un disparo selectivo en determinada zona del cuerpo, con la finalidad de controlar la acción letal.
A reglón seguido, se agrega que “este procedimiento no debe ejecutarse si su práctica crease un riesgo de muerte o lesiones graves para los efectivos militares u otras personas, o la advertencia resultase evidentemente inadecuada o inútil, dadas las circunstancias del hecho, en cuyo caso debe emplearse el arma de fuego directamente”.
El documento es firmado por la presidenta Boluarte y el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Se le encarga, además, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que las reglas del uso de la fuerza sean distribuidos al personal militar que está en diferentes puntos del país por las protestas.
Refuerza uso de armas letales
Con este reglamento, la gestión de Dina Boluarte autoriza el uso de armas letales que ya había sido alertado el último jueves por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
La misión viajó a Ayacucho, Apurímac y Cusco entre los días 29 de enero y 11 de febrero, y se reunió con altos funcionarios, entre ellos Boluarte, y múltiples representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, heridos y familiares de las víctimas mortales de las protestas, que ascienden a 70.
Amnistía Internacional denunció violación de derechos humanos en las protestas.Al presentar sus hallazgos, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, insistió en que el “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”, que incluyó “uso ilegítimo de armas letales y armas menos letales de manera indiscriminada”, ha dejado un saldo “fatal y trágico”, que “profundiza el racismo sistémico que existe en las autoridades del Estado”.
“Las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, aseveró.
La organización destacó que las protestas estallaron en regiones del sur, las “más marginadas del país”, cuya población, mayoritariamente indígena, ha sido “objeto de históricamente de discriminación y de desigualdad”.
Resaltó, en este sentido, que mientras que los departamentos con más población indígena representan el 13 % de la población peruana, estos concentran el 80 % de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis, en diciembre pasado.
