El premier Alberto Otárola y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, volvieron a respaldar a Nicanor Boluarte, quien fue citado a declarar ante la Fiscalía el próximo 21 de noviembre
El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, volvió a defender este lunes a Nicanor Boluarte, el hermano presidencial que fue citado a declarar el próximo 21 de noviembre en el marco de una investigación en su contra por presunta colusión agravada y tráfico de influencias.
En una rueda de prensa, el premier llamó a que “se averigüe la verdad” sobre el supuesto favorecimiento de una partida presupuestal de 20 millones de soles para obras públicas en el distrito de Nanchoc (Cajamarca), cuyo alcalde —Nixon Hoyos— también está implicado en la pesquisa.
“Debemos esperar la investigación y averiguación de la verdad por parte del Ministerio Público. Pero debo reiterar que el señor Boluarte no ha intervenido en ninguna actividad, proyecto o cosa similar al interior del Gobierno. Con una atingencia adicional, lo digo directamente, este no es el gobierno corrupto de [Pedro] Castillo […] Nos allanamos a esa investigación y el señor Boluarte responderá de acuerdo a sus intereses”, indicó.
En la misma actividad, posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, negó que la designación de su viceministro, Walther Iberos, haya sido impulsada por Nicanor Boluarte, a quien Iberos defendió en otra investigación fiscal.
El ministro rechazó que el nombramiento haya respondido a una recomendación directa y reiteró que Iberos ha demostrado “capacidad e idoneidad” en el cargo. “El reportaje no está relacionado con ningún acto de corrupción ni alguna irregularidad. […] Tengo que rechazar la pregunta en el sentido de que no he recibido nunca ningún tipo de influencia o algún tipo de recomendación para que el señor se mantenga en el cargo como viceministro”, indicó.
De acuerdo con Punto final, mientras era asesor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el ahora viceministro ofició como abogado de Nicanor Boluarte en una indagación abierta en 2020 por supuesta falta de supervisión y fiscalización de botaderos de residuos sólidos en Comas, el distrito limeño donde se había desempeñado, un año atrás, como gerente municipal.
En abril del 2022, y a solicitud de la Fiscalía, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte envió el caso al archivo, según un informe difundido por el dominical el mismo día en que Cuarto Poder reveló que el exprefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay, negoció algunos puestos de sus delegados a cambio de dinero y firmas para la inscripción de Ciudadanos por el Perú, un partido que impulsa el hermano de la jefa de Estado.
Chingay fue quien llevó al alcalde de Nanchoc a la casa del pasaje Daniel Alomia (San Borja) el pasado 18 de octubre. Nicanor, residente de esa propiedad, estaba de cumpleaños. Nueve días después, la comuna cajamarquina recibió el millonario financiamiento.
En el caso están involucrados Victor Hugo Torres, Edwin Ugarte, los hermanos Antonio, Noriel y Jorge Chingay, así como el exfiscal Michael Aranda y Héctor Ugarte, proveedor público desde que la ahora gobernante ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Todos fueron captados mientras llegaban a la vivienda.
La investigación está a cargo del equipo especial contra la corrupción del Ministerio Público, liderado por la fiscal Marita Barreto, quien siguió los pasos del exmandatario Pedro Castillo, acusado de liderar, desde el Ejecutivo, una presunta red criminal que involucró a su círculo familiar.
La semana pasada, desde Palacio, Boluarte declaró fastidiada y consideró que su hermano puede recibir en su vivienda “a quien se le pegue la gana”.
“Es su cumpleaños. Lo raro sería que se pactaran cosas ilícitas, situación que no ha sucedido […] Ese medio de comunicación se atrevió a comparar este Gobierno con el anterior. Es demasiado atrevimiento, desde mi punto de vista, esa comparación”, continuó en referencia a su predecesor, recluido por cargos de rebelión y conspiración.