El Poder Ejecutivo observó la ley que restringe el financiamiento a los cineastas al proponer una normativa que establece incentivos económicos y fiscales para promover las actividades cinematográficas y audiovisuales en el Perú.
La iniciativa venía siendo cuestionada por colectivos de cineastas, debido a que buscaba regular el financiamiento de las películas peruanas que relaten las violaciones de derechos humanos en la época del terrorismo. Así como limitar el presupuesto para el cine de autor, regional e indígena.
Al respecto, el Gobierno de Dina Boluarte observó la medida que propone el Congreso de la República, este martes 23 de julio con una serie de recomendaciones.
¿Cuáles son las observaciones del Poder Ejecutivo sobre la ley del cine?
De acuerdo al documento que obtuvo La República, desde el Ejecutivo sostienen que la autógrafa que promueve el Congreso con la gestión de Alejandro Soto debe enmarcar las obras beneficiarias de estímulos económicos en los principios reconocidos en la Constitución
Sobre ello, destaca que, “el objetivo de la ley es que se debe fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas y desarrollar mecanismos para la circulación comercial y no comercial y el equilibrio del flujo nacional e internacional de bienes, servicios y actividades culturales”.
Por esa razón menciona que, “resulta conveniente que los proyectos cinematográficos que reciban financiamiento con fondos públicos se enmarquen en las políticas públicas y los fines sociales que persigue el estado de derecho”.
De igual forma, añade, además, que la autógrafa no reconoce la importancia de la especialización de la materia para garantizar el otorgamiento de estímulos de manera autónoma e imparcial.
En relación con esto, mencionan que “es importante destacar que los estímulos económicos se otorgan a través de un régimen de concurrencia competitiva a las postulaciones declaradas como beneficiarias. Estas postulaciones son evaluadas y calificadas por un jurado externo designado por el Ministerio de Cultura, el cual se encarga de analizar la calidad y factibilidad de las propuestas, siguiendo los criterios establecidos en las Bases de cada concurso”.
También expone que la autógrafa no reconoce que la entrega de estímulos a la industria cinematográfica genera réditos a la economía local, regional y nacional.
En esa crítica, el Gobierno puntualiza que la autógrafa desincentivaría la presentación de postulaciones. Esto, de acuerdo con los datos extraídos de los presupuestos correspondientes a los proyectos ganadores de la DAFO referidos a la categoría de Proyectos de Largometraje de Ficción Nacional en los años 2020 y 2023.
